CCOO exige al Gobierno que aplique ya la subida salarial de 2024

CCOO ha vuelto a insistir al Ministro de Función Pública, José Luís Escrivá, para que se aplique de forma inmediata la subida salarial acordada para 2024 y que debería haber sido efectiva el pasado mes de enero.

Recordamos que, como consecuencia de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024 (por la negativa de los partidos independentistas catalanes y del PP), el incremento salarial previsto para el personal del sector público no se ha llevado a cabo. A pesar de que ya estamos a mitad de año.

El sindicato ha trasladado al ministro de Función Pública nuestro malestar por la parálisis prolongada en el desarrollo de diversos apartados del ‘Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI’, tanto los relativos a incrementos salariales previstos para 2024, como otros de extraordinaria importancia como la jubilación parcial para el personal funcionario, permisos y conciliación, etc.  

CCOO considera agotada la paciencia y exige que el Gobierno cumpla ya los compromisos adquiridos. De no ser así, contemplamos adoptar medidas de presión en defensa de los derechos de las más de tres millones de personas empleadas públicas.

Para CCOO el desarrollo del Acuerdo arrastra un retraso injustificado de varios meses en sus previsiones de despliegue completo, siendo inaceptable que se incumpla el compromiso expreso adquirido en la reunión mantenida con el ministro y la secretaria de Estado el 19 de febrero de 2024, no sólo para culminar todos los aspectos del mencionado Acuerdo, sino para iniciar las negociaciones de uno nuevo; un texto que profundice en la consecución de avances en derechos para las personas al servicio de las administraciones públicas, introduzca medidas que garanticen la recuperación de empleo público −con una correcta planificación de las necesidades para su traslado a las correspondientes OEP, algo imprescindible si se quiere mantener un adecuado dimensionamiento de las plantillas, evitar nuevos yacimientos de temporalidad y adoptar medidas que garanticen el rejuvenecimiento de las mismas, teniendo en cuenta la cercanía a la jubilación de más de la mitad del personal público en los próximos 5-10 años−, mejore y optimice los servicios públicos, y la estructura y funcionamiento de las administraciones públicas, haciéndolas más eficientes, transparentes y cercanas a la ciudadanía.

CCOO considera agotados ya todos los márgenes de paciencia y toca exigir con la máxima firmeza que el Gobierno cumpla ya los compromisos adquiridos. De no ser así, quedará gravemente dañada la confianza negocial entre las partes, y el propio ámbito del diálogo social en las administraciones públicas, lo que obligaría a la organización sindical a contemplar la puesta en marcha de medidas en defensa de los derechos de las más de tres millones de personas empleadas públicas, para hacer que el Gobierno cumpla los acuerdos que firma.

Posible "traslado forzoso" en varias plazas de PTGAS laboral

La gerencia de la Universidad de La Laguna ha planteado su intención de suprimir varias plazas de personal auxiliar de conserjería en servicios centrales administrativos ubicados en el edificio del Rectorado y en el Servicio de Alumnado.

Aunque en rumores de pasillo ya se había oído esa intención, ha sido en las reuniones del Comité de Empresa con la Gerenta de los días 20 y 28 de abril pasado, cuando han adelantado esa propuesta de la ULL. Lo que ha generado una situación generalizada de desconcierto y confusión por lo que implica de antecedente para futuras reformas de la relación de puestos de trabajo (RPT), ya que hasta ahora lo habitual en el PTGAS laboral era afrontar supresiones de puestos que normalmente estaban vacantes.

La supresión (amortización en términos jurídicos) de puestos ocupados implica consecuencias importantes para el trabajador o trabajadora que lo desempeña, especialmente si tenemos en cuenta que afectan a plazas desempeñadas en diferentes turnos, por lo que su traslado forzoso a otra plaza no solo significa cambiar de ubicación sino también, podría implicar cambiar de turno.

Por esa razón, la forma de abordar este asunto debe ser con la máxima cautela y respetando las debidas garantías para las personas afectadas. Ya que la forma de llevarlo a cabo ahora, supone sentar precedentes para casos futuros.  Por esa razón, desde CCOO entendemos que esta situación debe tratarse como lo que realmente es, en la práctica, un traslado forzoso. Primero, garantizando que la supresión de todos los puestos propuestos esta justificada y no se debe a criterios discrecionales y, segundo, respetando todas las garantías y derechos de los trabajadores y trabajadoras perjudicados. 

El movimiento que propone la Gerencia debe implicar la obligatoriedad de negociar la propuesta con el Comité de Empresa y un periodo de consultas para ver las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas

necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados.