Desde CCOO seguimos demandando la paralización de los procesos de embargo de viviendas que provengan del deterioro de situaciones económicas sobrevenidas y la reforma de la legislación hipotecaria
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| Ya hay 614.00 firmas, y siguen... |
Para CCOO, la definición de una moratoria de dos años a colectivos muy reducidos, no aborda actuaciones sobre una normativa hipotecaria rígida y que favorece la acumulación de deuda, alargando el problema más allá de la ejecución.
Es especialmente relevante el mantenimiento del elevado interés por mora que grava enormemente las deudas contraídas y que no pueden ser atendidas. La demora habitual de los procesos judiciales, que no aborda esta norma, juega a favor de la entidad financiera que va acumulando una cantidad adicional a la deuda, inasumible para el propietario de la vivienda.
No puede mantenerse la posibilidad de que una entidad financiera pueda: subastar primero y adjudicarse después una vivienda por debajo del 80% del valor de tasación (límite máximo de valoración marcado por el Banco de España), permitiendo eludir a las entidades financieras su responsabilidad en la inadecuada gestión de la concesión de los préstamos.
Desde diferentes instancias se ha cuestionado la regulación vigente y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que pronunciarse sobre la adecuación a la normativa comunitaria del procedimiento de ejecución hipotecaria español, aunque el informe preliminar concluye que no es compatible con la directiva europea de protección del consumidor frente a cláusulas abusivas.
El actual problema de desahucios debe abordarse desde tres ejes de actuación:
No puede mantenerse la posibilidad de que una entidad financiera pueda: subastar primero y adjudicarse después una vivienda por debajo del 80% del valor de tasación (límite máximo de valoración marcado por el Banco de España), permitiendo eludir a las entidades financieras su responsabilidad en la inadecuada gestión de la concesión de los préstamos.
Desde diferentes instancias se ha cuestionado la regulación vigente y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que pronunciarse sobre la adecuación a la normativa comunitaria del procedimiento de ejecución hipotecaria español, aunque el informe preliminar concluye que no es compatible con la directiva europea de protección del consumidor frente a cláusulas abusivas.
El actual problema de desahucios debe abordarse desde tres ejes de actuación:
- Soluciones para los hipotecados actuales para evitar la exclusión que está asociada a no disponer de vivienda habitual.
- Soluciones para los hipotecados futuros.
- Garantizar el acceso a una vivienda en alquiler a un coste asumible (sean viviendas públicas o privadas).
Se deben articular fórmulas para la ampliación del plazo de vencimiento del crédito contando con un periodo razonable de carencia ligado a la duración de la actual crisis (por ejemplo la bajada de la tasa de desempleo por debajo del 15%). A la vez, permitir el uso de la vivienda en régimen de alquiler con un precio razonable que pueda ser tomado en cuenta a la hora de la liquidación del préstamo hipotecario (alquiler con opción de compra). La suma de medidas debe evitar en primer lugar el desahucio.
En paralelo, el stock de viviendas públicas donde se incluyen las que están en poder de los bancos nacionalizados y del SAREB deben poder ser alquiladas a las personas que han perdido su vivienda bajo un sistema de alquiler social, pero llama la atención, como CCOO ha denunciado, que semanas después de que el Gobierno haya eliminado la Agencia Estatal de Alquiler justificándolo como una medida de racionalización de la estructura de la Administración, no se determine el organismo que gestionará el parque de viviendas disponibles.
Es necesario implantar de inmediato y regular con claridad el procedimiento de dación en pago y el acceso de las personas físicas en situación de insolvencia sobrevenida o riesgo inminente de insolvencia en los términos de la legislación concursal común.
Por otro lado, las declaraciones efectuadas desde la Comisión Europea recordando que bajo las condiciones impuestas en el Memorando de Entendimiento suscrito para el rescate bancario, España tiene que consultar antes con la Comisión y el BCE la adopción de políticas del sector financiero que puedan tener un impacto material en la consecución de los objetivos del programa, muestran el elevado grado de intervención externa en nuestra economía y las consecuencias que se derivan de ello, por mucho que el Gobierno siga empeñado en demostrar lo contrario.
Finalmente, los debates sobre las modificaciones legislativas que deban producirse no deben limitarse a las dos fuerzas políticas mayoritarias, debiendo incorporar una visión integral que permita recoger y proteger adecuadamente los derechos básicos que se ven afectados por esta grave situación.
En paralelo, el stock de viviendas públicas donde se incluyen las que están en poder de los bancos nacionalizados y del SAREB deben poder ser alquiladas a las personas que han perdido su vivienda bajo un sistema de alquiler social, pero llama la atención, como CCOO ha denunciado, que semanas después de que el Gobierno haya eliminado la Agencia Estatal de Alquiler justificándolo como una medida de racionalización de la estructura de la Administración, no se determine el organismo que gestionará el parque de viviendas disponibles.
Es necesario implantar de inmediato y regular con claridad el procedimiento de dación en pago y el acceso de las personas físicas en situación de insolvencia sobrevenida o riesgo inminente de insolvencia en los términos de la legislación concursal común.
Por otro lado, las declaraciones efectuadas desde la Comisión Europea recordando que bajo las condiciones impuestas en el Memorando de Entendimiento suscrito para el rescate bancario, España tiene que consultar antes con la Comisión y el BCE la adopción de políticas del sector financiero que puedan tener un impacto material en la consecución de los objetivos del programa, muestran el elevado grado de intervención externa en nuestra economía y las consecuencias que se derivan de ello, por mucho que el Gobierno siga empeñado en demostrar lo contrario.
Finalmente, los debates sobre las modificaciones legislativas que deban producirse no deben limitarse a las dos fuerzas políticas mayoritarias, debiendo incorporar una visión integral que permita recoger y proteger adecuadamente los derechos básicos que se ven afectados por esta grave situación.
- Iniciativa Legislativa Popular [WEB]
- "Stop desahucios" [WEB]
- Plataforma de Afectados por la Hipoteca [WEB]
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