Real Decreto Ley que desbloquea la jubilación parcial del personal laboral

En el Consejo de Ministros extraordinario de ayer lunes se aprobó el Real Decreto Ley que desbloquea la jubilación parcial del personal laboral del sector público y hoy, martes 30 de junio, se ha publicado en el BOE de forma inmediata para que sea efectivo desde el primero de julio.

• CCOO reclama al Congreso de los diputados que convalide este Real Decreto-Ley para la aprobación definitiva de la norma.
• CCOO exige al Gobierno que cumpla sus compromisos con el resto del personal público y extienda este derecho al personal funcionario.

En el BOE del jueves 30 de junio de 2026 se ha publicado el Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas y de complemento de insularidad en Illes Balears, que, finalmente, permite dar solución a la jubilación parcial del personal laboral en las Administraciones Públicas y cumplir el acuerdo alcanzado por CCOO y UGT con el Ministerio para la transformación Digital y de la Función Pública.

El 1 de abril de 2025 entró en vigor el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, que vino a modificar la regulación de la jubilación parcial para el colectivo laboral. El problema para este personal no vino tanto de las modificaciones introducidas en el Estatuto de los Trabajadores y la normativa de la Seguridad Social, como de los criterios de aplicación de este derecho por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública. La aplicación de estos criterios supuso, en la práctica, la paralización en la mayoría de las administraciones públicas del acceso a la jubilación parcial de las personas que cumplían los requisitos y querían acceder a esta modalidad de jubilación.

Los cambios del nuevo Real Decreto-Ley

El RDL 19/2026 viene a modificar y concretar lo regulado en el RDL 11/2024 y clarificar el procedimiento a seguir para la contratación de la persona relevista. Este nuevo planteamiento se regula en la Disposición adicional única “Régimen aplicable a los contratos de relevo en la jubilación parcial del personal laboral del sector público”, que establece los siguientes criterios:

1. La persona contratada laboral relevista tendrá la consideración de personal laboral fijo.

2. Para la contratación del personal relevista no será exigible el requisito de estar en situación de desempleo o tener concertado un contrato de duración determinada.

3. La contratación de este personal laboral fijo se regirá por las reglas de acceso a la condición de personal laboral en las Administraciones Públicas.

4. Se podrá reconocer la jubilación parcial del personal laboral fijo a tiempo completo siempre que la Administración correspondiente vincule la jubilación parcial de cada persona trabajadora a un contrato de personal laboral fijo a tiempo completo que hubiere sido previamente formalizado como resultado de convocatorias derivadas de la RPT y una Oferta de Empleo Público (OEP). la cobertura de jubilaciones parciales previstas debe reflejarse de forma expresa en la OEP ordinaria.

5. En la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio en que se produzca la jubilación parcial, y, por tanto, la necesidad de nombramiento de personal laboral temporal, deberán incluirse un número de plazas, de la misma categoría, igual o superioral de las autorizadas con carácter temporal, con el fin de evitar situaciones de temporalidad no deseada en el marco de las administraciones públicas. Si no fuera posible incorporar dichas plazas a la oferta de empleo público correspondiente a dicho ejercicio se incluirán en la siguiente.

6. En caso de no ser posible aplicar la contratación del personal laboral fijo relevista como consecuencia de la resolución de la convocatoria pública vinculada a la OEP:

a. En tanto se resuelve la convocatoria para la contratación de personal relevista fijo, se podrá contratar personal laboral temporal de sustitución a tiempo completo, en calidad de relevista, para cubrir temporalmente un puesto de trabajo hasta que finalice el proceso de selección para su cobertura definitiva.

b. Dicha contratación habrá de llevarse a cabo de forma simultánea a la jubilación parcial a la que se vincule.

7. Este contrato temporal finalizará en la fecha del contrato del personal laboral relevista fijo vinculado a dicha jubilación parcial, una vez resuelta la convocatoria donde se haya incluido la plaza de la persona que solicita la jubilación parcial con contrato de relevo (relevado).

En todo caso, y como máximo, el contrato temporal se extinguirá cuando finalice el segundo año posterior a la extinción de la jubilación parcial del trabajador al que se hubiera vinculado la contratación temporal.

8. Si antes de que finalice el segundo año desde que el jubilado parcial haya accedido a la jubilación plena se produce la extinción del contrato del personal relevista fijo, o del propio personal temporal relevista, se podrá contratar a personal laboral de manera temporal para sustituir a dicho personal.

Este contrato temporal finalizará en la fecha de incorporación del nuevo personal laboral fijo vinculado a la jubilación parcial o, en todo caso, cuando finalice el segundo año posterior a la extinción de la jubilación parcial del trabajador al que se hubiera vinculado la contratación temporal.

9. El puesto de trabajo del relevista podrá ser el mismo o diferente al del trabajador sustituido, sin perjuicio de la correspondencia entre las bases de cotización de ambos que sea exigible en la legislación en materia de Seguridad Social (una correspondencia del 65%).

10. Hasta el 1 de abril de 2027, el reconocimiento de la jubilación parcial del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se podrá vincular a un contrato de personal laboral fijo a tiempo completo que hubiere sido formalizado a partir del 1 de abril de 2024 como resultado de convocatorias derivadas de ofertas de empleo público ordinarias.

Esta nueva regulación viene a garantizar lo que hemos venido defendiendo en CCOO desde la entrada en vigor del RDL 11/2024 que vino a modificar el sistema que se venía aplicando a la jubilación parcial: que se garantice que la persona que quiera acceder a la jubilación parcial con contrato de relevo pueda hacerlo desde el momento en que cumpla los requisitos de edad, cotización y permanencia en la empresa establecidos en la normativa de la Seguridad Social, sin mayor impedimento que su voluntad.

La jubilación parcial con contrato de relevo permite a los trabajadores a tiempo completo que no hayan alcanzado la edad ordinaria de jubilación acceder a ésta de forma parcial y anticipada siempre que, con carácter simultáneo, se celebre un contrato de relevo y cuando cumplan los siguientes requisitos: retirarse hasta tres años antes de la edad de jubilación; acreditar un periodo de cotización de 33 años; tener una antigüedad en la empresa de seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial; que la reducción de su jornada de trabajo sea entre el 25% y el 75% y, si se anticipa en más de dos años, la reducción de jornada del primer año será entre el 20-33%. Por tanto, el empleado personal laboral podrá reducir la jornada laboral recibiendo la parte proporcional del salario por el tiempo de trabajo que sigue desempeñando y por el resto recibirá proporcionalmente la pensión.

¿La norma es de plena aplicación?

El contenido del RDL es de aplicación desde su entrada en vigor, aunque con carácter provisional. Para que tenga carácter definitivo, el RDL debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados. La convalidación de un RDL es el proceso por el cual el Congreso de los Diputados ratifica o rechaza esta norma provisional.

El Congreso dispone de un límite estricto de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para pronunciarse. Durante el debate, el Congreso puede decidir (a petición de algún grupo) que el texto se tramite como proyecto de ley. Esto permite a los partidos proponer enmiendas y modificar su contenido original. 

El decreto se convalida si obtiene mayoría simple (más votos a favor que en contra). Si no alcanza la mayoría simple, el Real Decreto-ley queda derogado y pierde todos sus efectos jurídicos a partir de ese momento.

En este contexto, CCOO reclama al conjunto de diputadas y diputados un ejercicio de responsabilidad que permita garantizar de manera permanente un derecho básico para el personal laboral de las administraciones públicas. Las y los empleados públicos merecemos el respeto de los diferentes grupos parlamentarios, que no pueden utilizar esta cuestión como un instrumento más de confrontación política, y tomaremos buena nota de cuál es el sentido del voto de cada uno de ellos.

Lo siguiente: la jubilación parcial del personal funcionario.

CCOO ha defendido que este Real Decreto-Ley debía incluir igualmente el reconocimiento y regulación de este derecho para el conjunto de las y los empleados públicos: laborales, funcionarios y estatuarios. En este caso la representación de la administración insiste en que el marco adecuado para su regulación es el Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, que se encuentra en tramitación parlamentaria desde el 17 de julio de 2024. Una vez aprobado por el Congreso, si fuera el caso, pasaría al Senado. Al no tener la consideración de trámite de urgencia, el Senado tiene un plazo de dos meses para su tramitación. En cualquier caso, dada la actual distribución de la representación parlamentaria, nada garantiza la aprobación de esta norma si en algún momento se somete a votación, por lo que seguimos reclamando una regulación independiente y específica de este derecho.

Por lo tanto, la solución debe pasar por la modificación del EBEP mediante la fórmula del RDL y la apertura inmediata de un proceso de negociación para la concreción de este derecho. No hay justificación posible para seguir retrasando la aplicación de un derecho ya pactado y necesario para garantizar condiciones dignas de salida del empleo público y una adecuada renovación de plantillas. 

La aprobación del real decreto-ley para el personal laboral demuestra que sí es posible actuar cuando

existe voluntad política. Por ello, CCOO exige que esa misma voluntad se aplique de manera inmediata al conjunto del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Comisión Paritaria PTGAS laboral: Algo favorable entre tanta negatividad

Por si algo ha destacado la última reunión de la Comisión Paritaria, vinculada al II Convenio colectivo del PTGAS laboral, es por la negativa generalizada de las Gerencias universitarias a incorporar asuntos en el orden del día.

Sin embargo, entre tanta negatividad tenemos que destacar la aprobación del documento de "Agrupación y creación de nuevas especialidades en el Grupo Profesional Oficial", que facilitará la reclasificación del Grupo 5 en el Grupo 4 de acuerdo con lo acordado en la sesión anterior de la propia Comisión Paritaria y de las negociaciones alcanzadas entre la Gerencia y el Comité de Empresa del PTGAS laboral de la Universidad de La Laguna.  Lamentablemente, en la ULPGC ni la Gerencia ha mostrado interés en aplicar esta reclasificación ni el resto de los sindicatos, aparte de CCOO, han propuesto ponerla en marcha.

De los otros tres temas incluidos en el Orden del Día, dos fueron de trámite (la aprobación de Actas de la sesión anterior celebrada el 30 de septiembre de 2025) y la actualización de la adecuación de la representación sindical al resultado de las últimas elecciones sindicales celebradas en la ULPGC: COBAS se reincorpora a la Comisión Paritaria y STEC-Intersindical Canaria pierde la mayoría absoluta que había tenido durante los últimos treinta años.

El otro punto incluido en el Orden del Día, para aprobar, era relativo a una modificación en la especialidad de Protección Radiológica y Prevención de Riesgos Laborales del Grupo Profesional de Titulado Superior. Además, se trataron diversas cuestiones, excluidas  inicialmente y añadidas después de un tenso debate sobre el derecho a debatir propuestas presentadas por los sindicatos, sobre el plus de Residencia; la posibilidad de implementar el acceso por medio de "solo concurso"; y la modificación en el funcionamiento de las listas del 29.2.  Hubieron otras cuestiones propuestas por los sindicatos desde antes de la reunión, que no se trataron como consecuencia de la  negativa de las gerencias a su inclusión. 

Sobre esta última cuestión, la negativa generalizada de las Gerencias a incluir temas propuestos por los sindicatos en el orden del día, es evidente que han actuado de forma restrictiva, ya que la representación social tiene derecho a presentar propuestas para ser debatidas aunque luego no puedan/quieran aprobarse.  De la misma forma que, las gerencias, siguen incumpliendo los plazos para la celebración de reuniones, ya que el Reglamento prevé cuatro al año y en los dos últimos solo han convocado una anual (el 30 de septiembre en 2025 y el 16 de julio en 2026). 

En el apartado PTGAS laboral del menú lateral derecho hemos añadido la documentación de esta última reunión de la Comisión Paritaria, para que se pueda consultar el contenido de las propuestas y acuerdos.

Estatuto de PDI: ¡19 años sin cumplir las Leyes de Universidad!

La administración ignora el mandato legal que ella misma ha establecido. ¡CCOO exige al Ministerio que cumpla la ley!.

El derecho del personal docente e/o investigador a tener un Estatuto propio se regula en 2007, con la modificación de la LOU, en su Disposición adicional sexta. Desde su entrada en vigor el 13 de abril de 2007 y hasta su derogación, 16 años más tarde, se produjeron diferentes intentos de negociación formales que no culminaron en la aprobación de un Real Decreto, a pesar de que la LOMLOU establecía el plazo de un año para su aprobación.

El 12 de abril de 2023 entró en vigor la LOSU que, en su Disposición final décima, establecía que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley orgánica el Gobierno presentaría al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley del estatuto del personal docente e investigador universitario.

Desde la entrada en vigor de la LOSU se han celebrado 4 reuniones en 3 años entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) con personas delegadas de los sindicatos más representativos en el ámbito de la universidad.

Salimos prácticamente a una reunión por año y no hemos pasado del Capítulo II (Derechos y deberes). CCOO viene solicitando de manera reiterada la convocatoria de la mesa de negociación. Es más, las dos últimas reuniones de negociación han venido precedidos de reclamaciones por escrito de CCOO para que se convocara a las partes. Ahora, CCOO ha presentado un nuevo escrito reclamando su convocatoria.

La negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador (EPDI) se inició hace más de quince años y, a día de hoy, sigue paralizada, con incumplimientos reiterados por parte de los responsables políticos de los distintos plazos legales. La última reunión de la mesa de negociación se produjo el 25 de septiembre de 2025 por lo que, tres años después de la entrada en vigor de la LOSU y más de ocho meses de paralización del proceso de negociación, consideramos que el MICIU no tiene un interés real en abordar de forma seria y decidida esta cuestión.

Contar con un estatuto específico para el profesorado universitario es fundamental para blindar la calidad académica, garantizar la libertad de cátedra y definir una carrera profesional estable y transparente. Es momento, también, de afrontar mejoras en las condiciones retributivas del PDI. El Estatuto del PDI es una herramienta esencial para luchar contra la precariedad, garantizar unos derechos laborales del siglo XXI y unificar criterios frente a la dispersión de normativas autonómicas y universitarias.

El MICIU ha justificado la lentitud y los sucesivos aplazamientos de las reuniones bilaterales escudándose en la falta de disponibilidad de financiación como consecuencia de la prórroga presupuestaria del Estado y en que han priorizado otros planes sectoriales (como el Plan María Goyri para la incorporación de talento docente). Es decir, siendo todas las reformas necesarias, parece que dicha prórroga no afecta por igual a todos los proyectos normativos o nuevos programas, algunos de los cuales sí tienen disponibilidad presupuestaria a pesar de las supuestas limitaciones legales.

Para CCOO resulta imprescindible abordar de manera decidida y urgente la necesidad de un texto legal que contemple el conjunto de derechos del colectivo. Reclamamos la reactivación inmediata del proceso de negociación ya que no podemos renunciar a definir materias como:

• El acceso y promoción del PDI. Es necesario un sistema de promoción transparente basado en criterios objetivos: docencia, investigación, gestión, extensión, participación y representación. También es necesario desarrollar políticas de igualdad.
• La definición clara de la carrera docente e investigadora. Reconocimiento a todas las figuras del derecho a la evaluación de su actividad (docente, investigadora, de gestión) y al complemento salarial correspondiente.
• El reconocimiento de la carrera profesional. Desarrollo de la carrera horizontal con una definición clara de los criterios y sus efectos. Articulación de la carrera vertical y de la promoción interna.
• La definición clara de la estructura retributiva y dignificación de ésta. Subida de los niveles del complemento de destino del TU y el CU.
• La dignificación de las condiciones de trabajo y de las funciones de gestión y representación.
• La equiparación a todos los efectos entre el TU y el Profesorado Permanente Laboral. Igualdad de derechos, a todos los niveles, entre el profesorado funcionario y laboral en el marco de las realidades de cada colectivo.
• La regulación clara de los derechos sociales, de salud, formación y sindicales y de representación del colectivo.
• La mejora de las condiciones de trabajo y definición de los derechos digitales y de desconexión.
• El derecho real a la conciliación laboral y flexibilidad de la jornada.
• Medidas contra el acoso laboral, sexual, por razón de género o discriminación dentro de la institución. Plena aplicación de las políticas y normas de igualdad y no discriminación.
• La definición clara y actualización del régimen de incompatibilidades.

Estas cuestiones parece que no interesan al MICIU, que ignora de manera reiterada todas aquellas cuestiones que afectan a las condiciones de trabajo del PDI. Sólo así se puede entender que las dos grandes propuestas que afectan de manera directa a este colectivo, como son el Estatuto del PDI y un nuevo decreto de retribuciones que acabe con el obsoleto e ilegal en muchos puntos RD 1086/1989, sean aquellos que los responsables ministeriales están dejando en el olvido de manera intencionada.

En este contexto, CCOO entiende, y así se lo ha manifestado al MICIU, que hemos llegado a un punto de no retorno. No podemos mantener por más tiempo este goteo intermitente de supuestas “reuniones negociadoras” anuales en las que, en realidad, se habla de diversas cuestiones, pero no se afronta una negociación real y efectiva de las condiciones de trabajo del PDI de las universidades públicas. Si el ministerio hace dejación de sus obligaciones, nosotros no vamos a ser cómplices con nuestro silencio.

Financiación universidades públicas: una historia de incumplimientos

CCOO exige al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que cumpla la LOSU y garantice, al menos, el 1% del PIB para la financiación de las universidades públicas.

Sin financiación suficiente, no hay universidad pública. Se suponía que el artículo 55 de la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU) abordaba esta necesidad cuando establece que:

1. Las Administraciones Públicas dotarán a las universidades de los recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia financiera que les permita dar cumplimiento a lo establecido en esta ley orgánica y asegurar la consecución de los objetivos en ella previstos

2. Y con el horizonte temporal del año 2030, establece que:

a. Estas administraciones deberán destinar, como mínimo, el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado.
b. Y todo ello con el objetivo de la equiparación progresiva a la inversión media de los Estados miembros de la Unión Europea (UE), que en el año 2024 se situó en el 1,2%.

Esta obligación legal no es solo un compromiso administrativo, sino una inversión esencial para el desarrollo socioeconómico a nivel nacional y autonómico, imprescindible para superar la infrafinanciación estructural del sistema público universitario.

Sin embargo, TODAS las administraciones llevan años sin cumplir con esta obligación. El mismo ministerio (MICIU) que anunció a bombo y plantillo la creación el 20 de noviembre de 2024, año y medio después de que entrara en vigor la LOSU, de una comisión de trabajo para “establecer el incremento del gasto público para alcanzar el objetivo del 1% del PIB destinado a la financiación de las universidades públicas”:

• è Sólo ha convocado dos reuniones de esta comisión, la última el pasado 25 de octubre de 2025. Ambas reuniones se han limitado a la presentación de informes y estudios.
• è No ha avanzado ni un milímetro en concretar el procedimiento, los criterios o cuestiones tan esenciales como si el 1% del PIB se referencia en el PIB nacional o el autonómico.
• è No ha realizado ninguna propuesta, no ya de acuerdo, sino tan siquiera de trabajo.
• è No se ha fijado ningún calendario de reuniones.

Y todo ello con la excusa de la supuesta falta de voluntad de alcanzar un acuerdo por parte de las CC.AA. El mismo ministerio que se escandaliza cuando facilita datos como que entre 2009 y 2024 las CC.AA. destinan a sus universidades públicas sólo el 0,49% del PIB y que las transferencias corrientes a las universidades públicas en 2024 fueron un 0,55% de media, no mueve un dedo por poner remedio a esta situación cuando la LOSU, norma aprobada por un gobierno del mismo color político que el actual, le obliga a garantizar la suficiencia financiera de las universidades públicas. Suficiencia que pasa necesariamente por alcanzar, al menos, el 1% del PIB. 

En este contexto, la responsabilidad no es sólo de las CC.AA.: el Ministerio, por omisión, es igualmente responsable de abandonar a su suerte a las universidades públicas.

CCOO viene reclamando de manera reiterada la convocatoria inmediata de esta comisión para fijar un calendario estable y regular de reuniones y para concretar cuestiones esenciales para esta materia como:

1.      Si el mínimo del 1% del PIB se refiere al PIB estatal o al de cada CC.AA. CCOO defiende que la referencia sea al PIB autonómico, garantizándose un mecanismo de financiación mínima que puede tomar como referencia el importe del 1% del PIB nacional. Dentro de este compromiso de financiación, se debe garantizar que el gasto por alumno/a se sitúe en la media de la UE, lo que supondría un incremento medio del 26%.

2.      El procedimiento y plazos para alcanzar no solo el 1% del PIB, sino la financiación media de la UE.

3.      El contenido y alcance del principio de suficiencia y la previsibilidad financiera.

4.      Las necesidades y fuentes de financiación de las universidades públicas para dar cumplimiento al mandato legal de prestar un servicio público de calidad y accesible para el conjunto de la sociedad.

5.      Aclarar qué se entiende y qué engloba la financiación estructural basal, la financiación estructural por necesidades singulares y la financiación estructural por objetivos. CCOO defiende un modelo que, dentro del respeto a las competencias autonómicas, garantice una financiación basal finalista que asegure la estabilidad presente y futura de las universidades públicas españolas y su crecimiento.

6.      Que la financiación pública, en todas sus modalidades, se destine a la universidad pública, prohibiendo “derivaciones” hacia las universidades privadas o hacia fórmulas de “conciertos”.

 

Resulta imprescindible un plan de financiación conjunto entre el Ministerio y las CC.AA. que garantice la aplicación de este compromiso, aunque no parece estar entre sus prioridades. No queremos pensar que los actuales responsables del Ministerio dan por terminada la legislatura y que el Ministerio y las CC.AA. estén dejando pasar el tiempo para que el mandato contenido en la LOSU sea papel mojado.

 

La pregunta que debemos hacernos es si queremos una universidad pública fuerte o un sistema donde lo privado gane peso mientras lo público se debilita. Si no se garantiza una financiación suficiente, se obligará a las universidades públicas a buscar cada vez más financiación externa, que podrá condicionar u orientar la actividad pública universitaria hacia criterios de rentabilidad económica, haciendo de la educación superior un espacio cada vez más condicionado por intereses privados. Y esto es el resultado de una estrategia política sostenida en el tiempo para convertir la universidad pública en objeto de negocio.

 

CCOO hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los actores con capacidad de decisión para afrontar de una vez por todas las serias carencias en la financiación de las universidades públicas que ponen en peligro su papel de servicio público y de nivelador social. Apelamos a que los distintos intereses políticos no afecten a la resolución del problema de la infrafinanciación de la universidad pública. No nos podemos permitir seguir esperando a soluciones que nunca llegan mientras asistimos al deterioro permanente del modelo público universitario.

 

¡Incomprensible! reunión del Comité de Empresa del PTGAS laboral

La reunión de ayer, del Comité de empresa de PTGAS laboral se desarrolló en un ambiente despótico, sin transparencia y con preocupantes rasgos antidemocráticos.

Actualizaciones de la información: Comunicado de Intersindical Canaria; Escrito de Javier Peña respondiendo a CCOO; Respuesta de CCOO a Javier Peña; Boletín informativo de CGT; Comunicación del Comité a la Gerencia con el nuevo Baremo y las plazas de promoción interna. 

Ayer lunes a primera hora CCOO informó que el presidente del Comité de Empresa había convocado una sesión extraordinaria con muchas prisas, para debatir las plazas de promoción interna que se convocarían este año así como el nuevo baremo de méritos.

No lo dijimos ayer, pero resulta evidente la extrema importancia de estas convocatorias de promoción interna, por la expectativa de mejora que suponen para una parte de nuestros compañeros y compañeras. 

Por eso lo primero que llama la atención es el poco tiempo que el presidente del Comité de Empresa ha concedido para preparar la reunión, ya que fue convocada el viernes con muchas prisas. Obligando a los/as representantes a organizar reuniones y consultas durante los dos días festivos (sábado y domingo), sin posibilidad de reunirse con la plantilla o la respectiva afiliación de cada sindicato. 

Si añadimos el detalle que el presidente del Comité de Empresa se ha negado a difundir o informar a los trabajadores y trabajadoras del PTGAS, nos encontramos con una inusual situación de falta de transparencia. De repente, cuando el Comité ha estado enviando correos y boletines informativos sobre todo tipo de cuestiones en los últimos meses.  ¿ahora ya no es necesario enviar ningún mensaje con información? 

Pero la situación se ha vuelto aún más incomprensible cuando el presidente del Comité de Empresa, de manera despótica, ha impedido que se debata y someta a votación la propuesta que CCOO había presentado el pasado viernes, pidiendo un calendario para difundir e informar a la plantilla abriendo un proceso de consulta que debería culminar con una asamblea en la que se votaría el nuevo baremo. 

Su negativa a convocar una asamblea, incluso impidiendo que el propio Comité de Empresa pueda votar esa posibilidad; su ocultismo "ignorando" que existía otra propuesta alternativa de Baremo presentada por Intersindical Canaria; el rechazo a que la plantilla pueda conocer los documentos y hacer aportaciones o sugerencias sobre el baremo, muestran una actitud antidemocrática que contrasta con los compromisos que ofreció cuando fue elegido en las elecciones sindicales.

Desde CCOO pedimos una vuelta a la senda del consenso, del entendimiento, la transparencia y la participación. La fórmula de un grupo reducido de iluminados que creen tener el derecho a decidir por todos y todas, pero sin informarles ni preguntarles, pertenece a épocas pasadas. Cualquier fórmula que imite el eslogan de "todo por el pueblo pero sin el pueblo" es, simplemente, despotismo.

Te ofrecemos toda la información que tenemos, con el compromiso de seguir difundiendo e informando con transparencia y abiertos a la participación (incluso permitiendo comentarios al pie de la noticia en modo anónimo):

• Enlaces para acceder a la documentación:
• Propuesta de CCOO al Comité de Empresa.
• Listado de plazas que se propone convocar por promoción interna en 2026.
• Propuesta inicial de baremo presentada.
• Propuesta alternativa de mejora. 
• Comunicado de Intersindical Canaria. [añadido al blog 27/05/2026]
• Escrito de Javier Peña respondiendo a CCOO. [añadido al blog 27/05/2026]
• Respuesta, con preguntas, de CCOO a Javier Peña. [añadido al blog 27/05/2026]
Boletín informativo de CGT. [añadido al blog 27/05/2026]
• Comunicación del Comité a la Gerencia con el nuevo Baremo y las plazas de promoción interna.[añadido al blog 27/05/2026]