miércoles, 16 de septiembre de 2026

Denuncia del impago de la subida de 2026 ante la Inspección de Trabajo

CCOO presenta denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por el impago del incremento salarial correspondiente a 2026.

Nueve meses han pasado desde que el Gobierno aprobó el incremento salarial para 2026, que se aplicó a todos los empleados y empleadas del sector público en enero o febrero. Nueve meses en los que el personal de la Universidad de La Laguna, tanto PDI como PTGAS, ha visto con qué facilidad se incumplen las leyes y se ningunean nuestros derechos retributivos. ¡Somos el único organismo público que aún no ha cobrado la subida salarial acordada por el Gobierno!

Precisamente esta semana, se ha informado por parte del Gobierno, que se prepara la subida salarial del 2027 y el pago del resto de incremento de 2026 ya que se ha superado el límite de inflación previsto. Por lo que a final de año deberíamos tener otro pago (adicional del 0,5%) con efectos retroactivos desde enero y, nada más empezar 2027, la subida del próximo año que es la más importante con un 4,5%. 

Por eso, ante la perspectiva de que la ULL pretenda continuar con sus incumplimientos, a tres meses vista de esos nuevos incrementos, desde CCOO hemos decidido interponer la denuncia correspondiente ante la Inspección de Trabajo. Al mismo tiempo estamos preparando las correspondientes demandas judiciales para reclamar el pago y las compensaciones correspondientes por el retraso, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores ("29.3.- El interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado" ).

CCOO ha incluido en la denuncia a la Universidad de La Laguna, por no abonar el incremento salarial. Denuncia en la que también hemos añadido al Gobierno de Canarias. 

Será la Inspección de Trabajo quien determine si este último también debe ser sancionado o no, en función de que la ULL aporte pruebas y documentos que acrediten que ha existido obstrucción en la tramitación y gestión del pago salarial. Ya que, hasta ahora, desde la Gerencia y el Rectorado solamente hemos recibido excusas verbales, pero ninguna prueba documental que acredite en qué situación se encuentra el pago de este incremento retributivo.  En este sentido, debemos recordar que cualquier empresa, aunque esté en dificultades económicas, tiene la obligación legal de abonar los salarios, especialmente porque el pago de las retribuciones son créditos preferentes frente a otras obligaciones económicas, Algo que no se está aplicando en el caso de la Universidad de La Laguna, que parece aplicar el criterio al revés y financia otros gastos con remanentes del Capítulo 1 destinado a retribuciones.




martes, 8 de septiembre de 2026

El blog supera ¡EL MILLÓN! de visitas desde su creación

Al finalizar este verano el blog ha superado ampliamente el Millón de visitas desde que fue creado en 2010, registrando un notable incremento en el interés del personal de la ULL durante este último año.

Hasta ahora, el periodo de mayor seguimiento del blog se alcanzó durante los recortes del Gobierno del PP encabezado por Rajoy. Sus medidas brutales, tanto salariales como de derechos sociales, registraron una lucha de gran intensidad por parte de los trabajadores y trabajadoras de la universidad.  Intensidad que se plasmó en una fuertísima acción sindical que era seguida a través del blog. 

De forma sorprendente, en este último año se han superado ampliamente las visitas diarias, semanales y mensuales de aquel periodo anterior. Especialmente porque la información publicada en el blog es, casi, la única fuente de información fiable sobre derechos laborales, profesionales y académicos que llega en estos momentos al personal de la universidad, con regularidad y de manera contrastada.  Lo que esta siendo valorado de manera muy positiva en un mundo y una sociedad donde parece haberse implantado la mentira, la manipulación y el insulto.





martes, 1 de septiembre de 2026

La financiación de las universidades canarias no puede seguir siendo una incertidumbre

Los cargos políticos que figuran en el organigrama de la Consejería de Universidades, 
Ciencia e Innovación y Cultura -Migdalia M. Machín, D. Ciro Gutiérrez, D. Jafeth 
Alonso, Dña. Jassary Alvarez; D. Horacio Umpiérrez, D. Miguel Ángel Clavijo, D. 
Cristóbal de la Rosa, y D. Javier Franco- perciben anualmente, con los incrementos 
correspondientes del IPC, 688.081 euros, sin contabilizar antigüedad, indemnizaciones 
por razón del servicio, viajes, dietas, y otros gastos.


Mientras tanto, los trabajadores de las dos universidades seguimos sin percibir el  incremento retributivo del 2026. La situación resulta especialmente preocupante porque 
las universidades ni siquiera han recibido, según la información disponible, la transferencia de los fondos correspondientes al incremento de 2025 y tampoco la de 2026. Además, sin autorización expresa, las universidades no pueden efectuar pagos a cuenta.

La pregunta es inevitable: ¿por qué los incrementos retributivos de los responsables políticos se aplican con normalidad mientras los trabajadores de las universidades públicas canarias seguimos esperando para percibir los nuestros?

A esta incertidumbre retributiva se suma una cuestión todavía más preocupante: el modelo de financiación universitaria. A finales de julio conocíamos a través de los medios de comunicación un resumen de la propuesta de incremento de financiación para las dos universidades públicas canarias. Si el incremento previsto alcanzará el 15,76% en 2030 y la inflación sólo este año supera el 3,4%, resulta difícil entender cómo este modelo puede garantizar el mantenimiento, olvidemos la mejora, de los servicios universitarios públicos. En términos reales, aunque recibamos financiación adicional del rico y generoso tejido productivo y empresarial isleño, la propuesta no resolverá las necesidades estructurales del sistema universitario

No necesitamos únicamente más financiación nominal: necesitamos una financiación suficiente, estable, plurianual y vinculada a las necesidades reales de las universidades públicas canarias.

La situación exige una respuesta coordinada entre la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los trabajadores de ambas instituciones debemos impulsar acciones conjuntas que permitan visibilizar la infrafinanciación, reclamar la transferencia efectiva de los recursos comprometidos y exigir al Gobierno de Canarias un modelo de financiación plurianual que garantice la suficiencia financiera de ambas universidades.

No es aceptable, además, que los trabajadores y sus órganos de representación conozc mos por los medios de comunicación aspectos fundamentales de una propuesta de financiación que condicionará el futuro de nuestras universidades. La información y la negociación con los representantes de los trabajadores no pueden quedar relegadas a un segundo plano.

La divulgación pública de las propuestas antes de su presentación y discusión en los órganos de representación y negociación incrementa la incertidumbre y genera una sensación de desprotección entre el personal de las Universidades

Por ello, es necesario pasar de la preocupación individual a una acción colectiva y coordinada entre la ULL y la ULPGC. La financiación suficiente de las universidades públicas no es una reivindicación sectorial: es una condición imprescindible para garantizar unas plantillas estables, unas condiciones laborales dignas y una investigación capaz de seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de
Canarias.

viernes, 31 de julio de 2026

Radón: ¡10 días después de nuestra denuncia la Gerencia informa algo!

Nuestra primera publicación en el blog sobre la confusión y falta de información sobre los problemas con el Radón en la ULL fue el 17 de julio.  ¡Diez días después! la Gerencia firma resoluciones y convoca reuniones informativas inmediatas para informar... algo.

Y todo a pesar de que ya hace seis meses que se empezó a trabajar con las mediciones del Radón y a tomar decisiones... sin consultar ni informar al personal ni a la representación sindical.  

Y la información proporcionada, vuelve a ser limitada, sesgada y contradictoria. Limitada porque no sabemos si se han documentado consultas o procesos informativos previos al personal ni a la representación sindical, sesgada porque la Gerencia "resalta" lo bien que lo están haciendo omitiendo lo que hacen rematadamente mal o no hacen, y contradictoria porque en el informe que hicieron llegar a Delegados de Prevención del Comité de Empresa de PTGAS laboral en junio "solo" había 14 dependencias afectadas (aulas, despachos, etc) y ahora son ¡42!, con otras muchas cerca de los límites permitidos.

Da la impresión de que se esta actuando "a saltos" y sin objetivos claros. Intentando minimizar el problema y sin abordar los problemas reales. Y, sobre todo, incumpliendo las previsiones legales de obligado cumplimiento que garanticen plenamente la salud del personal de la ULL y de su alumnado.



jueves, 30 de julio de 2026

Los intereses "políticos" del PP bloquean el Programa Maria Goyri

El bloqueo de la Conferencia General de Política Universitaria retrasa la financiación del Programa María Goyri para las universidades públicas. 

CCOO exige el desbloqueo inmediato de la financiación del Programa María Goyri.

Este miércoles, 29 de julio, estaba prevista la reunión del Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria, donde iba a tratarse un tema de gran importancia: la financiación del Programa María Goyri para la incorporación de Profesorado Ayudante Doctor (PAD) a las universidades públicas. Sin embargo, esta reunión no se ha podido celebrar al no alcanzarse el quórum necesario para su válida constitución.

Esta falta de quórum no se ha debido a un problema técnico, sino a una decisión política: todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han decidido no acudir a la reunión, aduciendo estar centradas en la crisis de los incendios o solidaridad con las que lo están.

Según la información facilitada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el acuerdo que debía ratificarse ya había sido aprobado por unanimidad en la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria y el Pleno tenía por objeto iniciar el procedimiento administrativo imprescindible para transferir los fondos a las comunidades autónomas, que posteriormente deben hacerlos llegar a las universidades públicas.

Para CCOO, este desplante no tiene justificación, ya que la reunión era breve (básicamente para ratificar el acuerdo), no afectaba a los consejeros y consejeras implicados en la respuesta a la crisis, era telemática e, incluso, los consejeros pueden delegar en otro alto cargo de su departamento para acudir a las reuniones. Por tanto, más que una dificultad real, parece un nuevo ataque al gobierno y a la universidad pública por parte de estas comunidades autónomas que parecen incapaces de asumir sus competencias y gestionar el servicio público universitario de manera adecuada.

El Programa María Goyri constituye una de las pocas medidas de apoyo al sistema universitario público de los últimos años y tiene como objetivo financiar contratos de profesorado ayudante doctor, contribuyendo al relevo generacional, al fortalecimiento de las plantillas universitarias y al cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Desde CCOO manifestamos nuestra preocupación porque cualquier demora en el inicio del procedimiento administrativo reduce el margen disponible para que los recursos lleguen a las universidades en los plazos previstos, pudiendo afectar a la contratación del profesorado y a la planificación del próximo curso académico.

Al mismo tiempo, consideramos que una actuación de esta trascendencia exigía el máximo compromiso institucional por parte de todas las administraciones implicadas, sean del partido que sean. Tratándose de una financiación esencial para las universidades públicas y para miles de personas trabajadoras, la celebración del Pleno y la aprobación del reparto de los fondos deberían haberse garantizado con tiempo y con independencia de la fecha fijada para su convocatoria.

Las universidades públicas necesitan estabilidad, planificación y una financiación suficiente para desarrollar sus políticas de personal. Las discrepancias institucionales por razones políticas no pueden traducirse en retrasos que perjudiquen a las universidades, al profesorado ni al estudiantado.

Por ello, CCOO exige que la Conferencia General de Política Universitaria sea convocada nuevamente con la mayor urgencia posible para aprobar la distribución de estos fondos y garantizar que las universidades públicas reciban cuanto antes los recursos necesarios para reforzar sus plantillas, además del resto de medidas que afectan a la financiación pública de las universidades y a las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras para continuar avanzando en el desarrollo de lo que marca la LOSU.