Situación que ve incrementar la preocupación del profesorado afectado a la vista de que, por si fuera poco, algunas universidades están poniendo dificultades al reconocimiento de estos méritos investigadores.
El análisis de los datos publicados por la ANECA evidencia que la aplicación de los mismos ha sido subjetiva y arbitraria en función del área y comité de evaluación. Así, en primer lugar destaca que en el área de Ciencias el porcentaje de evaluaciones positivas alcanza casi el 53% en la comisión 4 de Bioquímica y Ciencias de la Vida y no llega al 31,5% en la comisión 1 de Químicas. Estos resultados se reproducen en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas donde se advierte hasta un 45,7% de evaluaciones favorables en la comisión 14 de Ciencias Jurídicas mientras que sólo hay un exiguo 24,9% en la comisión 12 de Ciencias Sociales y del Comportamiento. Los resultados ponen de manifiesto que parece que solo se hace transferencia en algunos campos del saber de un mismo área de conocimiento por lo que es imperativo que se realicen cambios amplios en los criterios de evaluación y su aplicación.
Abundando en la discrecionalidad de las comisiones se observa, además, un marcado sesgo de género que alcanza su máxima expresión en el área de Artes y Humanidades con un diferencial negativo para las mujeres del 23,43% tras el análisis del 94,51% de las solicitudes presentadas, seguido por el área de Ciencias de la Salud con un 15,76% de un global del 44,36% de las solicitudes presentadas, a continuación se sitúa el área de Ciencias Sociales y Jurídicas con el 13,39% del cómputo del 80,86% de solicitudes realizadas y la cifra menor de desigualdad se encuentra en el área de Ciencias con un diferencial del 7,72% del 89,62% de las solicitudes evaluadas. Además, cuando analizamos el número de solicitudes comprobamos que esta desigualdad aún es mayor puesto que en el mejor de los casos las solicitudes femeninas se sitúan en torno al 44,5% en los ámbitos de Ciencias de la Salud, Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas y descienden hasta el 32,22% en el área de Ciencias y al 24,46% en Ingenierías y Arquitectura.
CCOO considera estos datos muy negativos, teniendo en cuenta que no reflejan la realidad de ningún modo ni tienen correspondencia con las solicitudes de evaluación y el éxito alcanzado por las mujeres en la misma convocatoria 2018 de sexenios de investigación.
CCOO exige a la ANECA y el Ministerio de Universidades que hagan una reflexión profunda sobre el concepto de “sexenio de transferencia”, lo delimiten jurídicamente y establezcan y apliquen protocolos para los comités evaluadores.
Para aquellas personas con evaluación negativa que deseen interponer recurso de alzada, CCOO ha realizado un modelo tipo que adjuntamos, e informa que los plazos administrativos se reanudarán el próximo 1 de junio de 2020, tal y como aparece contemplado en el apartado IV del RD 537/2020, de 22 de mayo, según el cual se deroga en esa fecha la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Dicho recurso se puede interponer, dirigido al organismo ANECA, hasta el 30 de junio de 2020 de manera telemática a través del Registro Electrónico Común o por escrito a la siguiente dirección: Dña. Mercedes Siles Molina - Ilma. Directora ANECA y Presidenta de CNEAI - Ministerio de Ciencia e Innovación - Paseo de la Castellana, 162 - 28071 Madrid.
CCOO considera estos datos muy negativos, teniendo en cuenta que no reflejan la realidad de ningún modo ni tienen correspondencia con las solicitudes de evaluación y el éxito alcanzado por las mujeres en la misma convocatoria 2018 de sexenios de investigación.
CCOO exige a la ANECA y el Ministerio de Universidades que hagan una reflexión profunda sobre el concepto de “sexenio de transferencia”, lo delimiten jurídicamente y establezcan y apliquen protocolos para los comités evaluadores.
Por otra parte, ante el segundo problema, los impedimientos y obstáculos para la aplicación de los efectos de los Sexenios "de transferencia", CCOO está impulsando la intervención de la JPDI para que supervise y, en su caso, negocie el correcto reconocimiento pleno de estos méritos de investigación. Puesto que la normativa es clara y así lo han entendido la inmensa mayoría de las universidades.
La normativa por la que se ha generado y convocado los sexenios de transferencia enmarca estos nítidamente en el ámbito de la evaluación de la investigación. Es por ello que no existen motivos para dudas al respecto.
Además de todo esto, es evidente que la transferencia del conocimiento es una función social fundamental de la universidad, que debe promoverse en la mayor medida posible, dado que la universidad española no esta particularmente bien situada en la transferencia del saber hacia nuestra sociedad. Debe asimismo subrayarse que la evaluación de los sexenios de transferencia se ha realizado con un nivel de exigencia muy elevado y el presentarse a la misma ha comportado un esfuerzo añadido relevante a la parte del PDI que ha podido presentarse. Desde CCOO hemos sido y somos críticos con los modelos de uso de medición de la actividad docente e investigadora, por entender que implican una sobrecarga de la actividad burocrática del PDI y no siempre responden adecuadamente a sus fines. Pero lo que en ningún caso puede ocurrir es que una vez planteados los mismos y superada dicha evaluación positivamente, algunas universidades no cumplan con los incentivos que la propia normativa reconoce.
