Se sigue desconociendo la memoria económica que debe acompañar al Anteproyecto presentado y sigue cuestionando cuando se alcanzará la inversión pública del 1% del PIB (la única referencia a financiación), teniendo en cuenta que el propio Ministerio de Universidades no establece ningún plazo para constituir, en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria (donde participan exclusivamente el Estado y las Comunidades Autónomas), una comisión que establecerá el plan de incremento de la financiación al sistema universitario público hasta alcanzar el objetivo mencionado.
Tampoco podemos comprender cómo el gobierno que se autodenomina el más progresista y social desde la instauración de la democracia y que ha impulsado en determinados ámbitos el diálogo social y la negociación colectiva, elude reiteradamente este derecho del personal de los cuerpos docentes estatales (profesorado titular y catedrático de universidad). Este profesorado ha sido excluido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y de sus mesas delegadas y marginado por el Ministerio de Universidades al no crear la Mesa Sectorial de Universidades. Otros y otras profesionales por sus funciones y desempeño sí merecen un tratamiento diferenciado; así, hay Mesa Sectorial de Sanidad, de Justicia o de Educación no universitaria. Sin embargo, el personal docente e investigador universitario funcionario, integrado por más de 41.500 profesores y profesoras sólo tienen derecho a que se les regule su salario, carrera profesional y condiciones de trabajo en Reales Decretos, en desarrollos legislativos de las Comunidades Autónomas o por Agencias de Calidad externas. El Ministerio de Universidades niega la aplicación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) al ámbito del profesorado universitario funcionario.
Y qué decir de la contabilidad tramposa que hace el Ministerio en cuanto a la reducción de la temporalidad al 8% al excluir del cómputo a casi el 19% de profesores y profesoras universitarios, integrado por el profesorado Ayudante Doctor y al profesorado asociado de ciencias de la salud. A este último colectivo, además, se le penaliza en cuanto al tipo de contrato, puesto que en la disposición final segunda se señala que el régimen de sus contratos será temporal mientras que el resto de profesorado asociado tendrá contratos indefinidos. Es más, el Ministerio incluso modifica la Ley de Incompatibilidad del personal al servicio de otras Administraciones Públicas para que puedan desempeñar puestos de trabajo en la esfera docente como profesorado asociado (disposición final primera).
Nos cuesta comprender la inclusión de la disposición final cuarta del anteproyecto de LOSU, que modifica la Ley General de Salud Pública para establecer los requisitos académicos que debe cumplir el título habilitante para la profesión de Psicólogo General Sanitario.
No sabemos si el Ministerio ha cometido un error al incluir al profesorado distinguido en los procesos de estabilización contemplados en la disposición transitoria octava mediante procesos de promoción interna. Realmente es paradójico que este sea el único profesorado que no va a ser evaluado por ninguna comisión.
Otro elemento nuevo discordante que aparece en la Ley es que las Comunidades Autónomas puedan crear otras universidades públicas con especificidades académicas, suponemos que similares a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo puesto que se contemplan en la misma disposición adicional, la tercera, pero no sabemos en lo que pueden devenir finalmente.
Además, como ya comentamos en comunicados anteriores, numerosas propuestas de CCOO no han sido tenidas en cuenta (medidas de financiación, establecimiento de una carrera académica horizontal y vertical, reconocimiento pleno de las acreditaciones del profesorado entre las agencias autonómicas y la ANECA, …)
CCOO considera que la Ley presentada por el Ministerio de Universidades no es la que merece ni necesita la universidad española, sino que parece responder a las demandas ejercidas por grupos de presión concretos. Finalizada esta fase, CCOO presentará a los grupos parlamentarios aquellas enmiendas que no han sido consideradas como propuestas de mejora por el Ministerio. Lo que ha quedado claro con la tramitación parlamentaria de la modificación de la Ley de la Ciencia y con la aprobación por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de la LOSU es que este gobierno no apuesta ni por la educación superior ni por la ciencia, y menos por el personal que la desarrolla. Con estas leyes será muy complicado que la universidad contribuya al cambio de modelo productivo de España.
