jueves, 8 de febrero de 2018

Los sindicatos fijan a Montoro una fecha límite: Febrero

La reunión entre los sindicatos y Montoro para retomar las negociaciones interrumpidas hace cuatro meses fijan febrero como fecha límite para alcanzar un acuerdo

El argumento de Montoro en octubre fue que carecía de apoyos suficientes para presentar en elCongreso su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, lo que ha dejado a casi 3.000.000 de empleadas y empleados públicos sin incrementos salariales, sin ampliaciones de oferta de empleo público y con sus negociaciones colectivas bloqueadas por la incapacidad de un Gobierno paralizado institucionalmente, con escasa voluntad política para acometer sus responsabilidades.

En la reunión establecimos la necesidad de retomar el proceso de negociación, concretando un calendario de reuniones, que se abre el lunes 12 de febrero, retomando la negociación en el lugar en que quedó en septiembre y tomando como suelo las propuestas que el Gobierno había ido acomodando a nuestras demandas.

El portavoz de CCOO informa a la prensa a la salida de
la reunión con Montoro, como sindicato más
representativo en la Administración Pública
Por ahora el ministro solamente ha puesto sobre la mesa le negociación retributiva, "olvidando" la necesidad de ampliar los planes de Ofertas de empleo público para extenderlo a los sectores que dejó fuera en el acuerdo inicial de 2017 (entre los excluidos estaba el PAS de las universidades por culpa de los rectores que no enviaron los datos de temporalidad al Ministerio de Hacienda). La negociación sobre ampliación de las OPE dependerá de que el Gobierno apruebe finalmente unos PGE o solo lleve al Parlamente un RDL, en cuyo caso únicamente supondrán el incremento retributivo.

El Gobierno tiene que cumplir con los mandatos constitucionales y con la mínima seriedad democrática, creando las condiciones para que se pueda dotar a España de PGE 2018, saliendo de la inestabilidad que daña a las diferentes Administraciones Públicas y pone en cuestión los servicios públicos que deben prestarse a la ciudadanía.

CCOO tiene voluntad de alcanzar los compromisos oportunos, en coherencia con las demandas y reivindicaciones de la inmensa totalidad de las empleadas y empleados públicos, que consideran que es imprescindible el reconocimiento gubernamental de su aportación y entrega al funcionamiento del país, lo que pasa por el reconocimiento de la deuda salarial que se tiene con nosotras y nosotros, el restablecimiento de los derechos laborales, sociales y salariales que han sido arrebatados con la excusa de la crisis económica y la vuelta a una normalidad, que ha sido alterada por factores no imputables a las personas que trabajamos en las Administraciones y empresas públicas.

CCOO insiste en que la recuperación económica tiene que verse reflejada en las nóminas de las empleadas y empleados públicos, tiene que tener consecuencias en cuanto a la devolución de los derechos arrebatados, tiene que expresarse con un fuerte y verificable compromiso del Gobierno con las 3.000.000 de personas que se encuentran en el ámbito directo de regulación salarial y de condiciones de trabajo que los PGE 2018 puedan establecer.

CCOO estima que ahora el Gobierno tiene una oportunidad para hacer realidad las declaraciones que ha venido realizando, abandonando la política de propaganda y entrando en los hechos constatables, en la vida real, que es lo que debería moverle, y no en intereses electorales o partidarios que no deberían ser el objetivo de sus actuaciones institucionales.

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