Conviene recordar que el pasado verano de 2010 informamos, a través del blog, que el Gobierno de Canarias estaba preparando una nueva Ley de Función Pública y que había incluído al PAS de las universidades en la misma (ver la noticia sobre esa inclusión). Por lo que, de aprobarse, significaría que todas las normas de la Comunidad Autónoma podrían sernos de aplicación directa.
En este mes se ha celebrado la primera reunión después de constituirse el nuevo Gobierno de Canarias, y una de las cosas que se informó en la Mesa General de negociación es que aquel borrador de ley quedaba aparcado y se comenzará una nueva redacción.
Por parte de los sindicatos, asistieron a la Mesa General de negociación: CCOO, UGT, Sepca e Intersindical Canaria (únicas organizaciones que tienen más del 10% de representación entre los empleados públicos de las islas).
El Gobierno estuvo representado por el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Francisco Hernández Spínola), la Viceconsejera de Administraciones Públicas (Carmen Nieves Rodriguez Fraga) y el Director General de la Función Pública (Aarón Afonso González).
La reunión se inició con la intervención del Consejero de Presidencia, explicando las orientaciones generales de la política del Gobierno de Canarias, y cuyo principal objetivo es la reforma completa de las Administraciones Públicas con el objetivo de hacerlas más transparentes y flexibles. Manifiesta que deben continuar insistiendo en ello aunque ésta es una promesa que se viene haciendo desde hace 21 años y aún no se ha avanzado en ello para lograr un necesario pacto de las administraciones locales y de los cabildos que garantice la simplificación de los trámites administrativos y la no duplicidad de las gestiones.
El Consejero dice que lo van a intentar otra vez, sabiendo que es una tarea muy complicada y desean la colaboración de todos, porque esta tarea no puede ser exclusiva del Gobierno. Por eso va a pedir la colaboración de cabildos, de ayuntamientos, de las organizaciones sindicales (los trabajadores), y del propio Parlamento.
Parte de estos cambios que entiende deben realizar están por modificar de la ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y aprobar la nueva ley de la Función Pública Canaria, para lo que recopilaran el trabajo realizado en la anterior legislatura, lo estudiaran y nos harán llegar un primer borrador para iniciar jornadas de debate y negociación del mismo.
Otras de las cuestiones a tener en cuenta es continuar con la simplificación de procedimientos administrativos, la implantación de la Administración electrónica y la mejora en la coordinación de servicios.
También dice que su idea estriba en buscar la productividad de la Función Pública Canaria para lo que será necesario la distribución de competencias, la gestión y organización de los recursos humanos y la canalización de la participación ciudadana.
Otra de sus preocupaciones que manifiesta es garantizar la estabilidad en el empleo público aunque dice ser conciente del marco presupuestario en el que se moverán. Comenta y recuerda la situación económica global de crisis internacional, europea y nacional, y como cada día nos sobresaltan con cuestiones como la prima de riesgo, la bajada del IBEX, etc. Entre otras cuestiones porque hay que ajustarse a la normativa europea de control del déficit.
En este sentido recuerda que el techo de las Autonomías es del 1,3% del PIB de deuda pública, se desea llegar a 1,0% en 2013. Por lo que se irá al 1,3% en 2012 y al 1,1% en el 2013, es un objetivo para el que Canarias viene trabajando en los últimos años, por lo que la reducción prevista para 2012 en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias ronda el 3%. Precisamente porque Canarias viene cumpliendo con los objetivos puede solicitar las ayudas al estado, y recurrir al endeudamiento permitido.
El ajuste presupuestario de 2011, reducción del 11,8%, que supuso reducción de los salarios de los empleados públicos y bajada de la masa salarial debido a las medidas establecidas por el Estado, fue un duro golpe a los servicios públicos con restricciones importantes que no obstante no han supuesto en 2011 una quiebra del sistema y que se mantiene con cierta calidad (hace una referencia a la buena labor de los empleados públicos) pero en el presupuesto se estima una restricción del 3% (200 millones de euros, respecto de 2011).
Dijo que la ventaja de Canarias es que la mayor reducción la ha hecho ya, no como otras CCAA que deberán realizar duros ajustes en 2012 y 2013.
El escenario sigue siendo difícil para los gestores y para los empleados públicos, pide ayuda, colaboración y unidad para llevar las próximas medidas adelante. Con menos recursos se pretende mantener el mismo nivel de servicios que hasta ahora en los servicios públicos: educación, sanidad, justicia,…
Finalmente dijo que cuando se tenga el borrador de medidas para incluir en el capítulo 1 de los presupuestos nos lo comunicarán. Serán medidas de ajuste que tendrán como referencia el presupuesto de 2011, las traerán a esta Mesa de negociación, las comentaremos y los sindicatos tendremos la posibilidad de conocerlas.
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