miércoles, 27 de junio de 2018

La ULL se niega a pagar la subida de la paga Extra

Incomprensiblemente el equipo de Gobierno de la ULL se niega a pagar el incremento de la Paga Extra establecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias

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Recordar que Canarias era el único territorio que no había completado la subida al 100% en las actualizaciones de las Pagas Extraordinarias, porque el Gobierno de Canarias se negó a aplicarlo en 2010 cuando todas las comunidades autónomas y la propia Administración General del Estado sí lo aplicaron en su totalidad.

Una enmienda propuesta por CCOO y apoyada por el resto de sindicatos permitió que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma aprobaran culminar la actualización del 22% del Complemento Específico o concepto equivalente este año, y el Gobierno de Canarias lo acaba de pagar a su personal en la nómina de la Extra correspondiente a Junio y que ya han cobrado hoy.

Sin embargo, de una manera confusa e incomprensible, el equipo de Gobierno de la ULL se ha negado a aplicar este incremento en nuestras nóminas y en un intento de justificar su negativa han enviado un comunicado a mitad de mes intentando dar explicaciones que no aclaran nada.

Decir en pleno mes de junio "que se ha cursado solicitud a la Comunidad Autónoma de Canarias" y que están "a la espera de respuesta formal" es una absoluta vergüenza, ya que la Ley de Presupuestos del Gobierno Canario que contenía esta medida de actualización se publicó el 30 de diciembre pasado y CCOO comunicó a la ULL ese acuerdo a lo largo del mes de enero (¡hace cinco meses!), aunque era evidente que esa comunicación no era necesaria ya que nuestras autoridades universitarias estaban al tanto, ¡o deberían haberlo estado!... y sin embargo parece que se han dormido o tal vez olvidado.

Comunicado del Equipo de Gobierno de la ULL
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Pero es que, para colmo, cuando en su comunicado avisan que "el incremento mencionado no podrá incorporarse efectivamente en la nómina de junio" y que "se están realizando las actuaciones oportunas a los efectos de clarificar la situación lo antes posible, con la finalidad de efectuar la tramitación con prontitud y conforme a la legalidad vigente" hacen todo lo contrario a lo que la ULL ha llevado a cabo en situaciones similares durante equipos de gobierno anteriores. Siempre, siempre, siempre, nuestra universidad había asumido que para cumplir los compromisos con su personal tenía que adelantar los pagos y luego gestionar la financiación con la Comunidad Autónoma quien siempre se retrasa en sus obligaciones con las universidades canarias.

Así, por ejemplo, sucedió con varias de las devoluciones de la Extra 2012 suprimida por el gobierno de Rajoy. Incluso, en una ocasión, con el anterior Rector, se llevó a cabo el pago en concepto de "anticipo" ocho meses antes de que el Gobierno de Canarias aportara la financiación. Por eso ahora resulta incomprensible que, teniendo una mejor situación económica y con mayor superávit presupuestario, la ULL se niegue a abonar esta actualización de las Pagas Extras y sienta un mal precedente.


2 comentarios:

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  2. Juvenal Padrón Fragoso29 de junio de 2018, 17:34

    Pienso que en esta temática vuelve a reincidirse en el error de adoptar por parte del equipo de gobierno, en este caso la Gerencia, de manera unilateral decisiones o medidas bajo una exclusiva interpretación unilaterial que no cuenta con la valoración que hace la parte social, es decir, los trabajadores, respecto a la situación.
    En este sentido, se han equivocado rotundamente decidiendo algo que ni siquiera han hablado y menos negociado con los representantes de los trabajadores.
    Reducirlo a un problema técnico y de interpretaciones diferentes entre administración autonómica y gobierno universitario exclusivamente, supone saltarse de manera insolente el derecho a la intervención de los sindicatos en una cuestión que afecta a los intereses del personal de la ULL.
    Es hora de que la cultura de la negociación sea entendida por quienes administran los recursos y las riendas de la ULL como algo indispensable para un funcionamiento democrático y participativo de la organización. Lo contrario es secuestrar el derecho de negociación y participación a los trabajadores, lo cual no se debe admitir desde ningún punto de vista.
    En conclusión, el proceso debería haber venido marcado por la comunicación previa del problema a la JPDI y Comité Laboral con el objeto de la discusión de ambas partes de su contenido y proceder a la toma de decisiones acordadas a tal efecto.

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