Nueve meses han pasado desde que el Gobierno aprobó el incremento salarial para 2026, que se aplicó a todos los empleados y empleadas del sector público en enero o febrero. Nueve meses en los que el personal de la Universidad de La Laguna, tanto PDI como PTGAS, ha visto con qué facilidad se incumplen las leyes y se ningunean nuestros derechos retributivos. ¡Somos el único organismo público que aún no ha cobrado la subida salarial acordada por el Gobierno!
Precisamente esta semana, se ha informado por parte del Gobierno, que se prepara la subida salarial del 2027 y el pago del resto de incremento de 2026 ya que se ha superado el límite de inflación previsto. Por lo que a final de año deberíamos tener otro pago (adicional del 0,5%) con efectos retroactivos desde enero y, nada más empezar 2027, la subida del próximo año que es la más importante con un 4,5%.
Por eso, ante la perspectiva de que la ULL pretenda continuar con sus incumplimientos, a tres meses vista de esos nuevos incrementos, desde CCOO hemos decidido interponer la denuncia correspondiente ante la Inspección de Trabajo. Al mismo tiempo estamos preparando las correspondientes demandas judiciales para reclamar el pago y las compensaciones correspondientes por el retraso, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores ("29.3.- El interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado" ).
CCOO ha incluido en la denuncia a la Universidad de La Laguna, por no abonar el incremento salarial. Denuncia en la que también hemos añadido al Gobierno de Canarias.
Será la Inspección de Trabajo quien determine si este último también debe ser sancionado o no, en función de que la ULL aporte pruebas y documentos que acrediten que ha existido obstrucción en la tramitación y gestión del pago salarial. Ya que, hasta ahora, desde la Gerencia y el Rectorado solamente hemos recibido excusas verbales, pero ninguna prueba documental que acredite en qué situación se encuentra el pago de este incremento retributivo. En este sentido, debemos recordar que cualquier empresa, aunque esté en dificultades económicas, tiene la obligación legal de abonar los salarios, especialmente porque el pago de las retribuciones son créditos preferentes frente a otras obligaciones económicas, Algo que no se está aplicando en el caso de la Universidad de La Laguna, que parece aplicar el criterio al revés y financia otros gastos con remanentes del Capítulo 1 destinado a retribuciones.



