Los cargos políticos que figuran en el organigrama de la Consejería de Universidades,
Ciencia e Innovación y Cultura -Migdalia M. Machín, D. Ciro Gutiérrez, D. Jafeth
Alonso, Dña. Jassary Alvarez; D. Horacio Umpiérrez, D. Miguel Ángel Clavijo, D.
Cristóbal de la Rosa, y D. Javier Franco- perciben anualmente, con los incrementos
correspondientes del IPC, 688.081 euros, sin contabilizar antigüedad, indemnizaciones
por razón del servicio, viajes, dietas, y otros gastos.
Mientras tanto, los trabajadores de las dos universidades seguimos sin percibir el incremento retributivo del 2026. La situación resulta especialmente preocupante porque
las universidades ni siquiera han recibido, según la información disponible, la transferencia de los fondos correspondientes al incremento de 2025 y tampoco la de 2026. Además, sin autorización expresa, las universidades no pueden efectuar pagos a cuenta.
La pregunta es inevitable: ¿por qué los incrementos retributivos de los responsables políticos se aplican con normalidad mientras los trabajadores de las universidades públicas canarias seguimos esperando para percibir los nuestros?
A esta incertidumbre retributiva se suma una cuestión todavía más preocupante: el modelo de financiación universitaria. A finales de julio conocíamos a través de los medios de comunicación un resumen de la propuesta de incremento de financiación para las dos universidades públicas canarias. Si el incremento previsto alcanzará el 15,76% en 2030 y la inflación sólo este año supera el 3,4%, resulta difícil entender cómo este modelo puede garantizar el mantenimiento, olvidemos la mejora, de los servicios universitarios públicos. En términos reales, aunque recibamos financiación adicional del rico y generoso tejido productivo y empresarial isleño, la propuesta no resolverá las necesidades estructurales del sistema universitario
No necesitamos únicamente más financiación nominal: necesitamos una financiación suficiente, estable, plurianual y vinculada a las necesidades reales de las universidades públicas canarias.
La situación exige una respuesta coordinada entre la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los trabajadores de ambas instituciones debemos impulsar acciones conjuntas que permitan visibilizar la infrafinanciación, reclamar la transferencia efectiva de los recursos comprometidos y exigir al Gobierno de Canarias un modelo de financiación plurianual que garantice la suficiencia financiera de ambas universidades.
No es aceptable, además, que los trabajadores y sus órganos de representación conozc mos por los medios de comunicación aspectos fundamentales de una propuesta de financiación que condicionará el futuro de nuestras universidades. La información y la negociación con los representantes de los trabajadores no pueden quedar relegadas a un segundo plano.
La divulgación pública de las propuestas antes de su presentación y discusión en los órganos de representación y negociación incrementa la incertidumbre y genera una sensación de desprotección entre el personal de las Universidades
Por ello, es necesario pasar de la preocupación individual a una acción colectiva y coordinada entre la ULL y la ULPGC. La financiación suficiente de las universidades públicas no es una reivindicación sectorial: es una condición imprescindible para garantizar unas plantillas estables, unas condiciones laborales dignas y una investigación capaz de seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de
Ciencia e Innovación y Cultura -Migdalia M. Machín, D. Ciro Gutiérrez, D. Jafeth
Alonso, Dña. Jassary Alvarez; D. Horacio Umpiérrez, D. Miguel Ángel Clavijo, D.
Cristóbal de la Rosa, y D. Javier Franco- perciben anualmente, con los incrementos
correspondientes del IPC, 688.081 euros, sin contabilizar antigüedad, indemnizaciones
por razón del servicio, viajes, dietas, y otros gastos.
las universidades ni siquiera han recibido, según la información disponible, la transferencia de los fondos correspondientes al incremento de 2025 y tampoco la de 2026. Además, sin autorización expresa, las universidades no pueden efectuar pagos a cuenta.
La pregunta es inevitable: ¿por qué los incrementos retributivos de los responsables políticos se aplican con normalidad mientras los trabajadores de las universidades públicas canarias seguimos esperando para percibir los nuestros?
A esta incertidumbre retributiva se suma una cuestión todavía más preocupante: el modelo de financiación universitaria. A finales de julio conocíamos a través de los medios de comunicación un resumen de la propuesta de incremento de financiación para las dos universidades públicas canarias. Si el incremento previsto alcanzará el 15,76% en 2030 y la inflación sólo este año supera el 3,4%, resulta difícil entender cómo este modelo puede garantizar el mantenimiento, olvidemos la mejora, de los servicios universitarios públicos. En términos reales, aunque recibamos financiación adicional del rico y generoso tejido productivo y empresarial isleño, la propuesta no resolverá las necesidades estructurales del sistema universitario
No necesitamos únicamente más financiación nominal: necesitamos una financiación suficiente, estable, plurianual y vinculada a las necesidades reales de las universidades públicas canarias.
La situación exige una respuesta coordinada entre la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los trabajadores de ambas instituciones debemos impulsar acciones conjuntas que permitan visibilizar la infrafinanciación, reclamar la transferencia efectiva de los recursos comprometidos y exigir al Gobierno de Canarias un modelo de financiación plurianual que garantice la suficiencia financiera de ambas universidades.
No es aceptable, además, que los trabajadores y sus órganos de representación conozc mos por los medios de comunicación aspectos fundamentales de una propuesta de financiación que condicionará el futuro de nuestras universidades. La información y la negociación con los representantes de los trabajadores no pueden quedar relegadas a un segundo plano.
La divulgación pública de las propuestas antes de su presentación y discusión en los órganos de representación y negociación incrementa la incertidumbre y genera una sensación de desprotección entre el personal de las Universidades
Por ello, es necesario pasar de la preocupación individual a una acción colectiva y coordinada entre la ULL y la ULPGC. La financiación suficiente de las universidades públicas no es una reivindicación sectorial: es una condición imprescindible para garantizar unas plantillas estables, unas condiciones laborales dignas y una investigación capaz de seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de
Canarias.
Y como siempre pagarán pero en otro ejercicio económico, con el consiguiente engorro de tener que hacer una complementaria en la declaración de la renta.
ResponderEliminarSueldos anclados al 2015 que no corresponden a la subida del coste de la vida
ResponderEliminarPues a protestar y a exigir lo que nos corresponde y en tiempo, que la vida ha subido ya y nuestros sueldos no llegan para cubrir las subidas de la vida
ResponderEliminarEs preciso recordar que tanto los empleados públicos de la Administración General del Estado como los de la Comunidad Autónoma de Canarias ya han percibido el incremento salarial correspondiente a 2026. Sin embargo, en nuestro ámbito universitario se plantea la duda de si existirá crédito suficiente para abonar la nómina del mes de diciembre.
ResponderEliminarConviene señalar que la propia Universidad ya adelantó la subida del 2,5 % correspondiente a 2025. Por todo ello, consideramos imprescindible que los sindicatos, los órganos de representación y el propio equipo de gobierno de la universidad hagan pública esta situación de agravio comparativo y discriminación frente al resto del sector público.