Los medios de comunicación están dando difusión a manifiestos promovidos por unos autoproclamados “expertos economistas”, los 100 economistas, que ya intentaron fijar opinión respecto a la reforma laboral, con la propuesta del contrato único con indemnización progresiva. En este manifiesto, proponen una serie de medidas de reforma de las pensiones que pretenden debilitar al máximo la protección del sistema público para hacer imprescindible la contratación de planes privados.
La objetividad y credibilidad de las propuestas de reforma del sistema de pensiones de este grupo de 100 economistas es más que dudosa si se tiene en cuenta que los aglutina FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y que cuenta con 10 directivos de entidades financieras entre los 16 miembros de su patronato.
El interés empresarial del sector financiero para vender sus productos de planes de pensiones privados ha promovido la reiterada publicación de estudios que avisaban del fallo del sistema antes del 2000 y la necesidad de evolucionar hacia un sistema mixto, como el chileno, que ha demostrado consecuencias desastrosas.
Desde CCOO denunciamos que debido al volumen de dinero que mueve el sistema de pensiones, y el hecho que sea un sistema con superávit, hace de éste un objetivo de negocio para el sistema financiero. No debemos permitir que las pensiones queden en manos de los bancos. Hay que mantener su carácter público que ha permitido erradicar la pobreza de la gente mayor de nuestro país.
En 1995 el Pacto de Toledo elaboró una serie de recomendaciones para garantizar el futuro del sistema de pensiones, que continúan siendo válidas, entre las que se incluyen los principios básicos de nuestro sistema, de carácter público, solidaridad intergeneracional e interterritorial, caja única, contributividad, garantía de ingresos, redistributivo y compensador en período de crisis.
Nuestro sistema público de pensiones goza de buena salud, no presenta números rojos, sino al contrario, y dispone de un fondo de reserva dotado en 62.000 MEUR.
El sistema está expuesto a importantes retos de futuro, sobretodo de carácter demográfico, por el envejecimiento de la población y también por el aumento del gasto en pensiones, por lo que deberá compensarse con una mejora de los ingresos por cotizaciones sociales y la racionalidad del gasto.
Retrasar la edad de jubilación obligatoria hasta los 67 años es contradictorio con las desorbitadas tasas de paro entre los jóvenes, las condiciones de salud de los trabajadores de más edad y la falta de prevención de riesgos laborales.
Por otro lado, retrasar hasta los 63 años la edad mínima de jubilación anticipada no tiene justificación, dado que se ha demostrado que la jubilación flexible, tiene efectos netos sobre el sistema público de pensiones.
Además, exigir un mínimo de 40 años para tener el 100% de la jubilación impediría su cobro íntegro a un importante número de pensionistas, debido a la realidad de nuestro mercado de trabajo (entrada tardía y salida prematura, temporalidad, períodos de desocupación,…).
Para CCOO su viabilidad ha de basarse en mejorar los ingresos mediante: políticas activas que creen ocupación, mejoras de las relaciones laborales, políticas de atención a las familias, cumplimiento de los compromisos del Acuerdo 2006, separación definitiva de los fondos de financiación.
Consideramos que tanto las medidas de ajuste económico que recortan la inversión pública, reducen la capacidad adquisitiva de pensionistas y trabajadores de las Administraciones Públicas, limitan la actividad económica como la reforma laboral que no creará ocupación y que en cambio abaratará y facilitará el despido, y mantendrá la temporalidad injustificada, no ponen las bases para garantizar el futuro del sistema de pensiones dado que no generan más ingresos.
Lecturas recomendadas sobre el tema:
- Los errores del manifiesto neoliberal sobre las pensiones de los cien economistas, de Vicenç Navarro.
- ¿Están en peligro las pensiones públicas?, Libro con las preguntas que todos nos hacemos y las respuestas que siempre nos ocultan, de Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa - ATTAC.
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