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Esta iniciativa se presentó públicamente en el marco de las II Jornadas sobre la Ciencia Española ante los Recortes presupuestarios, celebradas en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En la que, además, se desarrolló un debate entre representantes de los partidos políticos (CIU, UPyD, IU, PSOE y PP), el presidente de la Conferencia de Rectores de las universidades de Madrid (Daniel Peña) y el Presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Carlos Andradas).
En el transcurso de estas Jornadas se constató que durante los últimos tres años, la Oferta de Empleo Público ha castigado muy duramente a estas instituciones, que han sufrido una drástica reducción en el número de nuevas plazas. Para el conjunto de todos los Organismos Públicos de Investigación y CSIC, e incluyendo todos los niveles investigadores (desde personal de laboratorio hasta profesores de investigación), el número total de nuevas plazas ha sido de 681 (año 2007), 589 (2008), 106 (2009), 50 (2010) y 55 (2011) respectivamente.
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La intención del Gobierno es ofrecer cero plazas en el 2012, por lo que la situación es insostenible: el conjunto de todos los organismos públicos de investigación (OPIs) agrupa a unos 140 centros con una edad media de 50-55 años, llegando hasta los 58 años en el caso del CSIC.
La plantilla fija de los centros de investigación se está reduciendo aceleradamente porque durante los últimos años las plazas que quedan libres por jubilaciones no se reponen. Mientras, el resto de la plantilla queda relegada, en el mejor de los casos, a una concatenación de contratos de corta duración. El resultado es una importante pérdida de competitividad porque formar equipos y captar financiación requiere un grado de estabilidad que un gran número de investigadores en su pico de productividad aun no poseen, ya sea dentro del modelo funcionarial actual o de contratación laboral.
De persistir esta situación, nunca se alcanzarán los objetivos marcados y el abandono
de líneas de investigación supondrá una importante pérdida de inversión. Por ejemplo, CSIC, el
mayor OPI con 133 centros, ha recibido durante los años 2010 y 2011 menos de un 20% de las
necesidades mínimas de personal investigador establecidas en su plan estratégico (Plan de
Actuación 2010-2014). El resto de los OPIs están en una situación similar o incluso peor.
La falta de estabilidad en la política de recursos humanos del sistema nacional de I+D daña su
credibilidad y mina la competitividad. El Programa Ramón y Cajal es un buen ejemplo de ello (pero no es el único). A nivel nacional, este programa es el buque insignia del sistema de investigación en
España en términos de recursos humanos. Vio la luz en el 2001 con una visión de futuro cuyo compromiso es, y siempre ha sido, ofrecer la posibilidad de estabilización de los investigadores que hayan superado las dos evaluaciones establecidas durante un “periodo de prueba” de 5 años (en el segundo y en el cuarto año). Sin embargo, solo un 37% de los investigadores de la convocatoria del 2006 que han superado las evaluaciones establecidas en el programa ha logrado estabilizarse, siendo este porcentaje significativamente más reducido para los investigadores de la convocatoria del 2007 cuyos contratos empiezan a finalizar en los próximos meses.
De media, los investigadores que han acabado o están a punto de acabar sus contratos y han superado satisfactoriamente las evaluaciones, tienen 42 años de edad, 17 de los cuales han sido dedicados a la investigación, lideran sus grupos de trabajo, tienen una extensa experiencia en el extranjero y participan en una amplia red de colaboradores internacionales. Existen otros muchos investigadores de perfil similar que se encuentran en la misma situación. Por eso es urgente que el sistema de investigación español cumpla los compromisos para permitir una planificación de recursos humanos que haga viable esta figura.
Las características de la labor de investigación exigen décadas para la formación de un capital humano de calidad. España no alberga un sector privado en I+D+i que pueda absorber y aprovechar a investigadores altamente cualificados. Este capital humano, que tanto ha costado formar y que
mejor preparado está para contribuir a un modelo productivo basado en el conocimiento, no va a
tener otro remedio que emigrar o dejar la investigación. El país se enfrenta a una “fuga de cerebros”
multi-generacional (desde los investigadores que empiezan ahora sus tesis doctorales hasta los de
40-45 años).
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