Estudiantes y PDI de Medicina "la ULL no tiene vergüenza". DEBE CUMPLIR

La pasada semana tuvo lugar una jornada de paro de la actividad docente en la Facultad de Medicina ante la falta de respuesta de la Universidad de La Laguna y el Gobierno de Canarias (Servicio Canario de Salud + Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación, y Cultura) a la necesidad de profesorado, la discriminación salarial, y el tortuoso proceso de contratación. 

La jornada de huelga a la que estaban convocados más de 300 profesores y profesoras, tanto asistenciales como no asistenciales, fue seguida mayoritariamente por alumnado y profesorado (sólo 25, ejerciendo su legítimo derecho, firmaron que no estaban en huelga). Pero el éxito de la huelga no nos debe hacer caer en la complacencia.

Sobre todo porque, a pesar de que hemos obtenido avances en parte de las reclamaciones, algunos de esos acuerdos son compromisos para 2025 y todavía quedan temas sin resolver.

Entre las cuestiones resueltas cabe destacar la agilización en la incorporación de nuevo profesorado o la armonización salarial, que se materializarán gracias al acuerdo alcanzado por el equipo rectoral de la ULL con el Servicio Canario de Salud (SCS) para incluir en el presupuesto de 2025 la dotación necesaria para su cumplimiento a partir de enero próximo.  También tenemos que resaltar el desbloqueo del pago de los Trienios por antigüedad  para el PDI contratado laboral, que se venía reivindicando desde 2015 sin éxito.

Por el contrario, la jornada complementaria del PDI laboral vinculado sigue pendiente. Las Gerencias hospitalarias siguen sin aplicar la homogeneización, ni permiten adaptar las jornadas de trabajo al profesorado vinculado. Cuestión que sigue ocasionando un enorme perjuicio y que mantenemos en la mesa de negociación para buscar una solución.

En el resto de los temas no se ha avanzado, como la dotación de profesorado e infraestructuras dignas. La oferta de plazas siempre es insuficiente y se ve acentuada por el retraso en las convocatorias o en la creación de nuevas figuras contractuales, además de los retrasos del SCS en las convocatorias de la Comisión Mixta SCS-ULL para aprobación plazas vinculadas y en la propuesta de candidatos y candidatas de Salud para las comisiones evaluadoras.  

Destaca especialmente la imperiosa necesidad de rejuvenecer la plantilla, frenada incomprensiblemente por la negativa del SCS a aprobar la figura de Ayudante Doctor vinculado que propone la ULL y que cuenta con el apoyo explícito de CCOO. 

Por su parte, la Consejería de Universidades, añade a sus retrasos para la aprobación de plazas de PDI (como ocurre ahora con las 47 de profesorado asociado asistencial) la falta de propuestas para adaptar las figuras contractuales a la nueva Ley, mas de un año después de la entrada en vigor de la LOSU: Ayudante Doctor vinculado y conversión del actual profesorado Asociado y Contratado Doctor en Profesorado Permanente Laboral. 

Tampoco hay mejoras en la dotación de infraestructuras, a pesar de promesas de Gobierno Canario y del Cabildo de Tenerife que siguen sin concretar sus propuestas.

Aumentar la oferta de plazas, mejorar la formación integral de nuestros alumnos y alumnas o mantener y mejorar la investigación de vanguardia, requieren un esfuerzo inversor que debe asumir la Administración pública canaria si realmente quiere demostrar que está comprometida con la sociedad a la que representa.

Ejerciendo presión, alumnado y profesorado, hemos conseguido algunos avances, pero para poder llevar a buen puerto tus reivindicaciones necesitamos seguir contando con tu apoyo. Solo trabajando incansablemente y de forma unitaria podremos lograr que la ULL cumpla con sus obligaciones y compromisos. 

CCOO convoca huelga de PDI en Medicina el 22 de octubre

CCOO ha presentado preaviso de huelga para el Personal Docente e Investigador (PDI) de Medicina en la Universidad de La Laguna por la gravedad de la situación.

La huelga esta inicialmente convocada para el martes 22 de octubre y esta convocada por CCOO y el Sindicato Profesional de Médicos de Tenerife (CESM), por lo que el Comité de Huelga esta constituido por tres personas del CESM y cuatro de CCOO.

El preaviso legal ha sido presentado por nuestro sindicato al ser quien cumple los requisitos legales de ser más representativo y, además, contar con la mayoría absoluta (56%) de representatividad en el PDI de la Universidad de La Laguna. La participación de CESM es importante (aunque no intervenga en las elecciones sindicales universitarias) porque es el sindicato con mayor implantación entre el personal médico del sector sanitario y conoce de primera mano los graves problemas que se están sufriendo. Naturalmente, también contamos con el apoyo de nuestros compañeros y compañeras de la Federación de Sanidad de CCOO en el Servicio Canario de Salud.

Esperamos que se puedan sumar otros sindicatos del sector sanitario, así como el resto de sindicatos del PDI universitario (UGT, IC y APU). También esperamos contar con la participación del alumnado de Medicina porque la situación ha llegado a un nivel insoportable que ya esta generando consecuencias imposibles de solucionar que afectan al correcto desarrollo académico, al alumnado y al propio sistema de salud. Sin que el equipo rectoral de la Universidad de La Laguna haya aportado ninguna solución viable. Se limitan a reconocer los problemas y mostrar "buena voluntad" pero sin hacer nada. Algo especialmente grave cuando la mayoría de los problemas se deben a incumplimientos legales que la ULL no duda en reiterar un año tras otro. 

Desde CCOO hemos iniciado diversas vías de reclamación legal (Conflicto Colectivo por el PDI), pero la lentitud de los procesos judiciales y la saturación de los juzgados retrasan las sentencias firmes tres o cuatro años. Razón que justifica el inicio de medidas de protesta y presión para adelantar las posibles soluciones:

1.-PELIGRO DE CIERRE INMINENTE DE LA ENSEÑANZA EN MEDICINA POR FALTA DE PROFESORES A TIE MPO COMPLETO. Este curso académico ha comenzado, nuevamente, con menos profesores que el año pasado en varias asignaturas. Se han producido jubilaciones de profesores titulares a tiempo completo sin remplazo y bajas no cubiertas. Esta situación de precariedad se agravará en los próximos años. Existe un auténtico desinterés por parte de las Instituciones sanitarias y de educación del Gobierno de Canarias y de la ULL para convocar nuevas plazas docentes y de investigación.

2.- INSUFICIENTE DOTACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO ASISTENCIAL.

Las instituciones (SCS y ULL) retrasaron la convocatoria de la Comisión Mixta SCS-ULL más de dos años. La comisión se reunió en junio de 2024 y concluyó que se había solucionado el problema con la convocatoria de 100 nuevas plazas para la facultad de Medicina. Pero posteriormente sólo se contemplaron 47 plazas de profesorado asistencial para toda la Facultad de Ciencias de la Salud. Estas plazas aún no han salido a concurso público y ya habían sido propuestas por la ULL en julio de 2023. Por supuesto, esta oferta de “viejas” plazas, en su mayoría profesor asociado a 3 horas semanales, es sumamente escasa e insuficiente para cubrir la demanda real.

Es necesario saber que 1) las clases prácticas con enfermos reales no puede superar un número de dos alumnos por paciente y que a partir del presente curso académico se admitirán 150 alumnos por curso, y 2) el complicado proceso administrativo del SCS y de la ULL con los plazos de convocatoria, reclamaciones, presentación de documentación, evaluación, asignación, etc. En el mejor de los casos hasta el curso 2025-2026 estas plazas no serán cubiertas. Este problema se ha subsanado hasta ahora con el beneplácito de la ULL para dotar a los departamentos de la figura de “venias docendis”. Son más de 150 médicos especialistas los que desempeñan altruistamente esta figura, impartiendo clases prácticas, teóricas y de simulación, sin retribución ni contrapartida alguna. El interés de estos médicos por la docencia universitaria es explotado de forma crónica y abusiva.

Sin embargo ¿Por qué los médicos no quieren ocupar una plaza de profesor vinculado? Han sido engañados, simplemente trabajan el doble y cobran menos que si son únicamente médicos asistenciales, con menor sueldo base a su categoría profesional (dejan de cobrar como A1), pérdida de trienios, sin complemento de armonización, y con descuentos sistemáticos de la jornada complementaria. Estos profesionales son doctores, investigadores y con la excelencia acreditada por la ANECA o ACCUE (requisito imprescindible para acceder a las plazas de la universidad). Por tanto, y como ya sucedió en la anterior convocatoria, las plazas de Profesorado Permanente Laboral aprobadas no se van a cubrir si se mantienen estas enormes desventajas.

3.- MÁS OFERTA DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO Y MENOS RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS. Ante la falta de profesorado y de la decadencia de las actuales infraestructuras, aplaudiremos cualquier el aumento de la oferta pública de plazas de profesores a tiempo completo y que muchas venias docendis sean reemplazadas por profesores asociados para paliar parte de la demanda en la Facultad de Medicina. Este aumento de plazas debe tener en cuenta no sólo la formación teórica, sino también la parte clínica práctica del alumnado. Exigimos medios humanos e infraestructuras dignas.

Las organizaciones sindicales firmantes convocamos este día de huelga para revertir la actual situación. Si no formamos profesionales de la salud en nuestras universidades públicas, no podremos atender con garantías el cuidado de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Exigimos que nuestros jóvenes puedan estudiar Medicina, o cualquier estudio superior, con unos estándares de calidad adecuados. Demandamos la formación universitaria pública de calidad para todos no sólo para aquellos que pueden permitirse acceder a la oferta privada.

Derecho a la desconexión digital, es TU tiempo, es TU derecho

La desconexión digital es un derecho reconocido por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPDGDD), gracias al que se garantiza que, fuera del tiempo de trabajo establecido, se respete el descanso, permiso o vacaciones, redundando en el respeto a la intimidad personal y familiar.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales: Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. 

1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. 

2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 

3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.

La realidad es que hoy estamos más interconectados que nunca en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, el equilibrio entre nuestra vida laboral y personal puede verse afectado. 

La hiperconectividad perjudica nuestro día a día, afecta a la salud y el bienestar; crea tensión e interfiere en tu privacidad; la exigencia inmediata genera estrés y aumenta la probabilidad de errores. Normalizar estos hábitos puede generar un ciclo difícil de romper. Todas las empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas, tienen la obligación de garantizar el derecho a la desconexión digital de todas las personas. Para ello deberán: 

• Elaborar una política interna de desconexión digital. 

• Consultar con los/as trabajadores/as o sus representantes con carácter previo. 

• Establecer las modalidades del ejercicio del derecho a la desconexión y las reglas de disponibilidad en su caso. 

• Desarrollar acciones de formación y sensibilización para toda la plantilla. 

En este sentido, CCOO reclama la apertura de un proceso de negociación en todas las universidades, para definir de forma exhaustiva este derecho sin dejar margen a interpretaciones o aplicaciones no ajustadas. La sobreexposición tecnológica y la conectividad permanente producen impactos negativos en la salud mental, cardiovascular y musculoesquelética. 

El derecho a la desconexión digital contribuye a garantizar el derecho al descanso, a la intimidad personal y familiar, a la conciliación y a una protección eficaz de la seguridad y salud de las personas trabajadoras. 

El derecho a la desconexión digital se mantiene durante todos los días del año, pero en las proximidades de los períodos vacacionales es más necesario que nunca recordar este derecho. Las consultas, llamadas, preguntas, correos, mensajes, etc. se dan en todo momento a lo largo del año, no son algo circunscrito a las vacaciones y atentan contra tu derecho a la conciliación y a la desconexión digital. Lo que queremos dejar claro es que, no es que no tengas por qué responder o hacer caso a esos mensajes y/o llamadas, sino que ni tan siquiera tenemos que recibir este tipo de comunicaciones fuera de nuestro horario laboral. Y, muchísimo menos, cuando no se nos paga por esa disponibilidad. 

Da igual que tengas un puesto de responsabilidad o que trabajes a distancia: tienes tus derechos, ya seas PDI o PTGAS. Tienes derecho a que se respete tu tiempo libre y debemos defender este derecho de manera activa: debemos proteger nuestra salud mental, defender nuestro espacio personal. No tienes por qué atender esos mensajes, no tienes por qué responder para ser cortés, no tienes por qué soportar esa situación. Tienes el derecho a la desconexión digital, a la conciliación y a disfrutar de tu tiempo libre.

La desconexión es un derecho, la desconexión es salud.

La ULL coge por costumbre "imponer" modificaciones de RPT a su personal

El orden del día del Consejo de Gobierno convocado para mañana viernes contiene dos puntos con la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) del personal técnico, de gestión y administración y servicios con el objetivo de imponerlas al no existir acuerdo con la representación legal del personal.

Estas dos modificaciones de la RPT del PTGAS (antiguo personal de administración y servicios PAS) sin acuerdo, se añaden a la aprobación en el anterior Consejo de Gobierno de otra modificación de RPT del PDI que fue impuesta, también, sin acuerdo con los representantes del profesorado. En aquella ocasión, se trató de un cambio realizado en una negociación previa sin que se avisara o volviera a negociar con la Junta de PDI ni con el Comité de Empresa del PDI laboral y casi no resultó aprobada en Consejo de Gobierno al ser evidente el despropósito de este tipo de actuaciones sin transparencia ni consenso (en la votación 18 votaron a favor de la modificación y 14 en contra).

Con la propuesta de modificación de RPT del PTGAS para mañana la Universidad de La Laguna vuelve a repetir la imposición de cambios en la estructura del personal universitario, sin atender a las razones de la representación legal de su personal. En los tres casos, las Juntas y los Comités de Empresa han dejado clara su voluntad de negociación, acuerdo y consenso. Pero el Vicerrectorado en el caso del PDI y la Gerencia en el caso del PTGAS han decidido precipitar sus imposiciones sin esperar, bajo el argumento de que "pueden hacerlo". 

Queremos recordar que desde la recuperación democrática en las universidades, las RPTs de personal (tanto PDI como PAS -ahora denominado PTGAS), siempre se han negociado y acordado por consenso. La representación sindical del personal en las Juntas y Comités de Empresa siempre han mostrado su voluntad de colaborar en el buen funcionamiento de la universidad y los distintos equipos rectorales de la ULL han apoyado ese clima de consenso porque permite afrontar las situaciones en un clima de cooperación colectiva.   

Solo en 2010 se produjo una situación similar, con la aprobación de una RPT de PAS funcionario impuesta, que fue recurrida judicialmente y provocó dos años después un acuerdo para la retirada del recurso contencioso-administrativo cuando el Rector reconoció su error y confirmó el compromiso de recuperar el consenso y la cooperación. 

Lamentablemente ahora, este equipo rectoral, ha roto la negociación y el consenso no solo con el PTGAS funcionario, sino también con el PTGAS laboral y con el PDI. Creando una dinámica totalmente contraria a la tradición democrática y participativa de nuestra universidad. Imponiendo un sistema de funcionamiento basado en la imposición  que genera desconfianza, crispación y enfrentamientos innecesarios, en momentos delicados por las restricciones presupuestarias y la puesta en marcha de la LOSU. 

CCOO exige al Gobierno que aplique ya la subida salarial de 2024

CCOO ha vuelto a insistir al Ministro de Función Pública, José Luís Escrivá, para que se aplique de forma inmediata la subida salarial acordada para 2024 y que debería haber sido efectiva el pasado mes de enero.

Recordamos que, como consecuencia de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024 (por la negativa de los partidos independentistas catalanes y del PP), el incremento salarial previsto para el personal del sector público no se ha llevado a cabo. A pesar de que ya estamos a mitad de año.

El sindicato ha trasladado al ministro de Función Pública nuestro malestar por la parálisis prolongada en el desarrollo de diversos apartados del ‘Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI’, tanto los relativos a incrementos salariales previstos para 2024, como otros de extraordinaria importancia como la jubilación parcial para el personal funcionario, permisos y conciliación, etc.  

CCOO considera agotada la paciencia y exige que el Gobierno cumpla ya los compromisos adquiridos. De no ser así, contemplamos adoptar medidas de presión en defensa de los derechos de las más de tres millones de personas empleadas públicas.

Para CCOO el desarrollo del Acuerdo arrastra un retraso injustificado de varios meses en sus previsiones de despliegue completo, siendo inaceptable que se incumpla el compromiso expreso adquirido en la reunión mantenida con el ministro y la secretaria de Estado el 19 de febrero de 2024, no sólo para culminar todos los aspectos del mencionado Acuerdo, sino para iniciar las negociaciones de uno nuevo; un texto que profundice en la consecución de avances en derechos para las personas al servicio de las administraciones públicas, introduzca medidas que garanticen la recuperación de empleo público −con una correcta planificación de las necesidades para su traslado a las correspondientes OEP, algo imprescindible si se quiere mantener un adecuado dimensionamiento de las plantillas, evitar nuevos yacimientos de temporalidad y adoptar medidas que garanticen el rejuvenecimiento de las mismas, teniendo en cuenta la cercanía a la jubilación de más de la mitad del personal público en los próximos 5-10 años−, mejore y optimice los servicios públicos, y la estructura y funcionamiento de las administraciones públicas, haciéndolas más eficientes, transparentes y cercanas a la ciudadanía.

CCOO considera agotados ya todos los márgenes de paciencia y toca exigir con la máxima firmeza que el Gobierno cumpla ya los compromisos adquiridos. De no ser así, quedará gravemente dañada la confianza negocial entre las partes, y el propio ámbito del diálogo social en las administraciones públicas, lo que obligaría a la organización sindical a contemplar la puesta en marcha de medidas en defensa de los derechos de las más de tres millones de personas empleadas públicas, para hacer que el Gobierno cumpla los acuerdos que firma.