martes, 30 de noviembre de 2010
Última Hora: Se suspende la manifestación convocada para hoy 30 de noviembre.
Por razones climatológicas adversas, se suspende la concentración de hoy 30 de noviembre en contra de los presupuestos de la comunidad autónoma de canarias para el ejercicio 2011 a la que nos referiamos en la entrada anterior.
lunes, 29 de noviembre de 2010
30 de Noviembre: Contra los Presupuestos más antisociales de la historia de Canarias
Sindicatos, Ayuntamientos y Movimientos Sociales convocan concentraciones el 30 de Noviembre a las 19:30 en la sede del gobierno autónomo contra los presupuestos más antisociales de la historia democrática de Canarias. Son necesarios otros presupuestos que tengan como primer objetivo el empleo y las prestaciones sociales.
Los Sindicatos, ayuntamientos y movimientos sociales consideramos que:
Nos conducen a más paro y más años de crisis en el país con más paro y más exclusión social.
Por eso hay que otorgar prioridad absoluta al mantenimiento del gasto en Educación y Sanidad, al mantenimiento de las inversiones, de las rentas y del empleo directo e indirecto de las administraciones públicas de Canarias.
Los Sindicatos, ayuntamientos y movimientos sociales consideramos que:
- Son los presupuestos más antisociales de la historia de la autonomía de Canarias. La reducción del gasto social afecta a los más débiles en el momento en el que más se requieren los servicios y prestaciones sociales como elemento de redistribución de la renta, y cuando las clases mas desfavorecidas peor lo están pasando.
- La reducción presupuestaria afectará a las prestaciones sociales y a los servicios públicos.
- La reducción de contrataciones afectará al empleo en sectores de muy difícil reinserción (seguridad, limpieza...).
- Se reducen drásticamente las inversiones, eliminando los estímulos al crecimiento económico.
- Se asfixia a los Ayuntamientos y Cabildos, organismos fundamentales en la prestación de servicios públicos y de servicios sociales.
- La política de convergencia en la reducción del déficit es insostenible y difícil de cumplir, prima la reducción del déficit en lugar de luchar contra el paro y es incompatible con el crecimiento económico.
- El presupuesto solo se ajusta por la parte de los gastos y no por la de los ingresos renunciando a exigirle un mayor esfuerzo y aportación a los más ricos. El Gobierno de Canarias ha decidido seguir la política de hacer pagar la crisis a los más débiles.
Nos conducen a más paro y más años de crisis en el país con más paro y más exclusión social.
Por eso hay que otorgar prioridad absoluta al mantenimiento del gasto en Educación y Sanidad, al mantenimiento de las inversiones, de las rentas y del empleo directo e indirecto de las administraciones públicas de Canarias.
jueves, 25 de noviembre de 2010
Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer
Ante la conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, CCOO y UGT expresan su denuncia y repulsa contra todo tipo de violencia machista que sigue ejerciéndose con una virulencia letal en todo el mundo, manifestación brutal de la discriminación entre mujeres y hombres y violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
En su compromiso con la denuncia y erradicación de esta lacra, ambas organizaciones se comprometen a:
Promover la colaboración con el conjunto de las administraciones públicas y distintos actores sociales implicados, entendiendo que la violencia de género es un problema social ante el que debemos tomar parte activa, contribuyendo en los distintos ámbitos de actuación, a la puesta en marcha de medidas que permitan la prevención y erradicación de esta lacra social de discriminación extrema contra las mujeres.
Reforzar la difusión de medidas y derechos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra la violencia de género, mediante la formación y sensibilización a negociadores de convenios colectivos, responsables sindicales y trabajadoras y trabajadores en su conjunto para asegurar la garantía, y posible mejora mediante la negociación colectiva, de los derechos laborales y sociales legalmente reconocidos a las trabajadoras víctimas de violencia de género en la Ley 1/2004 orgánica de medidas de protección integral contra la violencia.
Contribuir a la eliminación de la violencia de género en los lugares de trabajo, haciendo efectivos los derechos recogidos en la Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación al establecimientos de Acuerdos y Procedimientos que las empresas deberán negociar con la representación legal de trabajadores.
Impulsar el desarrollo de políticas de igualdad que favorezcan los necesarios cambios educativos en valores y actitudes sociales y contribuyan a una mayor sensibilización y actuación para avanzar en el tratamiento, prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, entre ellas, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral.
En su compromiso con la denuncia y erradicación de esta lacra, ambas organizaciones se comprometen a:
Promover la colaboración con el conjunto de las administraciones públicas y distintos actores sociales implicados, entendiendo que la violencia de género es un problema social ante el que debemos tomar parte activa, contribuyendo en los distintos ámbitos de actuación, a la puesta en marcha de medidas que permitan la prevención y erradicación de esta lacra social de discriminación extrema contra las mujeres.
Reforzar la difusión de medidas y derechos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra la violencia de género, mediante la formación y sensibilización a negociadores de convenios colectivos, responsables sindicales y trabajadoras y trabajadores en su conjunto para asegurar la garantía, y posible mejora mediante la negociación colectiva, de los derechos laborales y sociales legalmente reconocidos a las trabajadoras víctimas de violencia de género en la Ley 1/2004 orgánica de medidas de protección integral contra la violencia.
Contribuir a la eliminación de la violencia de género en los lugares de trabajo, haciendo efectivos los derechos recogidos en la Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación al establecimientos de Acuerdos y Procedimientos que las empresas deberán negociar con la representación legal de trabajadores.
Impulsar el desarrollo de políticas de igualdad que favorezcan los necesarios cambios educativos en valores y actitudes sociales y contribuyan a una mayor sensibilización y actuación para avanzar en el tratamiento, prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, entre ellas, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral.
miércoles, 24 de noviembre de 2010
Eméritos indefinidos y desfuncionarización del PDI: las nuevas ideas de los "expertos" del Congreso de los Diputados
La Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición no de Ley relativa a los profesores eméritos en el ámbito de la Universidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en los siguientes términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Casi simultáneamente, el 16 de noviembre, en el Congreso de los Diputados se presentó el libro "Propuestas para la reforma de la Universidad Española" preparado por la Fundación Alternativas y el grupo parlamentario socialista. Ha sido editado y prologado por el Rector de la Universidad Carlos III de Madrid.
En el capítulo del libro escrito por el Catedrático de la Universidad Carlos III, Juan J. Dolado, Disfunciones en el sistema universitario español: diagnóstico y propuestas de reforma encontramos las siguientes propuestas:
Por otra parte, las tasas académicas del Sistema Universitario Español actualmente son competencia de las Comunidades Autónomas, ¿propondrá el cambio legislativo para que sean las universidades las competentes? ¿Como se va a garantizar el acceso de los estudiantes con menos medios económicos a la universidad?
¿Tienen previsto incrementar la temporalidad y precariedad con salarios aún más bajos en la carrera académica e investigadora: 4 años de becario + 4 de ayudante + 4 de ayudante doctor y por fin un contrato no temporal? ¿Les parece poca "flexibilidad"?
CCOO hace un llamamiento para permanecer atentos ante el grado de aceptación que el Ministerio prestará a las propuestas de algunos que se autotitulan como "expertos" y nos aleccionan sobre lo que se ha de hacer con la enseñanza superior en España, encubriendo auténticos ataques al estado social de derecho y cargando contra el carácter público de nuestras universidades.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- La contratación de Profesores Eméritos por tiempo indefinido y con la compensación económica establecida en los Presupuestos de la Universidad en el marco del Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades Españolas (EPDI). La permanencia del nombramiento quedará condicionada al mantenimiento de las circunstancias personales que lo motivaron, a comprobar con la oportuna periodicidad.
- Tener participación docente en cursos oficiales de postgrado, y excepcionalmente de grado, así como en aquellos conducentes a títulos propios, dirección de grupos y proyectos de investigación, dirección de Centros e Institutos de Investigación".
Casi simultáneamente, el 16 de noviembre, en el Congreso de los Diputados se presentó el libro "Propuestas para la reforma de la Universidad Española" preparado por la Fundación Alternativas y el grupo parlamentario socialista. Ha sido editado y prologado por el Rector de la Universidad Carlos III de Madrid.
En el capítulo del libro escrito por el Catedrático de la Universidad Carlos III, Juan J. Dolado, Disfunciones en el sistema universitario español: diagnóstico y propuestas de reforma encontramos las siguientes propuestas:
- Fusiones entre las 50 universidades públicas.
- Una mayor libertad por parte de las universidades para fijar tasas.
- Un sistema contractual mucho más flexible. El sistema funcionarial es de “excesiva uniformidad salarial”.
- Un estatuto del PDI que fomente la movilidad y el control de calidad del mismo con amplios períodos de prueba. Debe de comenzar la desfuncionarización ya que existe "actualmente: funcionarización masiva y prematura".
Por otra parte, las tasas académicas del Sistema Universitario Español actualmente son competencia de las Comunidades Autónomas, ¿propondrá el cambio legislativo para que sean las universidades las competentes? ¿Como se va a garantizar el acceso de los estudiantes con menos medios económicos a la universidad?
¿Tienen previsto incrementar la temporalidad y precariedad con salarios aún más bajos en la carrera académica e investigadora: 4 años de becario + 4 de ayudante + 4 de ayudante doctor y por fin un contrato no temporal? ¿Les parece poca "flexibilidad"?
CCOO hace un llamamiento para permanecer atentos ante el grado de aceptación que el Ministerio prestará a las propuestas de algunos que se autotitulan como "expertos" y nos aleccionan sobre lo que se ha de hacer con la enseñanza superior en España, encubriendo auténticos ataques al estado social de derecho y cargando contra el carácter público de nuestras universidades.
- Proposición no de Ley relativa a los profesores eméritos en el ámbito de la universidad Diario de sesiones del Congreso de los Diputados del día 26 de octubre.
- Libro Propuestas para la reforma de la Universidad Española.
lunes, 22 de noviembre de 2010
Vergonzoso acuerdo del Parlamento de Canarias en materia de ayudas asistenciales (acción social) para los empleados públicos
El pasado día 27 de octubre el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias publicaba un acuerdo de la Mesa de dicho órgano, firmado por su presidente Antonio Castro Cordobés, por el que se incrementan las cuantías de las ayudas de acción social en favor del personal al servicio del Parlamento.
Esta noticia no dejaría de ser simple anécdota si no fuera porque un mes más tarde el Boletín Oficial de Canarias publica la resolución del Gobierno de suspender durante el año 2011 las ayudas de acción social del personal al servicio de la Comunidad Autónoma.
Lo que parece una contradicción (el Gobierno suspende las ayudas para sus funcionarios al mismo tiempo que el Parlamento, gobernado por los mismos partidos, mantiene las de los suyos e incluso las incrementa) no es sino la muestra palpable de que las soluciones para esta crisis económica se aplican según la conveniencia y el amiguismo.
El Gobierno de Canarias, al acordar el recorte de las ayudas de acción social para todo el personal que trabaja para la Comunidad Autónoma, quiere ahorrar dinero a costa de los empleados públicos. Dinero que ha venido malgastando durante años en viajes, indemnizaciones tipo "Tindaya" y enchufes en empresas públicas.
Pero también quiere desviar la atención sobre los verdaderos responsables de la crisis: los bancos y constructores que han estado especulado en los últimos años. Éstos abandonarán las primeras páginas de la prensa y, en su lugar, pasaremos a estar nosotros, los que cobramos un salario del dinero público.
Sin embargo, en paralelo con esta actuación, los mismos partidos que sustentan al Gobierno de Canarias acuerdan renovar e incrementar el gasto en esas mismas ayudas pero, esta vez, para otros funcionarios: aquellos que están más próximos a ellos, los que trabajan para el propio Parlamento de Canarias.
Sabemos que es fácil subirse a este carro de restricciones y recortes. Ya lo hemos visto cuando en Canarias se cometen barbaridades que aún no se ha planteado en ninguna otra parte de España. Por eso avisamos desde ahora mismo que CCOO no esta dispuesta a extender este tipo de restricciones a las ayudas asistenciales de nuestra universidad. Menos aún, cuando nuestras ayudas no son "universales" y solamente se adjudican basadas en un riguroso limite de renta familiar. Por tanto, recortar estas ayudas en la ULL significaría atacar al eslabón mas débil, aquellos que disponen de menos recursos.
Que el Parlamento de Canarias haya aprobado renovar estas ayudas no es escandaloso, lo vergonzante es que al mismo tiempo convalide los acuerdos del Gobierno de congelarlas para el resto de los empleados públicos.
Universidad de La Laguna: NOTICIA DE ÚLTIMA HORA
Ayer lunes 22, durante una reunión, los representantes de CCOO le preguntaron al Gerente sobre la continuidad de las ayudas asistenciales en el 2011.
El Gerente confirmó que los recortes de la Consejería obligarán a la ULL a reducir sus presupuestos para el año próximo, fundamentalmente en gasto corriente y sobre todo en inversiones, pero que se mantiene la totalidad de la financiación en materia de personal. Por lo que sueldos, plazas recogidas en RPT y las ayudas asistenciales estan garantizadas. Recordar que la RPT del profesorado esta aprobada y en proceso de ser publicada en el Boletín.
Esta noticia no dejaría de ser simple anécdota si no fuera porque un mes más tarde el Boletín Oficial de Canarias publica la resolución del Gobierno de suspender durante el año 2011 las ayudas de acción social del personal al servicio de la Comunidad Autónoma.
Lo que parece una contradicción (el Gobierno suspende las ayudas para sus funcionarios al mismo tiempo que el Parlamento, gobernado por los mismos partidos, mantiene las de los suyos e incluso las incrementa) no es sino la muestra palpable de que las soluciones para esta crisis económica se aplican según la conveniencia y el amiguismo.
El Gobierno de Canarias, al acordar el recorte de las ayudas de acción social para todo el personal que trabaja para la Comunidad Autónoma, quiere ahorrar dinero a costa de los empleados públicos. Dinero que ha venido malgastando durante años en viajes, indemnizaciones tipo "Tindaya" y enchufes en empresas públicas.
Pero también quiere desviar la atención sobre los verdaderos responsables de la crisis: los bancos y constructores que han estado especulado en los últimos años. Éstos abandonarán las primeras páginas de la prensa y, en su lugar, pasaremos a estar nosotros, los que cobramos un salario del dinero público.
Sin embargo, en paralelo con esta actuación, los mismos partidos que sustentan al Gobierno de Canarias acuerdan renovar e incrementar el gasto en esas mismas ayudas pero, esta vez, para otros funcionarios: aquellos que están más próximos a ellos, los que trabajan para el propio Parlamento de Canarias.
Sabemos que es fácil subirse a este carro de restricciones y recortes. Ya lo hemos visto cuando en Canarias se cometen barbaridades que aún no se ha planteado en ninguna otra parte de España. Por eso avisamos desde ahora mismo que CCOO no esta dispuesta a extender este tipo de restricciones a las ayudas asistenciales de nuestra universidad. Menos aún, cuando nuestras ayudas no son "universales" y solamente se adjudican basadas en un riguroso limite de renta familiar. Por tanto, recortar estas ayudas en la ULL significaría atacar al eslabón mas débil, aquellos que disponen de menos recursos.
Que el Parlamento de Canarias haya aprobado renovar estas ayudas no es escandaloso, lo vergonzante es que al mismo tiempo convalide los acuerdos del Gobierno de congelarlas para el resto de los empleados públicos.
- Acuerdo del Parlamento de Canarias.
- Estudio comparativo entre las ayudas asistenciales del Parlamento de Canarias, del Gobierno de Canarias, de la Universidad de La Laguna y de MUFACE (*).
Universidad de La Laguna: NOTICIA DE ÚLTIMA HORA
Ayer lunes 22, durante una reunión, los representantes de CCOO le preguntaron al Gerente sobre la continuidad de las ayudas asistenciales en el 2011.
El Gerente confirmó que los recortes de la Consejería obligarán a la ULL a reducir sus presupuestos para el año próximo, fundamentalmente en gasto corriente y sobre todo en inversiones, pero que se mantiene la totalidad de la financiación en materia de personal. Por lo que sueldos, plazas recogidas en RPT y las ayudas asistenciales estan garantizadas. Recordar que la RPT del profesorado esta aprobada y en proceso de ser publicada en el Boletín.
jueves, 18 de noviembre de 2010
CCOO responde al Ministro Chaves que ya existe la fórmula para ligar salario y productividad
CCOO ha respondido a las desafortunadas declaraciones sobre el salario de los empleados públicos realizadas por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves.
Chaves ha propuesto realizar un estudio para ligar el salario con la productividad y CCOO le ha recordado que ese mecanismo ya existe. Esta estipulado en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) pactado con los sindicatos y que, después de tres años desde su promulgación, no se aplica por falta de interés del Gobierno.
El Artículo 20 del EBEP dice, entre otras cosas:
"La evaluación del desempeño.
1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.
2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.
3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del presente Estatuto [...]".
De hecho, este mecanismo de evaluación del desempeño con percepción de retribuciones por cumplimiento de objetivos, se viene aplicando en algunos servicios administrativos de la Administración Central y en varias universidades.
Las unidades administrativas que estan aplicándolo son las que han podido establecer objetivos claros de rendimiento, fundamentalmente en áreas de recaudación y, en el caso de las universidades, este mecanismo se ha vinculado a la obtención de objetivos de mejora en la calidad como consecuencia de la adaptación a Europa.
Sin embargo, las palabras del Ministro no pretenden avanzar hacia la aplicación de esta medida en el resto de la Administración Pública. En realidad responden al interés de seguir ofreciendo una imagen negativa de los empleados públicos e ir preparando el terreno para nuevos recortes.
Chaves ha propuesto realizar un estudio para ligar el salario con la productividad y CCOO le ha recordado que ese mecanismo ya existe. Esta estipulado en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) pactado con los sindicatos y que, después de tres años desde su promulgación, no se aplica por falta de interés del Gobierno.
El Artículo 20 del EBEP dice, entre otras cosas:
"La evaluación del desempeño.
1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.
2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.
3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del presente Estatuto [...]".
De hecho, este mecanismo de evaluación del desempeño con percepción de retribuciones por cumplimiento de objetivos, se viene aplicando en algunos servicios administrativos de la Administración Central y en varias universidades.
Las unidades administrativas que estan aplicándolo son las que han podido establecer objetivos claros de rendimiento, fundamentalmente en áreas de recaudación y, en el caso de las universidades, este mecanismo se ha vinculado a la obtención de objetivos de mejora en la calidad como consecuencia de la adaptación a Europa.
Sin embargo, las palabras del Ministro no pretenden avanzar hacia la aplicación de esta medida en el resto de la Administración Pública. En realidad responden al interés de seguir ofreciendo una imagen negativa de los empleados públicos e ir preparando el terreno para nuevos recortes.
martes, 16 de noviembre de 2010
Nuevos recortes para los empleados públicos: ¡Seguimos movilizándonos!
Mientras el Gobierno de Zapatero continúa con su plan de reducción de derechos en materia de jubilación y pensiones, en nuestras islas el Gobierno de Canarias ha empezado a aplicar sus propios recortes a los empleados públicos.
Recientemente ha aprobado un Plan de medidas de recorte del gasto público que, en el apartado de recursos humanos, recorta numerosos derechos al personal laboral y funcionario (de administración, servicios, sanidad o educación) de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Destacan, por su importancia, los relativos a la suspensión de varios apartados del Convenio Colectivo, la eliminación de las ayudas de acción social (médicas, premios de jubilación y/o permanencia, etc...), la paralización del Plan de pensiones y la reorganización de la Inspección Médica a la que se dan nuevas atribuciones.
Este último apartado es especialmente grave ya que permite el uso indebido de información reservada que, incluso, podrá llegar a manos de los gestores de las Consejerías. Algo que esta expresamente prohibido porque se trata de información médica de carácter reservada.
Es de destacar que previamente existía un documento de la Consejería de la Presidencia que incluía mas recortes y que, finalmente, no se han atrevido a aplicar.
Por eso, ahora más que nunca, debemos redoblar los esfuerzos por participar en las movilizaciones de protesta. Sólo así podremos parar estas iniciativas.
Recientemente ha aprobado un Plan de medidas de recorte del gasto público que, en el apartado de recursos humanos, recorta numerosos derechos al personal laboral y funcionario (de administración, servicios, sanidad o educación) de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Destacan, por su importancia, los relativos a la suspensión de varios apartados del Convenio Colectivo, la eliminación de las ayudas de acción social (médicas, premios de jubilación y/o permanencia, etc...), la paralización del Plan de pensiones y la reorganización de la Inspección Médica a la que se dan nuevas atribuciones.
Este último apartado es especialmente grave ya que permite el uso indebido de información reservada que, incluso, podrá llegar a manos de los gestores de las Consejerías. Algo que esta expresamente prohibido porque se trata de información médica de carácter reservada.
Es de destacar que previamente existía un documento de la Consejería de la Presidencia que incluía mas recortes y que, finalmente, no se han atrevido a aplicar.
- Comparativa entre los recortes laborales previstos y los aplicados realmente.
- Extracto con la totalidad de los recortes laborales aprobados.
- Texto íntegro del acuerdo del Gobierno de Canarias publicado en el BOC.
Por eso, ahora más que nunca, debemos redoblar los esfuerzos por participar en las movilizaciones de protesta. Sólo así podremos parar estas iniciativas.
lunes, 15 de noviembre de 2010
Hoy lunes está reunida la Mesa Sectorial, integrada por sindicatos y el Ministerio, para debatir el borrador definitivo del Estatuto del PDI
Hoy lunes se está reuniendo la Mesa Sectorial de Universidades, compuesta por los Sindicatos más representativos y el Ministerio, para debatir el borrador definitivo del Estatuto del PDI. Siendo destacable que la sesión se convocó de urgencia el pasado jueves, momento en el que las últimas intervenciones públicas del Ministerio estaban mostrando una actitud de hostilidad de cara a la negociación.
Por esta razón CCOO mantiene la incertidumbre respecto de la voluntad negociadora del Gobierno para llegar a acuerdos.
La versión del documento es diferente a la que trabajó la última Mesa de abril, aunque recoge parte de lo tratado con anterioridad. Sin embargo, NO dispone de una MEMORIA ECONÓMICA, ni de un CALENDARIO DE APLICACIÓN y HAN DESAPARECIDO LOS BAREMOS TRABAJADOS por lo que estas carencias, que afectan a la aplicación de la carrera horizontal y evaluaciones globales, tendrán que ser explicadas en la Mesa que se celebra hoy.
Además, el texto presentado no concreta ciertas cuestiones importantes reivindicadas por CCOO, y algunas materias ya pactadas requieren de ciertos matices en su redacción.
Algunas cuestiones que CCOO ha reivindicado y que se recogen en el Borrador presentado son:
Por todo ello y en consonancia con las movilizaciones previstas, desde las universidades habrá que estar muy atentos, ya que en este sector se han recortado derechos y salarios como a todos los empleados, pero además la implantación de la nuevas titulaciones nos hace trabajar más.
CCOO exige voluntad política al Gobierno para ver hechos tangibles sin marear la perdiz como hasta ahora ha ocurrido.
Por esta razón CCOO mantiene la incertidumbre respecto de la voluntad negociadora del Gobierno para llegar a acuerdos.
La versión del documento es diferente a la que trabajó la última Mesa de abril, aunque recoge parte de lo tratado con anterioridad. Sin embargo, NO dispone de una MEMORIA ECONÓMICA, ni de un CALENDARIO DE APLICACIÓN y HAN DESAPARECIDO LOS BAREMOS TRABAJADOS por lo que estas carencias, que afectan a la aplicación de la carrera horizontal y evaluaciones globales, tendrán que ser explicadas en la Mesa que se celebra hoy.
Además, el texto presentado no concreta ciertas cuestiones importantes reivindicadas por CCOO, y algunas materias ya pactadas requieren de ciertos matices en su redacción.
Algunas cuestiones que CCOO ha reivindicado y que se recogen en el Borrador presentado son:
- La accesibilidad de la comunidad universitaria al Plan individual de dedicación académica (PDA).
- La asignación máxima a la docencia de todo el PDI de 240 horas de cómputo anual o de 8 horas semana (aunque reivindicamos matizaciones en las actividades previstas).
- La posibilidad de funcionarización mediante concurso de promoción interna de los profesores con contrato laboral indefinido acreditados para titular de universidad según lo previsto en la disposición transitoria 2ª del EBEP.
- Los profesores titulares de escuela universitaria en el momento en que alcancen el grado de Doctor tendrán el complemento de destino nivel 27.
- Las CC.AA. pueden complementar el componente general del complemento específico y el de carrera horizontal.
- Mantenimiento de quinquenios y sexenios según el vigente R.D. de Retribuciones.
- La desaparición de los baremos acordados de la carrera horizontal.
- La no equiparación de los quinquenios y los sexenios de los diferentes cuerpos.
- La no equiparación del complemento específico a otros cuerpos de la administración pública de categorías similares.
- La creación de dedicaciones a tiempo parciales especiales destinadas a permitir que algunos cobren en la universidad el 80 % de las retribuciones y fuera todo lo que les sea posible.
- La facilidad absoluta para irse a empresas privadas sin compensación a las universidades que con dinero público han formado a los empresarios de las empresas de base tecnológica.
- El régimen de explotación de los resultados de la investigación.
Por todo ello y en consonancia con las movilizaciones previstas, desde las universidades habrá que estar muy atentos, ya que en este sector se han recortado derechos y salarios como a todos los empleados, pero además la implantación de la nuevas titulaciones nos hace trabajar más.
CCOO exige voluntad política al Gobierno para ver hechos tangibles sin marear la perdiz como hasta ahora ha ocurrido.
jueves, 11 de noviembre de 2010
CCOO sigue siendo el sindicato más representativo de la Universidad de La Laguna
Culminado el proceso electoral del PDI laboral, donde CCOO ha obtenido 5 representantes y la Coalición sindical (formada por UGT, Asamblea del Profesorado e Intersindical Canaria) 12 delegados/as, la Sección Sindical de CCOO sigue siendo el sindicato más representativo en la Universidad de La Laguna.
De un total de 66 representantes sindicales, 19 corresponden a CCOO que, además, es el único sindicato con representación en todos los sectores de la ULL.
El segundo sindicato más representativo es Intersindical Canaria con 16 y a continuación, con muchos menos delegados, esta UGT con 11.
Los/as 66 representantes sindicales se distribuyen de la siguiente manera:
De un total de 66 representantes sindicales, 19 corresponden a CCOO que, además, es el único sindicato con representación en todos los sectores de la ULL.
El segundo sindicato más representativo es Intersindical Canaria con 16 y a continuación, con muchos menos delegados, esta UGT con 11.
Los/as 66 representantes sindicales se distribuyen de la siguiente manera:
- 23 de la Junta de Personal del PDI Funcionario.
- 17 del Comité de Empresa del PDI Laboral.
- 13 del Comité de Empresa del PAS Laboral.
- 13 de la Junta de Personal del PAS Funcionario.
lunes, 8 de noviembre de 2010
Elecciones Sindicales 10 de noviembre: PDI laboral y Personal Investigador contratado de la ULL
En estos primeros cuatro años de experiencia en el primer Comité de PDI Laboral de la ULL, los representantes de CCOO han defendido en todos los frentes los intereses colectivos e individuales del profesorado laboral y del personal investigador: propusimos el texto base para la propuesta de Convenio Colectivo, hemos denunciado y presionado para fomentar la cultura de la negociación del Rectorado con nuestro colectivo, hemos exigido continuamente que se tuviera en cuenta al personal investigador, hemos defendido la promoción para todos incluidos los tiempos parciales, las 8 horas máximas de docencia, intentado hasta el final que el plan de prejubilaciones se aplicase también al profesorado laboral, estamos vigilantes para que las contrataciones de renovación realmente se produzcan, hemos asesorado y acompañado a los compañeros y compañeras en situaciones laborales difíciles, y un largo etcétera.
Afrontamos este segundo Comité con más respeto y más ilusión. El principal objetivo es que se nos reconozca en la ULL como un profesorado de primera, a la altura de las acreditaciones de primera que hemos superado con nuestro trabajo, con los mismos derechos y obligaciones que los profesores funcionarios. Tenemos que conseguir un Convenio Colectivo que incluya a todos, también a los contratos de investigación, con una promoción y estabilidad laboral garantizada mediante una carrera profesional definida y clara. Es necesario que la renovación de la plantilla universitaria se haga efectiva y, por tanto, garantizar un plan de nuevas contrataciones. Tenemos que conseguir que el profesorado que quiera promocionar y esté acreditado para ello pueda hacerlo, sea cuál sea su dedicación. Que se reconozcan nuestros méritos docentes e investigadores.
Es por esto que todos nos jugamos mucho en este segundo Comité de Empresa de la ULL. La participación masiva en las elecciones será la clave para conseguir un Comité con la fuerza y el respaldo necesario para mejorar nuestras condiciones laborales y defender nuestros derechos.
¡A igual trabajo (que los funcionarios) igual salario (e iguales derechos)!
¡Por la inclusión del Personal Investigador en el Convenio Colectivo del PDI!
Afrontamos este segundo Comité con más respeto y más ilusión. El principal objetivo es que se nos reconozca en la ULL como un profesorado de primera, a la altura de las acreditaciones de primera que hemos superado con nuestro trabajo, con los mismos derechos y obligaciones que los profesores funcionarios. Tenemos que conseguir un Convenio Colectivo que incluya a todos, también a los contratos de investigación, con una promoción y estabilidad laboral garantizada mediante una carrera profesional definida y clara. Es necesario que la renovación de la plantilla universitaria se haga efectiva y, por tanto, garantizar un plan de nuevas contrataciones. Tenemos que conseguir que el profesorado que quiera promocionar y esté acreditado para ello pueda hacerlo, sea cuál sea su dedicación. Que se reconozcan nuestros méritos docentes e investigadores.
Es por esto que todos nos jugamos mucho en este segundo Comité de Empresa de la ULL. La participación masiva en las elecciones será la clave para conseguir un Comité con la fuerza y el respaldo necesario para mejorar nuestras condiciones laborales y defender nuestros derechos.
¡A igual trabajo (que los funcionarios) igual salario (e iguales derechos)!
¡Por la inclusión del Personal Investigador en el Convenio Colectivo del PDI!
miércoles, 3 de noviembre de 2010
Nuevo Proyecto por el que se regulan las Enseñanzas oficiales de Doctorado
El día 5 de octubre se envió al Consejo de Estado un nuevo Proyecto por el que se regulan las Enseñanzas oficiales de Doctorado, documento que no ha sido presentado a los sindicatos y que CCOO ha conseguido utilizando fuentes no oficiales.
Dado que es un proyecto que incide directamente en las condiciones laborales del personal en formación de las Universidades, consideramos que debe ser negociado y así se lo hemos manifestado al Gobierno.
El proyecto presenta una serie de novedades que se pueden aglutinar en tres bloques:
PRIVATIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO
El proyecto muestra una deriva privatizadora bastante intensa de los estudios de doctorado, desde el momento que se da cabida formalmente a instituciones privadas (entidadesempresariales que cuenten con actividades de I+D+i). Siendo el punto más crítico la presencia de estas entidades privadas en el propio comité de dirección de las mencionadas Escuelas de Doctorado.
ESQUIZOFRENIA REGULATIVA ENTRE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y FUNCIÓN CENSORA DE LOS ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN
Se hace desaparecer cualquier referencia al catálogo de Enseñanzas Universitarias, dando a las Universidades plena autonomía para la elaboración y conformación de los programas de doctorado.
Pero, el contrapunto de este refuerzo de la autonomía universitaria en el proceso de EEES, lo constituye la panoplia de organismos de verificación de los programas de doctorado, unido a la ambigüedad de los criterios bajo los que teóricamente se procederá a verificar programas.
PRECARIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN
La última crítica y la más importante desde el punto de vista laboral a este proyecto, es la prolongación de los tiempos que se preveen para estar en posesión del título de doctor, por lo que alargará innecesariamente su etapa temporal en la mayoría de los casos del personal en formación, y su posible contratación en prácticas con el correspondiente recorte retributivo.
Dado que es un proyecto que incide directamente en las condiciones laborales del personal en formación de las Universidades, consideramos que debe ser negociado y así se lo hemos manifestado al Gobierno.
El proyecto presenta una serie de novedades que se pueden aglutinar en tres bloques:
PRIVATIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO
El proyecto muestra una deriva privatizadora bastante intensa de los estudios de doctorado, desde el momento que se da cabida formalmente a instituciones privadas (entidadesempresariales que cuenten con actividades de I+D+i). Siendo el punto más crítico la presencia de estas entidades privadas en el propio comité de dirección de las mencionadas Escuelas de Doctorado.
ESQUIZOFRENIA REGULATIVA ENTRE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y FUNCIÓN CENSORA DE LOS ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN
Se hace desaparecer cualquier referencia al catálogo de Enseñanzas Universitarias, dando a las Universidades plena autonomía para la elaboración y conformación de los programas de doctorado.
Pero, el contrapunto de este refuerzo de la autonomía universitaria en el proceso de EEES, lo constituye la panoplia de organismos de verificación de los programas de doctorado, unido a la ambigüedad de los criterios bajo los que teóricamente se procederá a verificar programas.
PRECARIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN
La última crítica y la más importante desde el punto de vista laboral a este proyecto, es la prolongación de los tiempos que se preveen para estar en posesión del título de doctor, por lo que alargará innecesariamente su etapa temporal en la mayoría de los casos del personal en formación, y su posible contratación en prácticas con el correspondiente recorte retributivo.
lunes, 1 de noviembre de 2010
Primero el sueldo de los empleados públicos. Después la Reforma Laboral. Y ahora la jubilación a los 67: ¡RECTIFICACIÓN YA!
Desde CCOO manifestamos nuestro rechazo a la política del gobierno sobre la reforma de las pensiones, basada únicamente en un acuerdo parlamentario, que excluye el papel del Pacto de Toledo. Estamos en contra de la imposición de reformas unilaterales que suponen reducción de derechos.
Los medios de comunicación están dando difusión a manifiestos promovidos por unos autoproclamados “expertos economistas”, los 100 economistas, que ya intentaron fijar opinión respecto a la reforma laboral, con la propuesta del contrato único con indemnización progresiva. En este manifiesto, proponen una serie de medidas de reforma de las pensiones que pretenden debilitar al máximo la protección del sistema público para hacer imprescindible la contratación de planes privados.
La objetividad y credibilidad de las propuestas de reforma del sistema de pensiones de este grupo de 100 economistas es más que dudosa si se tiene en cuenta que los aglutina FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y que cuenta con 10 directivos de entidades financieras entre los 16 miembros de su patronato.
El interés empresarial del sector financiero para vender sus productos de planes de pensiones privados ha promovido la reiterada publicación de estudios que avisaban del fallo del sistema antes del 2000 y la necesidad de evolucionar hacia un sistema mixto, como el chileno, que ha demostrado consecuencias desastrosas.
Desde CCOO denunciamos que debido al volumen de dinero que mueve el sistema de pensiones, y el hecho que sea un sistema con superávit, hace de éste un objetivo de negocio para el sistema financiero. No debemos permitir que las pensiones queden en manos de los bancos. Hay que mantener su carácter público que ha permitido erradicar la pobreza de la gente mayor de nuestro país.
En 1995 el Pacto de Toledo elaboró una serie de recomendaciones para garantizar el futuro del sistema de pensiones, que continúan siendo válidas, entre las que se incluyen los principios básicos de nuestro sistema, de carácter público, solidaridad intergeneracional e interterritorial, caja única, contributividad, garantía de ingresos, redistributivo y compensador en período de crisis.
Nuestro sistema público de pensiones goza de buena salud, no presenta números rojos, sino al contrario, y dispone de un fondo de reserva dotado en 62.000 MEUR.
El sistema está expuesto a importantes retos de futuro, sobretodo de carácter demográfico, por el envejecimiento de la población y también por el aumento del gasto en pensiones, por lo que deberá compensarse con una mejora de los ingresos por cotizaciones sociales y la racionalidad del gasto.
Retrasar la edad de jubilación obligatoria hasta los 67 años es contradictorio con las desorbitadas tasas de paro entre los jóvenes, las condiciones de salud de los trabajadores de más edad y la falta de prevención de riesgos laborales.
Por otro lado, retrasar hasta los 63 años la edad mínima de jubilación anticipada no tiene justificación, dado que se ha demostrado que la jubilación flexible, tiene efectos netos sobre el sistema público de pensiones.
Además, exigir un mínimo de 40 años para tener el 100% de la jubilación impediría su cobro íntegro a un importante número de pensionistas, debido a la realidad de nuestro mercado de trabajo (entrada tardía y salida prematura, temporalidad, períodos de desocupación,…).
Para CCOO su viabilidad ha de basarse en mejorar los ingresos mediante: políticas activas que creen ocupación, mejoras de las relaciones laborales, políticas de atención a las familias, cumplimiento de los compromisos del Acuerdo 2006, separación definitiva de los fondos de financiación.
Consideramos que tanto las medidas de ajuste económico que recortan la inversión pública, reducen la capacidad adquisitiva de pensionistas y trabajadores de las Administraciones Públicas, limitan la actividad económica como la reforma laboral que no creará ocupación y que en cambio abaratará y facilitará el despido, y mantendrá la temporalidad injustificada, no ponen las bases para garantizar el futuro del sistema de pensiones dado que no generan más ingresos.
Lecturas recomendadas sobre el tema:
Los medios de comunicación están dando difusión a manifiestos promovidos por unos autoproclamados “expertos economistas”, los 100 economistas, que ya intentaron fijar opinión respecto a la reforma laboral, con la propuesta del contrato único con indemnización progresiva. En este manifiesto, proponen una serie de medidas de reforma de las pensiones que pretenden debilitar al máximo la protección del sistema público para hacer imprescindible la contratación de planes privados.
La objetividad y credibilidad de las propuestas de reforma del sistema de pensiones de este grupo de 100 economistas es más que dudosa si se tiene en cuenta que los aglutina FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y que cuenta con 10 directivos de entidades financieras entre los 16 miembros de su patronato.
El interés empresarial del sector financiero para vender sus productos de planes de pensiones privados ha promovido la reiterada publicación de estudios que avisaban del fallo del sistema antes del 2000 y la necesidad de evolucionar hacia un sistema mixto, como el chileno, que ha demostrado consecuencias desastrosas.
Desde CCOO denunciamos que debido al volumen de dinero que mueve el sistema de pensiones, y el hecho que sea un sistema con superávit, hace de éste un objetivo de negocio para el sistema financiero. No debemos permitir que las pensiones queden en manos de los bancos. Hay que mantener su carácter público que ha permitido erradicar la pobreza de la gente mayor de nuestro país.
En 1995 el Pacto de Toledo elaboró una serie de recomendaciones para garantizar el futuro del sistema de pensiones, que continúan siendo válidas, entre las que se incluyen los principios básicos de nuestro sistema, de carácter público, solidaridad intergeneracional e interterritorial, caja única, contributividad, garantía de ingresos, redistributivo y compensador en período de crisis.
Nuestro sistema público de pensiones goza de buena salud, no presenta números rojos, sino al contrario, y dispone de un fondo de reserva dotado en 62.000 MEUR.
El sistema está expuesto a importantes retos de futuro, sobretodo de carácter demográfico, por el envejecimiento de la población y también por el aumento del gasto en pensiones, por lo que deberá compensarse con una mejora de los ingresos por cotizaciones sociales y la racionalidad del gasto.
Retrasar la edad de jubilación obligatoria hasta los 67 años es contradictorio con las desorbitadas tasas de paro entre los jóvenes, las condiciones de salud de los trabajadores de más edad y la falta de prevención de riesgos laborales.
Por otro lado, retrasar hasta los 63 años la edad mínima de jubilación anticipada no tiene justificación, dado que se ha demostrado que la jubilación flexible, tiene efectos netos sobre el sistema público de pensiones.
Además, exigir un mínimo de 40 años para tener el 100% de la jubilación impediría su cobro íntegro a un importante número de pensionistas, debido a la realidad de nuestro mercado de trabajo (entrada tardía y salida prematura, temporalidad, períodos de desocupación,…).
Para CCOO su viabilidad ha de basarse en mejorar los ingresos mediante: políticas activas que creen ocupación, mejoras de las relaciones laborales, políticas de atención a las familias, cumplimiento de los compromisos del Acuerdo 2006, separación definitiva de los fondos de financiación.
Consideramos que tanto las medidas de ajuste económico que recortan la inversión pública, reducen la capacidad adquisitiva de pensionistas y trabajadores de las Administraciones Públicas, limitan la actividad económica como la reforma laboral que no creará ocupación y que en cambio abaratará y facilitará el despido, y mantendrá la temporalidad injustificada, no ponen las bases para garantizar el futuro del sistema de pensiones dado que no generan más ingresos.
Lecturas recomendadas sobre el tema:
- Los errores del manifiesto neoliberal sobre las pensiones de los cien economistas, de Vicenç Navarro.
- ¿Están en peligro las pensiones públicas?, Libro con las preguntas que todos nos hacemos y las respuestas que siempre nos ocultan, de Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa - ATTAC.
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