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lunes, 23 de enero de 2023

Mejoras en la Ley de Función Pública de la Administración del Estado

CCOO reconoce importantes avances en el trabajo desarrollado al amparo del Acuerdo marco para una Administración del siglo XXI, con mejoras en más del 60 % del articulado de la nueva Ley de la Función Pública para la Administración General del Estado, pero advierte de que no se puede avalar el Anteproyecto aprobado hace un mes por el Consejo de Ministros, si no se consolidan los derechos del personal público

CCOO ha presentado en rueda de prensa las mejoras introducidas en el Anteproyecto de la Ley de Función Pública de la Administración del Estado. Anticipa que el trabajo bilateral con el Gobierno, firmado dentro del Acuerdo marco para una Administración del siglo XXI, debe continuar avanzando para que puedan avalar la norma que regirá las condiciones laborales del personal público en los próximos años.

El sindicato destaca el trabajo lento y sosegado que se viene llevando a cabo y que ha supuesto 250 modificaciones en el texto hasta el momento, alcanzando a 88 de sus artículos, un 63 % del total. Advierte, sin embargo, de que se mantienen artículos que limitan derechos ya consolidados para el personal público reglamentariamente o mediante acuerdos en el diálogo social, siendo imprescindible su modificación no solo para garantizar las condiciones laborales, sino también por la influencia directa de estas sobre la sociedad y la aplicación de las políticas públicas y sociales desarrolladas por el Gobierno.


Entre los contenidos con mayores mejoras, destacan la evaluación del desempeño, en la que se ha eliminado gran parte del carácter limitador de derechos en favor de un enfoque que valora los resultados positivos. CCOO considera que este cambio dirige los esfuerzos del personal al cumplimiento de objetivos, y no al miedo a la sanción, por lo que se refuerza su función de cara a los derechos de la ciudadanía. Sigue pendiente el reconocimiento de la participación sindical en la evaluación, como garantía para las plantillas a las que representan, y mayor concreción en los criterios del sistema y el complemento retributivo asociado.

Coinciden en la importancia de la introducción de un título completo sobre los derechos y deberes del personal público, donde se recogen garantías como la inamovilidad en la condición de empleado público, y los avances en la carrera profesional e igualdad, entre otras materias.

Sin embargo, apuntan a la necesidad de mantener el ritmo en el trabajo bilateral, para continuar consolidando mejoras en el Anteproyecto, ya que según señalan todavía se mantienen alrededor de 200 enmiendas en discusión.

Entre los aspectos pendientes, recuerdan los derechos en la movilidad, el desarrollo del grupo profesional B, la garantía retributiva, la extensión a la totalidad del personal, la eliminación de la discrecionalidad en la adjudicación de puestos, la supresión de la movilidad forzosa o asegurar la jornada laboral de 35 horas.

CCOO confía en el trabajo de la Mesa General de Negociación como palanca de apoyo a las propuestas que viene realizando en el grupo bilateral, y confían en que el mantenimiento de ambos foros permita que se avance con mayor celeridad en el consenso en torno a las enmiendas pendientes de recoger en el texto. Alertan de la necesidad de reforzar y mejorar los derechos del personal público, como única garantía de que los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía se llevan a cabo bajo los principios de igualdad, transparencia y objetividad, y con criterios de interés público. Concluyen esperando que el compromiso social del Gobierno se concrete en mejoras de la Administración que depende directamente de su acción, superando la mera modificación del Anteproyecto actual.

miércoles, 21 de septiembre de 2011

Información sobre la primera reunión de la Mesa General de empleados públicos de Canarias

La Mesa General de empleados públicos de Canarias es donde se desarrollan las negociaciones entre los sindicatos y el Gobierno de Canarias para decidir sobre diversos aspectos que afectan al personal funcionario y laboral de nuestra Comunidad Autónoma.

Conviene recordar que el pasado verano de 2010 informamos, a través del blog, que el Gobierno de Canarias estaba preparando una nueva Ley de Función Pública y que había incluído al PAS de las universidades en la misma (ver la noticia sobre esa inclusión). Por lo que, de aprobarse, significaría que todas las normas de la Comunidad Autónoma podrían sernos de aplicación directa.

En este mes se ha celebrado la primera reunión después de constituirse el nuevo Gobierno de Canarias, y una de las cosas que se informó en la Mesa General de negociación es que aquel borrador de ley quedaba aparcado y se comenzará una nueva redacción.

Por parte de los sindicatos, asistieron a la Mesa General de negociación: CCOO, UGT, Sepca e Intersindical Canaria (únicas organizaciones que tienen más del 10% de representación entre los empleados públicos de las islas).

El Gobierno estuvo representado por el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Francisco Hernández Spínola), la Viceconsejera de Administraciones Públicas (Carmen Nieves Rodriguez Fraga) y el Director General de la Función Pública (Aarón Afonso González).

La reunión se inició con la intervención del Consejero de Presidencia, explicando las orientaciones generales de la política del Gobierno de Canarias, y cuyo principal objetivo es la reforma completa de las Administraciones Públicas con el objetivo de hacerlas más transparentes y flexibles. Manifiesta que deben continuar insistiendo en ello aunque ésta es una promesa que se viene haciendo desde hace 21 años y aún no se ha avanzado en ello para lograr un necesario pacto de las administraciones locales y de los cabildos que garantice la simplificación de los trámites administrativos y la no duplicidad de las gestiones.

El Consejero dice que lo van a intentar otra vez, sabiendo que es una tarea muy complicada  y desean la colaboración de todos, porque esta tarea no puede ser exclusiva del Gobierno. Por eso va a pedir la colaboración de cabildos, de ayuntamientos, de las organizaciones sindicales (los trabajadores), y del propio Parlamento.

Parte de estos cambios que entiende deben realizar están por modificar de la ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y aprobar la nueva ley de la Función Pública Canaria, para lo que recopilaran el trabajo realizado en la anterior legislatura, lo estudiaran y nos harán llegar un primer borrador para iniciar jornadas de debate y negociación del mismo.

Otras de las cuestiones a tener en cuenta es continuar con la simplificación de procedimientos administrativos, la implantación de la Administración electrónica y la mejora en la coordinación de servicios.

También dice que su idea estriba en buscar la productividad de la Función Pública Canaria para lo que será necesario la distribución de competencias, la gestión y organización de los recursos humanos y la canalización de la participación ciudadana.

Otra de sus preocupaciones que manifiesta es garantizar la estabilidad en el empleo público aunque dice ser conciente del marco presupuestario en el que se moverán. Comenta y recuerda la situación económica global de crisis internacional, europea y nacional, y como cada día nos sobresaltan con cuestiones como la prima de riesgo, la bajada del IBEX, etc. Entre otras cuestiones porque hay que ajustarse a la normativa europea de control del déficit.

En este sentido recuerda que el techo de las Autonomías es del 1,3% del PIB de deuda pública, se desea llegar a 1,0% en 2013. Por lo que se irá al 1,3% en 2012 y al 1,1% en el 2013, es un objetivo para el que Canarias viene trabajando en los últimos años, por lo que la reducción prevista para 2012 en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias ronda el 3%. Precisamente porque Canarias viene cumpliendo con los objetivos puede solicitar las ayudas al estado, y recurrir al endeudamiento permitido.

El ajuste presupuestario de 2011, reducción del 11,8%, que supuso reducción de los salarios de los empleados públicos y bajada de la masa salarial debido a las medidas establecidas por el Estado, fue un duro golpe a los servicios públicos con restricciones importantes que no obstante no han supuesto en 2011 una quiebra del sistema y que se mantiene con cierta calidad (hace una referencia a la buena labor de los empleados públicos) pero en el presupuesto se estima una restricción del 3% (200 millones de euros, respecto de 2011).

Dijo que la ventaja de Canarias es que la mayor reducción la ha hecho ya, no como otras CCAA que deberán realizar duros ajustes en 2012 y 2013.

El escenario sigue siendo difícil para los gestores y para los empleados públicos, pide ayuda, colaboración y unidad para llevar las próximas medidas adelante. Con menos recursos se pretende mantener el mismo nivel de servicios que hasta ahora en los servicios públicos: educación, sanidad, justicia,…

Finalmente dijo que cuando se tenga el borrador de medidas para incluir en el capítulo 1 de los presupuestos nos lo comunicarán. Serán medidas de ajuste que tendrán como referencia el presupuesto de 2011, las traerán a esta Mesa de negociación, las comentaremos y los sindicatos tendremos la posibilidad de conocerlas.

jueves, 8 de julio de 2010

Contra la nueva Ley de Función Pública Canaria

CCOO ya informó, el pasado mes de abril, que el Gobierno de Canarias estaba preparando un borrador de nueva Ley de Función Pública y que, por primera vez, incluye al PAS de las universidades canarias.
  1. Borrador de la Ley de Función Pública
  2. Art. 2 incluyendo al PAS universitario en la nueva Ley
Una vez analizada la propuesta de nueva Ley se ha podido comprobar que significa un retroceso en numerosos aspectos, por lo que todos los sindicatos y órganos de representación de la Comunidad Autónoma estan pidiendo su retirada.

En la ULL ya se ha pronunciado en contra el Comite de Empresa del PAS laboral, a iniciativa de Intersindical Canaria, y CCOO ha presentado una propuesta similar para que la Junta de PAS funcionario lo haga en el mismo sentido.
  1. Propuesta presentada por CCOO contra la nueva Ley
Uno de los aspectos mas regresivos de la nueva Ley es la reducción del subsidio en situación de IT a partir del tercer mes de baja, que significa cobrar solamente el 75 % del sueldo. Esa medida, que se nos pretende aplicar al PAS universitario con la nueva Ley de Función Pública, ya se ha puesto en marcha para el personal dependiente del Gobierno de Canarias con la aprobación de un añadido en la Ley de Presupuestos Generales de 2010.

Medida que ha tenido enorme contestación porque implica una brutal agresión a los derechos de los empleados públicos e, incluso, ha originado la protesta de la propia Asociación de Inspectores Médicos (ASOCIAS).
  1. Recurso de CCOO contra la reducción del subsidio de IT
  2. Protesta de la Asociación de Inspectores Médicos

miércoles, 7 de abril de 2010

El PAS de las universidades, incluido en la nueva Ley de Función Pública Canaria

Tras la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, se inició un largo proceso para adaptar las distintas normas existentes. Con cierto retraso, el Gobierno de Canarias ha elaborado un borrador de nueva Ley de Función Pública para nuestra comunidad autónoma que, como novedad, incluye por primera vez al personal de administración y servicios de las universidades canarias.

Esta inclusión genera muchas incógnitas ya que, al no estar incluidos en la Ley anterior, no se sabe con certeza el verdadero alcance de esta medida.

Por una parte, se podría acceder a una serie de derechos de los empleados públicos de la  Comunidad Autónoma de Canarias que hasta ahora nos excluía (Premio de permanencia...), pero también sería posible que detrás de esta medida exista un intento de establecer un mayor control sobre las universidades. Al igual que viene sucediendo con los presupuestos o la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo, vulnerando así el principio de "autonomía universitaria".

En cualquier caso, parece que esta medida es irreversible por lo que se hace imprescindible leer detenidamente el borrador de la nueva Ley para intentar modificar aquellos aspectos que puedan ser perjudiciales para nuestro colectivo.

CCOO participará en el proceso de negociación de esta Ley, en representación de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma, por medio de un responsable de cada una de las federaciones afectadas: Sanidad, Servicios Públicos y Enseñanza.  Nuestra Sección Sindical trasladará a esta última aquellas propuestas que puedan ayudar a mejorar el texto con el objetivo de que sean defendidas en las reuniones que se mantengan con el Gobierno de Canarias.

Ver el texto completo del borrador de la nueva Ley