Todos los magistrados de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional tienen dudas sobre la constitucionalidad del RD Ley 8/2010

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado una providencia por unanimidad, en la que emplaza al Ministerio Fiscal y al resto de las partes, para que aleguen lo que consideren respecto a la posible inconstitucionalidad de parte del RD Ley 8/2010, por el que se rebajaron los salarios de los empleados públicos.

Parte del texto del  acuerdo dice "la Sala ha acordado por unanimidad y cumpliendo lo dispuesto en el articulo 163 CE, en relación con el artículo 5, 2 y 3 de la LOPJ y el artículo 35, 1 de la LO 2/1979, de 3 de octubre, oír a las partes y al Ministerio Fiscal en el plazo común e improrrogable de diez días, para que aleguen lo que a su derecho convenga sobre la pertinencia de plantear cuestión de constitucionalidad o sobre el fondo de la misma, ya que tenemos dudas sobre la constitucionalidad de la nueva redacción de los artículos 22, 4 y 25 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, promovida por el artículo 1 del RDL 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, ya que podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical, regulado en los artículos 7 y 28, 1 CE, en relación con el derecho de negociación colectiva, regulado en el artículo 37, 1 CE, entendiéndose por la Sala que dichos preceptos son aplicables al caso y el fallo depende de su validez, no siendo posible, a nuestro juicio, acomodar por otra vía interpretativa dichos preceptos al ordenamiento constitucional".


Tambien conceden el mismo plazo a las partes y al Ministerio Fiscal "para que aleguen lo que a su derecho convenga sobre la pertinencia de plantear cuestión de constitucionalidad o sobre el fondo de las misma, porque tenemos también dudas sobre la posible afectación al contenido esencial del derecho de igualdad, regulado en el artículo 14 de la Constitución, por la Disposición Adicional Novena del RDL 8/2010, de 20 de mayo, titulada "normas especiales en relación con determinadas entidades del sector público a efectos de la aplicación de la reducción salarial prevista en este Real Decreto-Ley con efectos de 1 de junio de 2010", en tanto que excluye de dicha reducción al personal laboral no directivo de las Entidades Públicas Empresariales RENFE, ADIF y AENA".

1. Texto completo del acuerdo de la Audiencia Nacional

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: Los magistrados de la Audiencia Nacional deciden por unanimidad enviar el Recurso al Tribunal Constitucional

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha resuelto por unanimidad, vistas las alegaciones presentadas por el Ministerio Fiscal y el resto de las partes, remitir la cuestión de insconstitucionalidad  al Tribunal Constitucional de parte del RD Ley 8/2010, por el que se rebajaron los salarios de los empleados públicos.

1. Texto completo del acuerdo de la Audiencia Nacional (60 páginas)
2. Ultima página, parte dispositiva, del acuerdo  (1 página)

Buena participación en la huelga del 8 de junio en la Universidad de La Laguna

Más de la mitad de los/as empleados/as públicos/as españoles han participado en la huelga convocada para el 8 de junio en protesta contra el Plan de ajuste del Gobierno. Alcanzando más del 80 por ciento en el conjunto de las universidades y ocasionando que algunas de ellas, incluso, hayan tenido que cambiar la fecha de los exámenes de las PAU.

La participación en la Universidad de La Laguna ha sido inferior, pero también ha registrado un buen resultado, muy afectado por los "servicios mínimos" abusivos que impuso el Rectorado [ver información sobre este tema al pie de la noticia].

Por colectivos, el seguimiento ha sido más importante entre el PAS laboral, alcanzando cifras en torno al 80 por ciento (recordar que los servicios mínimos impuestos arbitrariamente obligaron a trabajar a unos 50 compañeros/as en los Centros para los exámenes y en los Colegios Mayores).

Por su parte, el PAS funcionario ha tenido una participación desigual, poco importante en el edificio del Pabellón de Gobierno (en torno al 25 %) y mucho más efectiva en el resto, con el cierre de servicios, administraciones de los Centros y los Departamentos.

El Profesorado también se ha visto muy afectado por los servicios mínimos, ya que ha tenido que realizar exámenes, lo que ha minimizado el "efecto visual" de la huelga.

Esperamos que la participación registrada en las movilizaciones haga recapacitar a los distintos Gobiernos (Central y autonómico) para que cesen en sus medidas de recorte y vuelvan a iniciar un proceso de negociación con los sindicatos.

LOS "SERVICIOS MÍNIMOS" DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA SON ILEGALES

Los "servicios mínimos" ordenados en la Universidad de La Laguna han reducido considerablemente la participación en la huelga, especialmente entre el PAS laboral y el Profesorado. Siendo la primera vez en treinta años que el Rectorado los impone sin el acuerdo de los sindicatos y dando la impresión de que nuestra institución se suma a la costumbre del "decretazo" que ya practican el Gobierno de Madrid y el de Canarias.

Durante la negociación de los mismos, CCOO ya defendió que los exámenes o las comidas de los Colegios Mayores no eran servicios esenciales y, por lo tanto, no podían estar sometidos a servicios mínimos.  Nuestro razonamiento no solo tenía una apoyatura lógica, sino que se sustentaba en las leyes y la aplicación de las mismas en los tribunales de justicia

Los servicios mínimos de la Universidad de La Laguna son ilegales y aceptar su imposición sin una respuesta corre el riesgo de que se intenten imponer nuevamente en el futuro como  un precedente. Por eso, CCOO los impugnará por medio de un recurso contencioso-administrativo ya que no existe otra forma ágil o rápida de respuesta jurídica ante este tipo de ilegalidades.

En este sentido hay que destacar que todas las sentencias recogen el carácter ilegal de este tipo de servicios mínimos, ya que los "derechos legitimos de los estudiantes universitarios no es un concepto equiparable a servicios eseciales, y mucho menos cuando la lesion a aquellos consiste simplemente en un cambio de fechas de sus exámenes" (Sentencia 2827/2005 del TSJCyL).

Esta ilegalidad es tan evidente que, incluso, muchas sentencias han llegado a castigar explicitamente por su reiteración: "El comportamiento de la Administración demandada incumpliendo, una vez más, la doctrina jurisprudencial sobre la materia [...] la hacen merecedora de la condena al pago de las costas".

1. Sentencia contra los "servicios mínimos" por exámenes 

¡Acude a la manifestación! 8 de junio a las 6,30

Como el sindicato de mayor representación en España y, también, de la Universidad de La Laguna, CCOO te hace un llamamiento para que acudas a la manifestación de protesta contra el "Decretazo".

¡TE INVITAMOS A ACUDIR CON NOSOTROS A LA MANIFESTACIÓN!


Desde la Plaza de los Patos hasta la Subdelegación del Gobierno, en Santa Cruz, a las 6,30 de la tarde.

1. CONTRA LOS RECORTES SALARIALES A LOS/AS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS DECRETADOS POR EL GOBIERNO.
2. CONTRA LA CONGELACIÓN DE LAS PENSIONES.

CCOO, UGT e Intersindical Canaria convocan huelga en la Universidad de La Laguna para el 8 de junio

A la convocatoria estatal de huelga general en los servicios públicos, realizada por CCOO y UGT, se ha sumado Intersindical Canaria en la Universidad de La Laguna. De esta forma, los tres sindicatos más representativos de nuestra institución promueven unitariamente la jornada de protesta prevista para el 8 de junio.

CCOO, Intersindical Canaria y UGT han acordado promover conjuntamente la jornada de huelga enmarcada en cuatro reivindicaciones:

CONTRA LOS RECORTES SALARIALES A LOS/AS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS DECRETADOS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL.

CONTRA LA CONGELACIÓN DE LAS PENSIONES.

CONTRA LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS APROBADOS POR EL GOBIERNO DE CANARIAS.

CONTRA LA NUEVA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE CANARIAS.

Asimismo, los tres sindicatos, han designado una comisión delegada del "Comité de huelga" estatal para que negocie los servicios mínimos que deben funcionar durante el día 8, así como solventar cualquier problema que pueda surgir con motivo de la convocatoria de huelga en nuestra universidad. Los representantes de CCOO en esa comisión son: Alberto Marin, Olivier Bello Garcia, Mariano Pérez Sánchez y Juvenal Padrón Fragoso.

1. Documento del preaviso en la Universidad de La Laguna

¡NOTICIA DE ÚLTIMA HORA!     NO HAY ACUERDO CON EL RECTORADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS

Después de una intensa reunión de los sindicatos convocantes con la Vicerrectora de Profesorado y el Gerente de la Universidad, no se llegó a ningún acuerdo sobre los servicios mínimos que deben funcionar durante el día 8 de junio.

Los representantes de los tres sindicatos (CCOO, Intersindical Canaria y UGT) estimaron que los servicios mínimos propuestos por el Rectorado eran abusivos y se negaron a darles la conformidad. Es de destacar que es la primera huelga en casi treinta años que se inicia sin un acuerdo en materia de servicios mínimos, lo que indica el grado de presión que todas las administraciones públicas (incluida la Universidad de La Laguna) estan ejerciendo sobre los/as empleados/as públicos/as para evitar una participación masiva en la huelga.

1. Documento de "servicios mínimos" rechazado por los sindicatos

Nuevas razones ante la huelga del 8 de junio

1. 
   
   Ver las nuevas razones para participar en la huelga del sector público el 8 de junio

7 afirmaciones "falsas" ante la huelga del 8 de junio

Con motivo de la convocatoria de huelga general en las Administraciones públicas para el próximo día 8 de junio estamos asistiendo a numerosos debates y entrevistas de "expertos" en los medios de comunicación.

En la mayoría de los casos se realizan afirmaciones "falsas" que intentan disfrazar la realidad para justificar las medidas del Gobierno.

1. Hay mucho empleado público y esto es insostenible. FALSO.

El número de empleados públicos de nuestro país es bajo con respecto a la media europea e inferior al de países como Francia, Alemania o Reino Unido. En Canarias nuestro número de empleados públicos por habitante es muy inferior al de otras comunidades autónomas como Madrid y Cataluña.

Por el contrario, lo significativo es el gran número de "asesores". Unos 25.000 en todas las administraciones, con un salario de 4.000 Euros de media.

1. En este momento nos toca a nosotros. No nos gusta pero debemos asumir esta necesidad. FALSO.

Este recorte es el principio de una serie de medidas realmente perjudiciales para la calidad de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. De llevarse a cabo el plan expresado por la Ministra Salgado, según el cual la tasa de reposición de los servicios públicos se reducirá a uno de cada diez empleados públicos (amortización generalizada de vacantes sin cubrir las bajas por jubilación), en muy pocos años se produciría un enorme deterioro de estos servicios básicos.

1. Realmente estamos bien pagados y podemos asumir este recorte en nuestros salarios. Siempre se quiere más pero podemos apretarnos el cinturón. FALSO.

Los salarios de los empleados públicos españoles se encuentran por debajo de la media de países europeos, tales como Francia, Reino Unido o Alemania. Los médicos españoles, por ejemplo, perciben un salario un 40% más bajo que la media europea.

Pero por la tabla baja de los salarios la situación es aún mas grave. Muchos de nuestros empleados públicos perciben un salario que apenas sobrepasa los 1.000 Euros.

1. El Gobierno lo tiene mal y es de irresponsables ahora exigir que quienes tenemos fijeza en el trabajo no tengamos ningún tipo de recorte. FALSO.

Ciertamente la situación de crisis es preocupante. Pero las medidas planteadas no dejan de ser injustas porque además de afectar a los trabajadores no van a solucionar el problema. Además, otras medidas son posibles, más justas y más eficaces.

La misma cuantía de reducción propuesta para los salarios a los empleados públicos podría aplicarse como incremento de impuestos a las rentas mas altas, a los grandes patrimonios y a las empresas o bancos con más beneficios... eliminando la mayor parte de los "asesores" de las administraciones públicas se ahorraría mas de 1.000 millones al año...

1. No vamos a lograr nada con esta huelga. Si además de lo que me van a quitar me pongo en huelga... FALSO.

Ante situaciones graves, respuestas contundentes. Tenemos numerosos ejemplos en los que con la movilización hemos logrado contrarrestar propuestas que dañaban a los trabajadores y al sistema público.

La retención salarial de un día es poco comparable con lo que está en juego y que, de instaurarse, tardaremos años en recuperar. Pero con la fuerza de todos/as podemos pararlo. Recordar que un día de huelga es, aproximadamente, un 0,3 % de nuestro salario anual, y que es una reducción puntual y no consolidable. Mientras que la reducción salarial del Gobierno es ¡20 veces ese porcentaje! y se mantendrá para el futuro.

1. No me creo nada de los sindicatos. Hace ya mucho tiempo que tenían que haber hecho una huelga general. FALSO.

No es cierto que desde CCOO hayamos evitado hacer movilizaciones generales al actual gobierno. Es bueno recordar que, por ejemplo, las grandes huelgas generales de la época democrática, abanderadas por CCOO, se la hicimos al Partido Socialista con Felipe Gonzalez como presidente.

Lo que si es verdad es que en la situación de crisis económica producida por el movimiento especulativo no tenía sentido realizar una huelga contra un gobierno que, hasta esa fecha, se había negado a realizar recortes sociales.  Pero la situación ha cambiado significativamente. Ahora el Gobierno pretende recortar prestaciones básicas atacando las pensiones y los servicios públicos o generando una mala imagen de los empleados públicos. Pretenden hacer recaer en los trabajadores públicos la responsabilidad de solucionar este problema cuando los que lo han generado siguen llenando sus bolsillos con beneficios económicos.

1. CCOO y UGT viven de los presupuestos de la Administración Pública. No tienen fuerza moral para exigir que ahora vayamos a una huelga. FALSO.

No es cierto que CCOO viva de los presupuestos del Estado. CCOO tiene una afiliación que supera el 1.200.000 afiliados y afiliadas, y es la organización mas grande de este país. CCOO se nutre de las cuotas de afiliación, entre 9 y 11 Euros mensuales por cada afiliado/a y ese es el sustento económico que hace funcionar nuestra organización.

El dinero que la Administración pública dedica a los sindicatos va destinado exclusivamente a formación. Son fondos para generar cursos de formación para los trabajadores, especialmente en el campo de la prevención y salud laboral. Aspectos que no suele cubrir la Administración pública de forma directa.

1. Otras razones para movilizarnos el 8 de junio

- Las razones de CCOO contra el plan de ajuste del Gobierno.

- Informe jurídico sobre la reducción salarial de los empleados públicos, realizado por Antonio Baylos (Catedrático de Derecho del trabajo de la UCLM).

Los sindicatos presentan el preaviso de huelga de los empleados públicos para el día 8 de junio

Las Federaciones de Enseñanza, de Servicios a la Ciudadanía y de Sanidad de CCOO, así como los sindicatos UGT y CSI-F, han presentado esta mañana en el Ministerio de Trabajo e Inmigración el preaviso de la huelga convocada en la función pública para el próximo 8 de junio en todo el Estado.

Este es el primer paso legal necesario para llevar a cabo la huelga general en el sector público, convocada para el 8 de junio en toda España, contra las medidas de recorte del déficit público adoptadas en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo.

El preaviso faculta a las Secciones Sindicales para negociar los servicios mínimos y otras cuestiones relativas al desarrollo de la huelga en las distintas Administraciones públicas.

1. Ver el documento de Convocatoria de huelga.

Recogida de firmas contra las medidas de recorte del gasto público

CCOO, UGT y CSI-F inician una campaña de recogida de firmas contra las medidas del Gobierno para recortar el gasto público. El objetivo es entregarlas en el Congreso de los Diputados o las delegaciones de Gobierno de las comunidades autónomas.

Manifiesto en defensa de los servicios públicos

El plan de ajuste presentado por el Gobierno cede a la presión de los mercados financieros y asesta un duro golpe a pensionistas, empleados públicos, personas dependientes y en paro.

Es un plan antieconómico que reduce drásticamente la inversión pública, lo que contribuirá a prolongar los indicadores de la recesión, a desplazar la creación de empleo como objetivo central de la actividad económica y producirá una contracción del consumo al afectar a más de 11 millones de personas (2,7 millones de empleados y empleadas públicos y 8,5 millones de pensionistas), una gran parte de los cuales apenas superan los 1.000 euros mensuales.

Rompen con el Acuerdo Gobierno-sindicatos de 25 de septiembre de 2009 y quiebran la confianza de quiénes optamos por dar un paso responsable y recuperar el valor del diálogo social, contribuyendo con ello a la recuperación económica. Un acuerdo suscrito hace apenas siete meses sobre parámetros económicos que no han cambiado en lo básico y que fueron tenidos en cuenta para el mismo. Nada posterior justifica su incumplimiento.

La negociación colectiva es un derecho fundamental que está en la Constitución Española, con estas medidas una vez más el Gobierno quiebra este derecho constitucional. Poniendo en cuestión de manera grave la validez y eficacia de los procesos de negociación colectiva en el ámbito de las empleadas y empleados públicos, tratando de enterrar con ello el avance que, en esta materia, supuso la aprobación del EBEP.

La calidad de los servicios públicos exige de la sociedad, y especialmente de sus responsables políticos, el reconocimiento y valoración que les corresponde por la labor esencial que realizan en áreas tan esenciales como la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana, la atención a la dependencia, etc. Alterar unilateralmente los acuerdos suscritos y reducir los salarios de los empleados públicos es el peor mensaje que se pueda enviar.

Denunciamos que, cuestionando el sector público se abre la puerta a la externalización y la privatización, suponiendo de facto una renuncia expresa al papel que deben jugar los servicios públicos y el conjunto del sector público en la recuperación económica y en el necesario cambio de modelo productivo.

Las medidas del Gobierno no son ni equitativas ni equilibradas, interviniendo exclusivamente sobre los gastos y los sectores más débiles y olvidándose de cualquier medida sobre los ingresos vía fiscalidad que conseguiría un reparto más justo del esfuerzo solidario para salir de la crisis.

Y todo ello se pretende justificar con un ataque a la dignidad y profesionalidad de los empleados y empleadas públicos. Con un ataque a aquellas personas que, desde las diferentes administraciones y empresas públicas, pese a la carencia de medios materiales y humanos, pese a estar mal retribuidos, sacan adelante, día a día, unos servicios públicos que son fundamentales para la cohesión social y pilar fundamental del estado del bienestar.

En este sentido, esta campaña de recogida de firmas, forma parte de las movilizaciones para combatir una rebaja injusta y contraproducente para con los empleados públicos y los Servicios Públicos que prestan.

- Por una salida social a la crisis
- Por unos Servicios Públicos de Calidad
- Por un Estado del Bienestar que responda a los ciudadanos
- Por la dignidad de las empleadas y empleados públicos
- Por el respeto a su negociación colectiva
- No al recorte de los salarios de los empleados y empleadas públicos
- Por el respeto y el cumplimiento de los acuerdos existentes

1. Recogida de firmas "online" 
2. Documento para la recogida de firmas de forma colectiva

Se puede firmar a través de Internet, accediendo al enlace señalado, y también se puede imprimir el Documento y recoger las firmas de los/compañeros/as de forma colectiva (en este caso remite inmediatamente el pliego de firmas a la Sección Sindical de CCOO ubicada en el Campus Central).

¿Indecente...?

Ha dicho Esperanza Aguirre (*) que es indecente que mientras la inflación es menor del 1%  y tengamos más de 4.000.000 de parados, haya gente que no esté de acuerdo en alargar la jubilación a los 70 años.


Nos gustaría transmitirle a la Sra. Aguirre y a todos los políticos, lo que es realmente indecente :

INDECENTE, es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 €/mes y el de un diputado de 3.996, pudiendo llegar, con dietas a 6.500 €/mes.

INDECENTE, es que un profesor, un maestro, un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública, ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de un pueblo.

INDECENTE, es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que consideren ellos mismos con propios criterios.

INDECENTE, es que un ciudadano tenga que cotizar 30 años para percibir una jubilación digna y a los diputados les baste sólo con siete y que los miembros del Gobierno, para cobrar la pensión máxima, sólo necesiten jurar el cargo.

INDECENTE, es que los diputados sean los únicos trabajadores de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF.

INDECENTE, es contratar en cada Administración a miles de asesores sin ningún tipo de control o garantías de su necesidad.

INDECENTE, es que ministros, secretarios de estado y altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del ERARIO PÚBLICO.

(*) Nota aclaratoria: esta información ha circulado atribuyendo la frase a la Vicepresidenta del Gobierno, aunque posteriormente se ha aclarado que fue Esperanza Aguirre su verdadera autora, por lo que procedemos a realizar la oportuna corrección. En cualquier caso lo importante no es quien hace la afirmación, lo sustancial son las verdaderas indecencias.

Di NO a la bajada de salarios ¡Movilízate!

En una primera valoración de urgencia de las medidas anunciadas ayer  en el Congreso por el presidente Zapatero, el secretario general de CCOO ha afirmado que "merecen el máximo rechazo social" y que "CCOO tratará de impedir que la materialización de estas medidas lesionen los intereses básicos de la ciudadanía, en particular, de los trabajadores y trabajadoras". En este sentido, Toxo no ha descartado la adopción de ninguna medida de respuesta- que concretarán los órganos de dirección del sindicato y se acordarán unitariamente - y ha señalado: "Vamos a trabajar para impedir que se apliquen".

"El Plan presentado por Zapatero merece nuestro rechazo más absoluto. No compartimos ni las medidas ni la orientación", ha manifestado Toxo, quien las ha definido como "injustas y antieconómicas". "El Gobierno, posiblemente, presionado por la Unión Europea, y ésta por los mercados, impone nuevos sacrificios a la población con unas medidas de ajuste que transfieren la carga de la crisis a la mayoría de la ciudadanía y que además van a deteriorar aún más la situación económica y provocar más paro" con lo que "se va a acentuar lo que se dice querer resolver", añadió.

Asimismo, Toxo ha acusado al Gobierno y a la Unión Europea de "plegarse a las exigencias de los sectores que provocaron la crisis y que ahora marcan el camino de salida", al repartir los esfuerzos de manera muy desequilibrada, no afecta a las grandes fortunas ni ataca el fraude fiscal, mientras castiga a los sectores más débiles: parados, empleados públicos, pensionistas y personas dependientes.

Al respecto, Toxo afirmó que no se puede pedir más esfuerzos a los trabajadores de las administraciones públicas, a los que se pretende rebajar el salario un 5% este año y congelar al siguiente, cuando en muchos casos tienen contratos temporales y salarios bajos, que no alcanzan los 1.000e mensuales.

El secretario general de CCOO ha explicado también que las medidas descansan exclusivamente sobre el gasto, pero no se dice nada de mejorar los ingresos de las Administraciones Públicas ni de adoptar una fiscalidad progresiva para que las rentas tributen de forma equilibrada y justa.

En opinión de Toxo, el Plan de Zapatero va a afectar al Diálogo Social tripartito, justo cuando el acuerdo estaba al alcance de los negociadores. Tras constatar que las medidas anunciadas van a dificultar la negociación, avisó que supone un "punto de inflexión" en la relación entre los sindicatos y el Gobierno.

¡ÚLTIMA HORA! HUELGA GENERAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA EL 2 DE JUNIO

UGT y CCOO han decidido convocar una Huelga General en las Administraciones Públicas para el próximo día 2 de junio.

• Ver más información sobre la convocatoria de huelga