Informe explicativa más necesario que nunca como consecuencia de los cambios introducidos por los gobiernos de Zapatero y Rajoy, así como por la incertidumbre que generan las informaciones de la prensa alertando sobre la disminución de la "caja de las pensiones" como consecuencia del menor número de cotizantes y los recortes del gobierno.
La base del RGSS es la cotización; cuanto más cantidad y más tiempo se cotiza, más derecho o mayor pensión se tiene, con unos topes máximos y unos mínimos que pueden ser muy significativos. Las pensiones en el RGSS se calculan a partir de las cuantías de las cotizaciones de los últimos años, que a su vez están relacionadas con el salario del trabajador. La Seguridad Social que abona las pensiones de los trabajadores integrados en el RGSS es un organismo autónomo del Estado, aunque sus reglas las establezca el Estado, y se nutre de las cotizaciones sociales.
Con la Ley 27/2011 se ha realizado la última reforma de las pensiones fruto del diálogo social; logramos reconducir las propuestas del gobierno de entonces, de forma que la pretensión de un retraso generalizado en la edad de jubilación se transformó, por las propuestas sindicales, en un sistema flexible de acceso a la jubilación. Este sistema permite poder jubilarse con 65 años a más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras, así como seguir accediendo a jubilaciones anticipadas (desde los 63 años) o parciales. El siguiente gobierno (del Partido Popular) se saltó el diálogo social y utilizando el recurso del Real Decreto Ley para situaciones de urgencia, impuso una nueva reforma de las pensiones de forma unilateral. Con el RDL 5/2013 endureció los requisitos y recortó las prestaciones en las jubilaciones anticipada y parcial.
No le parecía suficiente al gobierno de Mariano Rajoy que, a continuación, y ese mismo año en diciembre, con la Ley 23/2013 estableció dos factores que recortarán en el futuro las pensiones: el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones. El Factor Sostenibilidad (FS) está previsto que comience a aplicarse en el año 2019, pero el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) ya afecta desde 2014.
El Índice de Revalorización de las Pensiones se viene aplicando desde 2014 y así, todos los pensionistas han visto y verán cómo sus pensiones no tendrán una revalorización automática cada mes de enero de acuerdo con la subida de precios prevista para ese año (IPC), y en 2017 no habrá recuperación del poder adquisitivo perdido si finalmente el IPC de 2016 supera ese escuálido porcentaje de subida del 0,25%.
El IRP no es más que el disfraz numérico de la voluntad del actual Gobierno de recortar todas las pensiones. La subida de las pensiones será, de nuevo, del 0,25%. Con la aprobación de esta ley, sin consenso alguno, el Gobierno del PP ha roto con un compromiso básico aceptado por todos desde 1995, el de mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Instauró una fórmula que, de no corregirse, traerá ineludiblemente una pérdida muy significativa del mismo. El Gobierno está extendiendo a los pensionistas las políticas de empobrecimiento de toda la población.
Desde CCOO defendemos que el sistema de pensiones debe intentar garantizar a todos los trabajadores jubilados una pensión sustitutiva del salario suficiente, que mantenga el poder de compra a lo largo del período en que se es pensionista. Las medidas que nos imponen no lo garantizan. Su aplicación y otras nuevas medidas que puedan aparecer pueden significar en 15 años una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de entre un 12% y un 28%, según la evolución económica. Por eso exigimos que se abra un debate sobre los ingresos del sistema de Seguridad Social y que se afronten los retos de las pensiones desde alternativas distintas a la de la reducción progresiva del poder adquisitivo de los pensionistas.
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