Hasta mediados del año pasado, ante las situaciones de emergencia o alertas por condiciones climatológicas adversas, la Universidad de La Laguna decretaba el "cese de la actividad académica".
Esa resolución era consecuencia de las recomendaciones del Gobierno de Canarias y pretendía reducir el riesgo ante una eventual situación crítica.
Sin embargo, los sindicatos expresábamos nuestra queja constante porque ese cese sólo afectaba al alumnado y profesorado, quienes quedaban protegidos en estos casos al no estar obligados a ir a la ULL. Mientras tanto, el personal de administración y servicios seguía acudiendo a trabajar y exponiéndose a la situación de alerta o emergencia sin que existieran razones que justificaran esta discriminación.
Las quejas de los representantes sindicales dieron sus frutos y durante la última alerta ya se amplió el cese de actividad incluyendo al PAS.
Lamentablemente, esa medida no ha venido acompañada del necesario Protocolo de actuación ante estas situaciones y, como consecuencia, el personal de diversos servicios y oficinas se vió obligado a acudir a su puesto de trabajo. Unas veces ante la confusión de no saber exactamente a quien afectaba el "cese de la actividad" y otras porque explícitamente fueron llamados para que acudieran a trabajar.
Para poner fin a esta confusión, el Comité de Empresa del PAS laboral ha remitido al Rector un escrito pidiéndole que "se realice sin más dilación el Protocolo de Actuación ante situaciones de emergencia".
"El gobierno otorga una subvención de 27 millones de euros a los sindicatos en plena negociación para evitar una nueva huelga general. Además de este soborno, exime a organizaciones que den cursos de formación -en particular CCOO y UGT- en 2011 de tener que presentar “justificación documental” de los gastos corrientes"
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