55 Catedráticos/as de Derecho del Trabajo y Seguridad Social lo dicen...

"La reforma laboral es contraria al estado social y democrático de Derecho"

Los abajo firmantes, catedráticas y catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, consideramos un deber cívico hacer pública nuestra opinión de expertos sobre la reciente reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, la cual introduce un cambio radical en el modelo constitucional de relaciones laborales, basado en dos pilares esenciales: un delicado equilibrio entre poderes empresariales y derechos sociales y un estímulo a las expresiones de diálogo social, articuladas de manera señalada a través de la negociación colectiva.

La norma de urgencia ha procedido a convulsionar la práctica totalidad de los elementos esenciales de ese modelo constitucional. Por lo pronto, ha desplazado el centro de gravedad normativo de las relaciones laborales desde el trabajo a la producción y al empleo, desde el trabajador y sus condiciones de trabajo a su "empleabilidad", mercantilizando sin miramiento alguno el trabajo y descontextualizando el marco en el que, desde sus orígenes y sin solución de continuidad, ha venido aplicándose, y ha de seguir haciéndolo, la norma laboral.

Este texto legislativo, en segundo lugar, implanta un verdadero sistema de excepción en las relaciones laborales, otorgando poderes exorbitantes al empresario a la vez que destruye las bases fundamentales del poder contractual colectivo autónomo en la regulación de las condiciones de trabajo. La constante reducción de los derechos de los trabajadores se acompaña de una progresiva afirmación de la unilateralidad empresarial sin control ni contrapeso. En suma, la flexibilidad unilateral conferida al empresario, además de despreciar las reglas consensuadas por los propios interlocutores sociales apenas dos semanas antes, aleja nuestro sistema jurídico del modelo social europeo, aproximándolo a antañones modelos autoritarios, de manera oportunista recuperados ahora en nombre de la libertad de empresa.

En tercer lugar, la negociación colectiva deja de entenderse como un instrumento de corrección de las desigualdades contractuales, habiendo sido objeto, ella misma, de una flexibilización que altera su posición en el sistema de fuentes. La prioridad aplicativa concedida sin restricción alguna a los convenios de empresa y la supresión del régimen hasta ahora vigente de ultraactividad, además de poder generar un no deseable incremento de la conflictividad social, concibe al convenio colectivo como un simple utensilio al servicio de los intereses subjetivos empresariales, sustituible o modificable a su sola voluntad. La inaplicación de todas las condiciones de trabajo, incluso las salariales, del convenio sectorial expresa una concepción legal decididamente contraria al sistema vigente de negociación colectiva y a su estructura autónoma. En un contexto semejante, en fin, la garantía constitucional de la fuerza vinculante del convenio colectivo queda por completo desarbolada.

La regulación del despido, que se presenta de manera rutinaria como una forma de crear empleo, obedece realmente a un diseño destinado a otorgar fáciles y baratos mecanismos de liquidación y ajuste de plantillas, tanto en el sector privado como en el sector público. Y de hacerlo, adicionalmente, al margen de todo control. Desde luego, del sindical; pero también del administrativo e, incluso, del judicial. Como confiesa sin disimulo alguno el preámbulo de la norma, el propósito de la reforma es impedir el juicio de adecuación – con un evidente tono despectivo, el legislador excepcional lo denomina “juicio de oportunidad”- de los jueces sobre los despidos decididos por el empresario a partir de una definición justificativa que se mueve entre los dos extremos a descartar por cualquier legislador socialmente sensible: la mayor discrecionalidad y la más concreta identificación. La nueva regulación del despido no tiene más finalidad que reducir los costes del despido ilegal o improcedente, rebajando las indemnizaciones y suprimiendo los salarios de tramitación. Además de todo ello, y apartándose de manera grosera de los propósitos confesados de lucha contra la dualidad de nuestro mercado de trabajo, la reforma ahonda la precariedad mediante dos criticables medidas: la implantación de un contrato especial (de “apoyo de emprendedores”), cuya característica más llamativa reside en la posibilidad de despido libre durante un año de duración, y el encadenamiento de contratos de formación para los jóvenes, que pueden estar formándose hasta los 32 años en una misma empresa para el ejercicio de los más dispares e inconexos oficios.

Pero más allá de la crítica a sus contenidos concretos, queremos llamar la atención sobre el cambio de modelo que el RDL 3/2012 induce. Es éste un modelo opuesto al que conforma nuestra Constitución, el de la democracia social en una economía de mercado, que arbitra un equilibrio complejo entre el pluralismo social y la intervención normativa de tutela de los derechos laborales, y que sitúa en el centro de la regulación de las relaciones laborales a la negociación colectiva dotada de fuerza vinculante. En el diseño constitucional, la empresa es un territorio en el que el poder privado del empresario resulta racionalizado en su ejercicio mediante el reconocimiento de derechos de participación a los trabajadores. Este modelo nada tiene que ver ni con la concepción de la empresa como un ámbito de exclusiva gestión por el empresario ni con la noción del empresario como “el señor de su casa”.

Y es que las exigencias de equilibrio presupuestario que impone la Unión Europea ni exigían ni exigen en modo alguno una reforma de las relaciones laborales como la adoptada, contraria al estado social y democrático de Derecho, potenciadora del poder normativo unilateral del empleador y hostil a la acción colectiva de los sindicatos. Por lo demás, y no es lo de menos, la reforma laboral presenta numerosos puntos que contradicen directamente derechos y principios constitucionalmente reconocidos y desarrollados por una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto en lo que se refiere al derecho al trabajo como al derecho de libertad sindical. Y además es en una gran parte contraria a los compromisos internacionales asumidos por España, tanto respecto a la Carta de Derechos Fundamentales europea como a los Convenios de la OIT sobre libertad sindical, fomento de negociación colectiva y terminación de la relación de trabajo.

• Firmantes:
- Alemán Páez, Francisco (Universidad de Córdoba) - Alfonso Mellado, Carlos Luis (Universidad de Valencia) - Álvarez de la Rosa, Manuel (Universidad de La Laguna) - Aparicio Tovar, Joaquín (Universidad de Castilla-LaMancha) - Ballester Pastor, Maria Amparo (Universidad de Valencia) - Baylos Grau, Antonio (Universidad de Castilla La Mancha) - Cabeza Pereiro, Jaime (Universidad de Vigo) - Camas Roda, Ferrán (Universidad de Girona) - Camps Ruiz, Luis (Universidad de Valencia) - Castiñeira Fernández, Jaime (Universidad de Sevilla) - Correa Carrasco, Manuel (Universidad Carlos III de Madrid) - Cruz Villalón, Jesús (Universidad de Sevilla) - Domínguez Fernández, Juan José (Universidad de Leon) - Escudero Rodríguez, Ricardo (Universidad de Alcalá de Henares) - Fernández López, María Fernanda (Universidad de Sevilla) - Ferrando García, Francisca (Universidad de Murcia) - Garate Castro, Javier (Universidad de Santiago de Compostela) - Galiana Moreno, Jesús (Universidad de Murcia) - García Becedas, Gabriel (Universidad de Autónoma de Madrid) - García Ninet, José Ignacio (Universidad de Barcelona) - Garrido Pérez, Eva (Universidad de Cádiz) - González Posada, Elías (Universidad de Valladolid) - Goñi Sein, Jose Luis (Universidad Pública Navarra) - Gorelli Hernández, Juan (Universidad de Huelva) - López Gandía, Juan (Universidad Politécnica de Valencia) - López López, Julia (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona) - Luján Alcaraz, José (Universidad de Murcia) - Martínez Abascal, Vicente Antonio (Universidad RoviraVirgili deTarragona) - Martínez Barroso, María de los Reyes (Universidad de León) - Mella Méndez, Lourdes (Universidad de Santiago de Compostela) - Molero Marañón, María Luisa (Universidad ReyJuanCarlos de Madrid) - Molina Navarrete, Cristóbal (Universidad de Jaén) - Monereo Pérez, José Luis (Universidad de Granada) - Moreno Vida, María Nieves (Universidad de Granada) - Navarro Nieto, Federico (Universidad de Córdoba) - Nogueira Guastavino, Magda (Universidad Autónoma de Madrid) - Ojeda Avilés, Antonio (Universidad de Sevilla) - Olarte Encabo, Sofía (Universidad de Granada) - Palomeque López, Carlos (Universidad de Salamanca) - Pardell Vea, Agnes (Universidad de Lerida) - Pérez del Río, Teresa (Universidad de Cádiz) - Puebla Pinilla, Ana (Universidad Autónoma de Madrid) - Quesada Segura, Rosa (Universidad de Málaga) - Ramírez Martínez, Juan Manuel (Universidad de Valencia) - Rodríguez Escanciano, Susana (Universidad de León) - Rojas Rivero, Gloria (Universidad de La Laguna) - Rojo Torrecilla, Eduardo (Universidad Autónoma de Barcelona) - Tortuero Plaza, José Luis (Universidad Complutense de Madrid) - Tudela Cambronero, Gregorio (Universidad Autónoma de Madrid) - Sanguinetti Raimon, Wilfredo (Universidad de Salamanca) - Valdeolivas García, Yolanda (Universidad Autónoma de Madrid) - Valdés Dal-Re, Fernando (Universidad Complutense de Madrid) - Valdés de la Vega, Berta (Universidad de Castilla-LaMancha) - Vicente Palacio, Maria Arantzazu (Universidad Jaume I de Castellón de la Plana) - Vida Soria, José (Universidad de Granada)

PGE 2012: Injustos y más paro

Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 son injustos porque recortan los servicios públicos y, además, generan más paro

Durante el mes de marzo el número de personas desempleadas en España aumentó en 38.769 más. Tres meses después de que el Gobierno aprobase la reforma laboral, el paro alcanza cifras redord como consecuencia de una política errónea. Los 100 primeros días del Gobierno de Rajoy ponen de manifiesto el fracaso de unas medidas que solo inciden en los recortes y conducen a más paro y al ahondamiento de la crisis.

En este sentido, los PGE 2012 suponen un error gravísimo al reducir las partidas de políticas activas y de formación (nuestro país ya era el que menos inversión destinaba a estos temas en la UE), lo que afectará negativamente a los jóvenes menores de 25 años, por lo que el Gobierno deja a los jóvenes abandonados a la crisis.

Por el contrario, se mantiene el presupuesto de bonificaciones para empresarios, cuando esta sobradamente demostrado el escaso efecto que tienen sobre la contratación. Somos el país de Europa que más gasta en bonificaciones y menos invierte en políticas activas de empleo y formación, lo que es especialmente llamativo porque somos el que tiene más paro.

Insistir en la línea de recortes, en la falta de estímulos a la economía, abandonando la inversión en I+D+i, recortando en Educación y Sanidad y al mismo tiempo promover una amnistía fiscal para los defraudadores solo conlleva falta de confianza, menor consumo, menor actividad económica y el alargamiento de la crisis, con las dramáticas consecuencias que esto supone en cuanto a destrucción de empleo, que se verá incrementado en los próximos meses.

Por eso la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos rechaza los Presupuestos Generales del Estado para 2012

Algunos integrantes de la Plataforma

La Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos (formada por más de 55 asociaciones) rechaza los Presupuestos Generales para 2012 porque consolidan y agudizan el retroceso social, obstaculizan la recuperación económica y del empleo de España, ya que, reducen las inversiones públicas e incrementan el desempleo en el sector público.

 Además, la reforma laboral impuesta por el Gobierno reducirá los salarios de los trabajadores y aumentará el miedo a perder el puesto de trabajo, lo que irremediablemente producirá menor consumo, y por tanto, incremento del desempleo.

Las medidas que contemplan estos presupuestos, impuestas por el Gobierno tienen como único objeto contentar a los mercados financieros y a los socios comunitarios, aunque, como es el caso, sea a costa de lastrar la capacidad de crecimiento económico de España y la calidad de vida de sus ciudadanos, olvidando que el único interés de estos mercados es conseguir el mayor beneficio de sus inversores. El recorte de 1.500 millones de euros en políticas activas de empleo deja claro que la prioridad del Gobierno no es el empleo.

Las cuentas públicas presentadas ponen de manifiesto que la prioridad del gobierno es cumplir con las exigencias de reducción del déficit impuestas desde Bruselas, 5,35 del PIB, a la que hay que añadir una nueva importante reducción para 2.013 (máximo del 3% del PIB) aunque ello implique que los servicios que debe prestar el Estado a los ciudadanos como Sanidad y Servicios Sociales experimenten graves recortes: la Sanidad dispondrá de un 13,7% menos de presupuesto (365 millones de € menos) y en Dependencia se elimina el nivel convenido al pasar de 283 millones de euros a cero euros. En Educación se reduce su dotación en un 23,2% (830 millones menos); en Cooperación Internacional al Desarrollo la reducción es del 47,6%, situándolo en niveles de 2005; las ayudas para el acceso a la vivienda se reducen en 322 millones de euros. En Justicia se revisará el sistema de tasas en segunda instancia, lo que limitará este derecho.

Bienes esenciales como la Electricidad y el Gas experimentarán incrementos del 7% y el 5% respectivamente, lo que ahogará más las economías domésticas, la falta de ingresos una vez más se quiere solventar gravando a los consumidores, que pagan, además, uno de los recibos más caros de la UE.

Respecto a la "amnistía fiscal" con la que el Gobierno pretende recaudar 2.500 millones de euros, es irresponsable e injusta, puesto que premia a los defraudadores, mientras que aumenta la presión fiscal sobre los ciudadanos que sí cumplen con sus obligaciones. Esta plataforma recuerda que la economía sumergida defrauda 60.000 millones de euros, precisamente la cantidad que España tiene que recortar de aquí a 2.013, por lo que propone la reforma completa del sistema fiscal para posibilitar la lucha contra el fraude fiscal.

La Plataforma quiere manifestar que en el actual contexto económico, social y laboral en el que se encuentra España es necesario revisar los plazos de cumplimiento de reducción del déficit, de manera que los recortes no impidan la inversión productiva y el mantenimiento del gasto que garantiza la protección social de los ciudadanos, más necesaria que nunca en tiempo de crisis.

Por todo ello, la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos rechazamos estos presupuestos por ser lesivos a los intereses de los ciudadanos y por no aportar soluciones para la recuperación económica y del empleo. Además consideramos que el Gobierno está aprovechando la coyuntura actual de crisis para imponer su modelo social, que no es otro que privatizar los recursos públicos propios, aumentando los conciertos privados y cerrando las empresas públicas Estas medidas no aportan ahorro a las arcas públicas, la mayoría de la veces todo lo contrario, además se pierden multitud de puestos de trabajo público estables, por otros temporales y con muy bajos salarios.
A los presupuestos ahora aprobados por el Gobierno hay que sumarles además las medidas adoptadas por el mismo ejecutivo en el "Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributarias y financieras para la corrección del déficit público", que iniciaron una vía de recortes muy nociva para nuestra economía y regresiva en lo social, (congelación del sueldo de los empleados públicos, aumento de jornadas por el mismo salario, lo que ha supuesto reducción de salario una vez más congelación del salario mínimo y del IPREM, retraso en el calendario de aplicación de los derechos reconocidos en la ley de la dependencia, supresión de la renta de emancipación para los jóvenes, aumento del impuesto de los bienes inmuebles, entre otras medidas).

La Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos exige al Gobierno que rectifique esta política y busque políticas más justas y equitativas para superar la crisis. Exigimos que el Gobierno deje de gobernar imponiendo y empiece a escuchar a la ciudadanía. La ciudadanía no aguantará más mentiras como la expresada por el Gobierno, que quiere confundir, cuando afirma que en las decisiones de subidas y de recortes adoptadas se reparten los esfuerzos de forma equitativa.

Algunos de los integrantes de la Plataforma: 
CJE (Consejo de la Juventud de España), FAEST (Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas), CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos), CEAPA ( Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos), FACUA (Federación de Asociaciones de Consumidores en Acción), COAG (Confederación de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), Amigos de la Tierra, FELGTB (Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), AUGC (Asociación Unificada de Guardías Civiles), SUP (Sindicato Unificado de la Policía), Plataforma 2015 y más (integrada por 17 organizaciones), Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios, Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Federación de Asociaciones en defensa de la Sanidad Pública, Asociación Unificada de Militares Españoles, Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Unión Federal de Policias, Federación de Asociaciones de mujeres rurales,  Coordinadora de ONGs españolas de ayudas para el desarrollo, Federación de Mujeres Progresistas, Federación de Artistas del Estado español, Confederación de movimientos de renovación pedagógica y otras 35 asociaciones más.

Recorte brutal en I+D+i

Los Presupuestos Generales del Estado en I+D+i para 2012 suponen un retroceso irrecuperable de la ciencia en España

El recorte en la política de Investigación, Desarrollo e Innovación asciende al 25,6%, que se acumula al soportado en años anteriores.  Pero en el caso de las transferencias de capital -capitulo 7- llega al 33%, capitulo fundamental porque incluye el Plan Nacional de I+D+i, que es la herramienta esencial para la financiación del sector público de la investigación, las cuotas a organismos internacionales y los programas de recursos humanos (como el Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o las becas/contratos FPI). Se reducen también de forma drástica las ayudas a Centros Tecnológicos de las   Comunidades Autónomas.

Estos recortes condenan a la casi paralización al sector público de la investigación al reducir su fuente esencial de financiación. Castiga sin paliativos al principal impulsor de la I+D+i en España y nos aleja aún más de la media europea en relación al PIB. Si se consuma esta situación, el resultado será desolador e irrecuperable, ya que supone la paralización de proyectos de investigación estratégicos y la condena a la precariedad permanente o al exilio interior o exterior de la generación de jóvenes científicos mejor formada de la historia de España.

Una de las causas más importantes de que la crisis se haya manifestado con mayor intensidad en nuestro país, dejándose sentir especialmente en la destrucción masiva de empleo, se debe a que nuestra economía esta basada en sectores de bajo valor añadido, que utilizan mano de obra poco cualificada, con salarios bajos y precarizados como única forma de competir, en lugar de utilizar la innovación y el conocimiento, y ésta parece ser la tónica de actuación del gobierno de Rajoy, como lo demuestra la actual Reforma Laboral.

Para CCOO, es imprescindible que el gobierno escuche y tenga en cuenta las peticiones que fueron hechas hace dos semanas con la entrega de 40.000 firmas al Presidente de Gobierno y Congreso, que acompañaban a la Carta Abierta por la Ciencia, en la campaña promovida desde la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE), la CRUE, la Plataforma Investigación Digna y la Federación de Jóvenes Investigadores, CCOO y UGT. 

Los firmantes reclaman: "que el Gobierno y las Cortes Generales, cuyos miembros se han expresado en numerosas ocasiones de acuerdo con esta idea, actúen en consecuencia y que no se penalice la inversión pública en I+D en los Presupuestos Generales del Estado, algo que en los últimos años se ha hecho con un descenso significativamente mayor que la media habida en la Administración, y que puede volver a ocurrir este año. De ser así estaremos en un escenario de práctica inviabilidad para muchas de las investigaciones científicas actuales".

"Enchufados" en 100 días de Gobierno

La lucha contra el paro fue uno de los principales reclamos de la campaña electoral de Rajoy.

La frase "Lo primero el empleo" presidió la mayoría de los mitines del PP en la pasada campaña electoral, por eso es especialmente vergonzoso que al cumplir los cien primeros días de Gobierno se hayan producido las mayores cifras de paro en la España democrática. Desempleo que esta golpeando especialmente a la gente jóven, mientras se hace público que el PP encuentra buenos empleos para colocar a "sus" hijos y parientes (ver la lista con algunos de ellos más abajo).

Seguimos asistiendo a la destrucción de empleo, de forma que los cien primeros días del Gobierno de Rajoy se caracteriza por incidir en una política de recortes que solo puede tener como consecuencia más paro y un agravamiento de la crisis: los datos de marzo reflejan 38.769 desempleados nuevos y un aumento del 0,82% respecto al mes anterior.

En este sentido desde CCOO denunciamos que los Presupuestos Generales del Estado para 2012 suponen un error gravívismo al reducir las partidas de políticas activas y de formación (nuestro país ya era el que menos inversión destinaba a este apartado), lo que afectará negativamente a los/as jóvenes menores de 25 años: por primera vez en las estadísticas más de la mitad de los/as jóvenes en disposición de trabajar no puede hacerlo (50,5% en marzo).

Por el contrario, los hijos y parientes del PP encuentran buenos trabajos con facilidad:

Alvaro Ramirez de Haro y Aguirre, hijo de Esperanza Aguirre (Presidenta de la Comunidad de Madrid). Es abogado y ha sido designado asesor en la Secretaría de Estado de Comercio, para un puesto que tradicionalmente ocupaban economistas.



María Zaplana Barceló, hija de Eduardo Zaplana (ex-Presidente de la Comunidad Valenciana y ex-Ministro con Aznar). Es abogada y ha sido designada asesora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Turismo.



Marcelino Oreja Arburua, hijo de Marcelino Oreja Aguirre (ex-Ministro de UCD y ex-Diputado del PP). Ha sido nombrado Presidente de la entidad pública estatal Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).



Victor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, hijo de Leopoldo Calvo-Sotelo (ex-Ministro y ex-Presidente del Gobierno de UCD). Ha sido nombrado Secretario de Estado de Telecomunicaciones.



Elisa Robles Fraga, sobrina de Manuel Fraga Iribarne (ex-Presidente honorario del PP y ex-Presidente de la Junta de Galicia). Ha sido designada Directora General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, dependiente del Ministerio de Economía.



Miguel Cardenal Carro, hijo de Jesús Cardenal (ex-Fiscal General del Estado con el gobierno de Aznar). Ha sido nombrado Director General del Consejo Superior de Deportes.

Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal (Presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha y Secretaria General del PP). Fue designado Consejero de Red Eléctrica, pero inmediatamente presentó la dimisión para acallar las críticas que se produjeron, incluso dentro del propio Partido Popular.


Ivan de la Rosa, marido de Soraya Saenz de Santamaría (Vicepresidenta del Gobierno). Acaba de ser contratado como Letrado por Telefónica.




Carmen Gamir Mora, novia de Alberto Núñez Feijóo (Presidente de la Xunta de Galicia).   Ha sido designada jefa de prensa de la Secretaría de Estado de Presupuestos.



Ángela Alarcó, ex-mujer de Rodrigo Rato (ex-Ministro de Economía con Aznar). Ha sido nombrada Presidenta de la Red de Paradores del Estado.

María Flavia Rodríguez Ponga, hermana de Rafael Rodriguez Ponga (Diputado y miembro de la Junta Directiva Nacional del PP). Ha sido nombrada Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones.


Alberto Nadal Belda, hermano gemelo de Alvaro Nadal Belda (Director de la oficina económica de Moncloa y asesor de Rajoy). Al igual que el marido de Dolores de Cospedal, fue designado Consejero de Red Eléctrica y, como el anterior, también dimitió.


Teresa Lizaranzu Perinat, esposa del mismo "pariente" anterior: Alvaro Nadal Belda (Director de la oficina económica de Moncloa y asesor de Rajoy). Ha sido nombrada Directora General de Política e Industrias Culturales y del Libro.



Ramón Ongil, hermano de Gádor Ongil (Vicesecretario de Organización del PP de Madrid). Nombrado Director de Comunicación de la Red de Paradores del Estado.




Raquel Catalá Polo, hermana de Rafael Catalá Polo (Secretario de Estado de Planificación e Infraestructura del Ministerio de Fomento). Ha sido designada Delegada Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.



Además de otros familiares "más lejanos" como Jose Miguel Martínez (cuñado del Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro) en Loterías y Apuestas del Estado;  Jose Ramón Bujanda (concuñado del Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete) como Presidente de la Sociedad Estatal de Caución Agraria. Más lejanos pero que han recibido nombramientos en los mismos Ministerios controlados por sus parientes.

... y la lista continúa

"Sumisión" de Rajoy ante Alemania

El estrangulamiento "simulado" del presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, al ministro de Economía español fue el primer aviso, que ahora continúa con la "rendición de cuentas" del propio Rajoy ante el enviado de Angela Merkel.

La principal crítica de Rajoy al anterior gobierno era su debilidad en Europa, lo que según él provocaba un encarecimiento de la "prima de riesgo" y dificultades en la financiación de nuestra deuda. Sin embargo en los cien primeros días del nuevo gobierno, Rajoy ha continuado en la misma línea que marcaba su predecesor. Tal vez, incluso, con una mayor "sumisión" a las directrices de la Canciller alemana, que evidentemente presiona para defender los intereses de su país, aunque eso provoque el hundimiento del nuestro.

El "simulado" apretón de cuello que sufrió el ministro Guindos a manos del presidente del Eurogrupo, cuando negociaban los límites del déficit público, fueron una muestra palpable. Representaba fielmente lo que Europa le pide a nuestro país.

Y la visita de Volker Kauder, (presidente del grupo parlamentario de la CDU) a Rajoy para fiscalizar nuestros Presupuestos Generales del Estado, incluso antes de que sean entregados en el Parlamento Español, demuestran que el Gobierno esta dispuesto a ofrecerlo todo ante las presiones de Alemania.

En este contexto, los Presupuestos Generales del Estado para 2012 son excesivamente restrictivos y generaran menos actividad económica y más paro.

Analizando su contenido, CCOO considera que el saneamiento de las cuentas públicas es un objetivo de la sociedad española que necesita un periodo temporal más amplio. Debe realizarse una distribución más equilibrada de los esfuerzos y combinarse con medidas para la reactivación económica.

La obligación del Eurogrupo asumida por el Gobierno español de finalizar 2012 con un déficit de las cuentas públicas del 5,3% del PIB implica un esfuerzo titánica al estar acompañado por otro también muy importante en el ejercicio siguiente (máximo del 3% del PIB en 2013), que de no modificar sus plazos puede suponer una profunda quiebra social.

Fuente: The Economist

Resulta especialmente paradójico que los esfuerzos que se piden a los "países rescatados" sea infinitamente menor: como ejemplos, Grecia e Irlanda solamente deben recortar su déficit un 2,4%  en dos años mientras que España lo debe hacer el doble (un 5,5%) en ese mismo periodo de tiempo. Y eso que Irlanda parte de un déficit mucho mayor que el nuestro ya que acabó en 2011 con un  10% [ver el gráfico de la derecha].

La distribución del esfuerzo por administraciones y niveles de gobierno asigna a la Adminsitración General del Estado un descenso de 1,6 puntos de PIB (17.036 millones), a la Seguridad Social un 0,09 % (958 millones), a las Comunidades Autónomas un 1,44 % (15.333 millones) y un 0,08 % a las Corporaciones Locales (851 millones).