Por otra parte, CCOO también está manteniendo reuniones con representantes de las organizaciones estudiantiles y del resto de los sindicatos para promover nuevas y mayores protestas a lo largo del mes de marzo. Movilizaciones que CCOO pretende culminar con una huelga general universitaria para la tercera semana del próximo mes.
Estas protestas vienen acompañadas, también, por un recurso ante el Tribunal Supremo que este sindicato ha presentado contra el Real Decreto que modifica la duración y el precio de las titulaciones. Recurso judicial que estará acompañado por otro presentado en paralelo por varios colegios profesionales (Geólogos, Químicos, Físicos y Biólogos) porque con este cambio de duración de las carreras y un RD aprobado con anterioridad han desregulado sus profesiones creando una incertidumbre sobre competencias profesionales en varios campos universitarios.
Por lo tanto, la educación universitaria no se impartirá en las mismas condiciones de igualdad para todo el alumnado de grado y posgrado.
Asimismo, la Federación de Enseñanza de CCOO alega que el texto normativo publicado en el BOE el pasado 3 de febrero, está plagado de incertidumbres, como cuáles serán los contenidos y competencias de los grados de cuatro años (240 créditos) y los de tres (180 créditos). La falta de regulación y homogeneización respecto al diseño y proceso de aprobación de las nuevas titulaciones sumirá a la universidad en un caos organizativo. Estas incertidumbres también aparecen en relación a la extinción o modificación de los grados de cuatro años, puesto que no se aclara cómo deben proceder las universidades.
La disposición transitoria única del Real Decreto establece que los estudiantes que no hayan obtenido el título de 240 créditos tendrán derecho, una vez agotadas las convocatorias de que disponen, al reconocimiento de una parte de los créditos superados. En este caso, la normativa tampoco precisa el procedimiento que se debe seguir.
Por otro lado, CCOO recuerda que, tras cuatro años de plena implantación del Plan Bolonia, nuestro ordenamiento sigue sin pronunciarse sobre la equivalencia de losuevos títulos con los anteriores expedidos en España y con los nuevos obtenidos en el extranjero, cuestión crucial en materias como el acceso a la función pública, por lo que entiende que violenta el artículo 23 de la Constitución Española. La nueva ordenación agravará todavía más esta situación.
Además, el Real Decreto vulnera el derecho a la negociación colectiva del personal de las universidades, concretamente los preceptos recogidos en el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. La previsible pérdida de ingresos que tendrán las universidades por la reducción de los grados de cuatro a tres años, derivada de los menores ingresos por matrícula y por transferencias corrientes de las administraciones autonómicas -vinculadas al alumnado matriculado-, obligarán a una reducción del gasto que afectará al empleo y a las condiciones de trabajo de los empleados de las universidades.
A título de ejemplo cabe señalar que la Conferencia de Consejos Sociales estima que “el sistema universitario vería reducido sus ingresos en el mismo 25% que se ahorrarían las familias. Por ello, las universidades deberían reducir sus gastos de forma progresiva y en consonancia con la disminución de los ingresos”. Otros expertos, como el rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, advierten de que estamos ante un recorte que finalmente ascenderá a más de 1.000 millones de euros: 150 millones en matrículas y 850 en la financiación que dejarán de aportar las administraciones autonómicas.
