La Junta de PAS funcionario de la ULPGC también sufre el desgaste

La Junta de PAS funcionario de la ULPGC ha logrado reorganizar su funcionamiento tras el desgaste sufrido en los dos últimos años

Blog de CCOO-ULPGC

Durante la última reunión de la Junta de PAS funcionario de la ULPGC se debatió cómo afrontar la situación creada tras la dimisión del presidente y del secretario, especialmente cuando otros representantes sindicales anunciaron que no asumirían ningún cargo de responsabilidad y, además, presentaron la renuncia de toda su candidatura. Algo que ha sido provocado por el fuerte desgaste sufrido durante los dos últimos años de recortes y en los que nuestros/as compañeros/as de la ULPGC no han sabido desarrollar una actividad unitaria.

En esta situación era evidente que ningún sindicato podía asumir en solitario las tareas de representación unitaria del PAS funcionario, así que únicamente quedaban dos opciones: convocar nuevas elecciones o recuperar un nuevo entorno de unidad y cooperación.

La primera alternativa seria la lógica en el caso de los partidos políticos o representación institucional, ya que se trata de gobernar y gestionar un organismo. Pero es evidente que esa fórmula no coincide con la realidad de los sistemas de representación de los trabajadores y las trabajadoras: nosotros no gobernamos nada y gestionar, solo gestionamos las propuestas de nuestro colectivo y la respuesta o resistencia frente a los recortes. De forma que unas nuevas elecciones cuando hace tan poco tiempo de las anteriores y,sobre todo, en un momento clave por la continuidad y ampliación de los recortes en las universidades seria la peor de las decisiones. En este sentido recomendamos leer las últimas previsiones de CCOO para las universidades públicas [clic aqui BLOG].

Por suerte esta misma reflexión ha sido compartida por la mayor parte de la representación del PAS funcionario de la ULPGC, de forma que se ha logrado un acuerdo basado en la cooperación y la participación que permita afrontar estos difíciles momentos de forma unitaria. Algo que se debería haber hecho hace dos años, en los peores momentos de los recortes, pero nunca es tarde para rectificar.

Desde CCOO somos conscientes de que todos no pensamos igual y que cada organización tiene alternativas diferentes para muchas cuestiones, pero compartimos lo esencial en este momento: la necesidad de reforzar nuestra resistencia para frenar los recortes o, al menos, suavizarlos cuando las universidades quieran aplicarlos.

Y en esta tarea es fundamental recuperar el apoyo del colectivo del PAS funcionario, escuchar sus propuestas y prioridades, así como coordinarse con el resto de las empleadas y empleados  públicos en lo que se refiere a los recortes globales o con las demás universidades frente a los nuevos ataques que se preparan contra nuestras instituciones. Tal como están haciendo en este momento CSIF, UGT y CCOO para exigir al ministro Montoro la convocatoria de la Mesa General de negociación para abordar las retribuciones del 2015, la devolución del resto de la Paga extra suprimida en 2012  y la congelación de las plantillas [clic aquí WEB].  

Frente al fácil recurso del rumor de pasillo o la crítica destructiva, CCOO ha propuesto a los/as compañeros y compañeras del personal de administración y servicios de la ULPGC redoblar las propuestas y/o críticas en positivo. Ahora no necesitan que les digan lo que han hecho mal. Necesitan, en cambio, saber las prioridades y los problemas reales de la gente que representan. Necesitan escucharlo y debatirlo para saber asumirlo   unitariamente y ser capaces de defenderlo ante su universidad.

El primer ejemplo de trabajo unitario es el acuerdo de la Junta para que todos sus representantes cooperen asumiendo responsabilidades. CCOO ha aceptando la secretaría dentro de ese acuerdo unitario, sabiendo que el puesto es ingrato y de mucho trabajo. Pero también es la realidad del resto de la responsabilidades que han sido asumidas por el resto de los integrantes de la Junta de PAS funcionario de la ULPGC.

Cuando hay financiación adicional de la Consejería resulta satisfactorio debatir donde gastar ese dinero, difícil pero satisfactorio. Decidir que plazas nuevas crear, en que Servicios dotar nuevas de promoción o a que puestos hay que incrementar el complemento de destino o el específico puede ser complicado, pero deja un cierto sentimiento de satisfacción por el trabajo en positivo.

En cambio, estudiar cómo oponerse a una posible externalización o privatización, cómo sacar convocatorias de promoción interna en un marco de restricciones jurídicas y económicas o reducir el impacto negativo de los recortes no resulta tan fácil ni gratificante. Algo que conocemos, también, muy bien en la Universidad de La Laguna, por eso insistimos en la necesidad de aumentar el apoyo de todo el colectivo del personal de administración y servicios funcionario a sus representantes.

La universidad pública al borde del precipicio

La pérdida de ingresos del Estado por la reducción de impuestos que ha anunciado Montoro, junto con las previsiones del PNR enviado a Bruselas, dejan sin futuro a las universidades públicas

Último número de la revista TE

Evidentemente, esta situación no ha sido sobrevenida ni debe sorprendernos. Llevan anunciando su modelo de universidad desde que comenzó la legislatura y Wert ha ido construyéndolo de forma progresiva. Es cierto que las huelgas de enseñanza han impedido que elabore una nueva LOU, pero nuestro ministro ya avisó que aplicaría algunas reformas parciales. Y eso es lo que esta haciendo: eliminación de las PAU, sustitución de las becas por préstamos, cambio en las titulaciones pasando los Grados/Máster de 4+1 a 3+2, reducción de las plantillas de PAS y profesorado extendiendo la contratación temporal y en precario (interinos, ayudantes doctor sin continuidad, asociados...), eliminando la objetividad en las acreditaciones de profesorado e incrementando la presión de las verificaciones con más exigencias y carga burocrática...

En este sentido, la pérdida de ingresos que sufrirá el Estado como consecuencia de la reducción en la recaudación de impuestos, anunciada por el Ministro de Hacienda, junto con el compromiso adquirido por el Gobierno ante Bruselas con el Plan Nacional de Reformas (PNR) [clic aquí 192 páginas PDF] implican nuevas dificultades para la financiación universitaria que, evidentemente, no podrán venir por la vía tradicional de las reducciones presupuestarias que ya han dejado a las universidades en condiciones mínimas de funcionamiento. Esa nueva reforma financiera se aplicará a través del sistema de copago, e implica la reducción/eliminación de las becas (transformándolas en préstamos) y el aumento de los ingresos por matrícula (de forma directa con el incremento de las Tasas académicas y de forma indirecta pasando un año de Grado a Master 3+2 que cuenta con precios mucho más elevados).

En definitiva, este sistema implica que las universidades tendrán que sustituir financiación pública con las aportaciones que realice su alumnado y, aquellas que no sean capaces de adaptarse, deberán reducir drásticamente su tamaño eliminando titulaciones. Algo que será extensible a mayor parte de las universidades si tenemos en cuenta los últimos datos sobre matriculaciones: las universidades privadas  solamente cuentan con el 8% del alumnado de Grado pero, en cambio, ya tienen el 40% de las matrículas de Master. Así que el nuevo 3+2 supondrá una nueva e importante pérdida de estudiantes en las universidades públicas como consecuencia del incremento que eso supone sobre las Tasas de su "cuarto año" universitario al pasar a Máster: unos/as simplemente no podrán realizar el posgrado por falta de recursos económicos y el resto optarán por cursarlo en centros privados que, por un poco más de dinero, les ofrece menor presión académica (por no decir Títulos casi regalados) junto con mayores facilidades de colocación profesional al estar vinculadas con el mundo empresarial (aunque sea a través de becas y contratos precarios).

Alberto Marín (izquierda) asistió representando a Canarias

Esta previsión fue analizada durante la última reunión del Secretariado de universidades de CCOO, celebrada la pasada semana en Madrid, y a la que asistieron los/as Responsables de universidad de todas las Comunidades Autónomas, con el objetivo  de debatir y acordar la estrategia de nuestro sindicato para el próximo curso académico y estudiar cómo afrontar este nuevo paquete de recortes.

Durante la reunión se analizaron varios Reales Decretos que el Ministerio de Educación esta preparando:

• De sustitución de las becas por préstamos (ya anunciado por la Secretaria de Estado y desmentido posteriormente por el Ministro); 
• El de cambio de modelo en las Titulaciones pasando a 3+2 Grado/Master; 
• El de Prácticas Externas eliminando la cotización a la seguridad social de los/as becarios/as; 
• Uno sobre Centros para facilitar las fusiones y supresiones; 
• Acreditaciones del profesorado, sustituyendo los criterios objetivos por otros subjetivos ("cualitativos" según el Ministerio).

En este sentido el Secretariado de CCOO ha acordado desarrollar una mayor coordinación con los representantes del sindicato en los Consejos Sociales, poner en marcha una mayor cooperación con el resto del Área Pública de CCOO (sanidad, administración pública, educación no universitaria)  para incrementar las medidas de protesta frente a la reducción de plantillas y la congelación salarial.

Sindicatos de Función Pública exigen el derecho a la negociación colectiva

CCOO, UGT y CSIF anuncian medidas de presión para exigir a Montoro que convoque ya la Mesa General de Negociación

Los sindicatos mayoritarios de Función Pública, CCOO, UGT y CSIF, remitieron el pasado 10 de junio una carta al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la que le solicitaban la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, rota desde 2010.

La Administración lleva cuatro años desoyendo nuestra reivindicación de negociación colectiva y el diálogo social como saludable instrumento democrático. Y, mientras tanto, mantiene imposiciones por real decreto ley y modifica, de manera unilateral, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Reiteramos la necesidad de que la Administración convoque, formal e inmediatamente, la Mesa General de las Administraciones Públicas, para tratar asuntos que conciernen no sólo a los dos millones y medio de empleadas y empleados públicos sino al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que merecen la mejor de las prestaciones en todos los ámbitos de los servicios públicos.

Ante esta actitud del Gobierno, CCOO, UGT y CSI-F, y bajo el lema “Negociación ya”, van a poner en marcha una serie de acciones y medidas de presión. Los trabajadores y trabajadoras se concentrarán el viernes 11 de julio en las puertas de los centros de trabajo, en horario variable de desayuno o cambio de turno. El martes, 15 de julio, habrá concentraciones en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de cada comunidad autónoma. En Madrid tendrá lugar además una concentración a las 12,00 horas frente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la calle Alcalá, 5, donde se dará lectura a un manifiesto donde se explicarán nuestras reivindicaciones.

Estas actuaciones son el inicio de una campaña de movilizaciones que se intensificarán a partir de septiembre en caso de que el Gobierno siga negándose a reconocer de manera efectiva el derecho a la negociación colectiva de las empleadas y empleados públicos, y no cesará hasta que el Gobierno cumpla con su obligación de negociar en el ámbito público, con los empleados y empleadas, sus condiciones laborales y las condiciones de prestación de los servicios, que debe sustentar nuestro sistema institucional, social y el Estado de Bienestar.

El Supremo anula los 156 despidos de PAS laboral en la UCM

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por CCOO y UGT en el que se pedía la anulación de los despidos de 156 trabajadores/as del PAS laboral de la Universidad Politécnica de Madrid (UCM)

Cabecera del blog el año pasado anunciando los despidos

Esos 156 despidos, con el cese de otros 145 funcionarios interinos, fueron aplicados por la UCM por medio de la amortización de plazas en su plantilla del personal de administración y servicios, y fueron ratificados inicialmente por una Sentencia de un Tribunal de Madrid el 14 de junio de 2013. Sin embargo, los sindicatos hemos seguido insistiendo en la ilegalidad de los mismos, por lo que se recurrió al Tribunal Supremo que finalmente nos ha dado la razón, acordando que dichos despidos son nulos y por lo tanto obliga a la readmisión.

• Ver la noticia del despido en 2013 [BLOG]

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo considera que la amortización de plazas de personal laboral interino por vacante mediante modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) requiere seguir el procedimiento de despido colectivo. Por tanto, entiende que son nulos los despidos al no haberse seguido dicho procedimiento.

Esta sentencia afecta a 156 compañeros y compañeras  del personal de administración y servicio laboral de manera directa, declarando nulos sus despidos. Igualmente, entendemos que debería pesar de manera determinante en el pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante el contencioso-administrativo presentado por CCOO contra la orden de amortización de las 301 plazas del PAS en lo que se refiere a las 145 que afectan al personal interino funcionario. Sentencia que aún tardará un poco ya que los procedimientos en la via contencioso-administrativa son bastante lentos.

A partir de este momento, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dará traslado de la misma a la Sección nº 4 de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, momento en que dicha sentencia será firme y deberá procederse a su ejecución y cuyo efecto  inmediato es la nulidad de los despidos y la readmisión, puesto que en estos casos no cabe indemnización.

Además, a la espera del análisis de la sentencia, una vez que sea firme no puede ser recurrida por ninguna de las partes, universidad y sindicatos, por lo que desde CCOO reclamamos a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) la readmisión inmediata no sólo de estos 156 compañeros, sino del conjunto de los 301 trabajadores afectados por un proceso que ahora se ha evidenciado como ilegal. Los responsables de la Universidad manifestaron en su momento que no tendrían problemas en readmitir a los trabajadores si así lo establecían los tribunales. Por lo tanto, deben ser consecuentes y proceder a la revocación del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Politécnica de fecha 9 de marzo de 2013 y dejar sin efectos el despido de los 301 trabajadores afectados (145 del PAS Funcionario y 156 del PAS laboral).

Desde CCOO hemos venido defendiendo desde el 9 de marzo de 2013 que el despido (llámese amortización) de los compañeros del PAS acordado por el Consejo de Gobierno de la UPM no sólo no se ajustaba a la legalidad, sino que fue injustificado y lesivo tanto para los compañeros directamente afectados como para el conjunto de la comunidad universitaria.

FREMAP, la nueva mutua de la ULL, debe 43 millones a la Seguridad Social

El pasado domingo el diario EL PAIS aireaba los 43 millones de Euros que la Seguridad Social reclama a Fremap por realizar gastos indebidos

[clic en la imagen para ampliar]

Gastos que han sido financiados con cargo a la Seguridad Social como si fueran parte de la gestión que dicha mutua realiza como entidad colaboradora en materia de enfermedades y accidentes laborales, y que se han destinado a "coches de lujo, dietas, marisco y viajes" según los datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS [WEB].

Reclamación de gastos indebidos que la Seguridad Social reclama para que se le reintegren y que ascienden a una cifra mayor de la que dispone esta mutua en su patrimonio (ver el cuadro comparativo de la derecha que se adjunta como gráfico).

Aunque el escándalo ha surgido ahora, CCOO ya viene denunciando esta situación en algunas mutuas desde hace cinco años. Tiempo en el que la Seguridad Social, propiciado por los gobiernos de Zapatero y Rajoy, ha ido delegando competencias y funciones en estas entidades en detrimento de la propia Seguridad Social y de los Servicios de Salud de las Comunidades autónomas, con el objetivo de reducir gastos y al mismo tiempo incrementar el control y la presión de los empresarios sobre las bajas por enfermedad de sus empleados.

Casualmente, desde el pasado mes de mayo, Fremap ha sido la mutua a la que se le ha adjudicado el servicio de revisiones médicas y de Vigilancia de la Salud para el personal de la Universidad de La Laguna (para evitar confusiones queremos recordar que en nuestra universidad opera otra mutua -MAC- que es responsable de los accidentes laborales y del seguimiento de las bajas médicas por IT).

La noticia publicada por el diario EL PAÍS relata supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos realizada por Fremap, la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social con mayor implantación en España, que en 2013 suponía el 25,39% del sector con 392.846 empresas asociadas, 3.786.360 trabajadores protegidos y 2.376 millones de € de cuotas gestionadas.

El contenido del artículo pone de manifiesto, una vez más, aspectos en la gestión de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social que venimos denunciando desde hace años. Tanto desde la Confederación Sindical de CCOO como desde nuestra representación en las Comisiones de Control y Seguimiento de las Mutuas, hemos exigido la corrección de las irregularidades denunciadas por la Intervención y denunciado aquellas que hemos conocido.

Las Mutuas, a pesar de gestionar recursos públicos provenientes de cuotas de Seguridad Social, no se ven sometidas a la intervención previa del gasto, como ocurre con las Administraciones Públicas, lo que tiene como consecuencia que, cuando son auditadas por la Intervención de Seguridad Social, se detecten prácticas irregulares que pueden provocar importantes daños al erario público.

La Administración ha articulado de forma insuficiente la tutela y control de la actividad de estas Entidades que, sometidas al principio de “paga y reclama”, comprometen pagos con cuotas de la Seguridad Social y cuando la Administración les reclama por su dudoso ajuste a las funciones de colaboración, éstas han alcanzado cifras desorbitadas, dando comienzo a un larguísimo proceso de reclamaciones y recursos.

El caso de Fremap no es único en el sector, otras Mutuas también podrían ver comprometida la solvencia de su Patrimonio si en última instancia el Tribunal Supremo desestimara los recursos contra los ajustes realizados en sus cuentas por Seguridad Social, abriendo la puerta a posibles “derramas” entre las empresas asociadas, lo que resultaría inédito en nuestro país, o incluso, a su disolución y liquidación, poniendo en riesgos varios miles de puestos de trabajo.

Es preciso recordar que, mientras los Altos Directivos de estas Entidades gozan de privilegios como los descritos por el diario EL PAÍS y las empresas mutualistas y sus asesores perciben agasajos, prebendas y comisiones, las plantillas de las Mutuas tienen su salario congelado desde 2010 y se han visto afectados por los mismos recortes aplicados a los funcionarios públicos.

Las atribuciones de las Comisiones de Control y Seguimiento, órgano interno de las Mutuas en el que participan los agentes sociales, para supervisar su gestión, resultan manifiestamente insuficientes y no permiten un control efectivo, por lo que desde CCOO venimos reclamando la incorporación a las mismas de efectivos procedentes de la Intervención General de la Seguridad Social, que permitan realizar una mayor función fiscalizadora.

A pesar de que resulta incuestionable que existe una gran infradeclaración de enfermedades relacionadas con el trabajo, que terminan asumiendo los Servicios Públicos de Salud, de la existencia de importantes deficiencias en la gestión del accidente de trabajo, que requieren un profundo análisis y la adopción de medidas correctoras, y de la más que cuestionable gestión de la prestación económica que estas Entidades realizan de la enfermedad común, basada mayoritariamente en criterios economicistas, los diferentes Gobiernos han insistido en presentar a las Mutuas como un ejemplo de gestión eficiente de fondos de la Seguridad Social, afirmación que ahora vuelve a quedar en tela de juicio.

Desde CCOO hemos venido cuestionando el traspaso hacia estas entidades, conformadas como asociaciones privadas de empresarios, de atribuciones que antes residían en diferentes órganos de la Administración Pública, justificados bajo una supuesta eficacia gestora de las Mutuas, eficacia que noticias como ésta y diferentes informes del Tribunal de Cuentas ponen en entredicho. Por eso es preciso reclamar hoy, como venimos haciendo desde hace mucho tiempo, un mayor control público de la actividad de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social, la limitación en la asunción de nuevas competencias y la apertura de un proceso de diálogo social que permita realizar un estudio en profundidad sobre la gestión y competencias de estas Entidades que permita afrontar la necesaria reforma de las Mutuas.

CCOO exige una mayor transparencia en su gestión y dirección, un estudio exhaustivo para conocer el patrimonio histórico que poseen y a qué se dedica, así como una mayor agilidad en las reclamaciones que la Seguridad Social realiza a las mismas.

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