Desde el pasado 1 de enero la ULL tenía que incrementar el salario de un grupo de predoctorales contratados con convocatorias propias de la universidad para actualizarlo al SMI
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Y desde marzo, además, debe hacerlo a la mayoría, aunque sean FPU, FPI, de la ACIISI o propios de la Universidad de La Laguna, en aplicación del recientemente aprobado Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF).
Lo escandaloso es que la actualización de enero debió ser para incrementar a quienes aún cobraban por debajo del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), establecido en 900€ para este año. Casi cuarenta investigadores e investigadoras predoctorales que cobran 778€ brutos mensuales deberían haber tenido un incremento automático desde hace tres meses, pero según declaró ayer por la mañana el Rector a una emisora de radio "existen problemas administrativos" para poder hacerlo.
Milagrosamente, ayer mismo a última hora de la mañana... y después de la rueda de prensa de CCOO denunciando la situación... la ULL comunicó a los afectados que esta semana se les pagarían los atrasos desde enero y se les actualizará la nómina de este mes.
Parece que ese problema administrativo que ha impedido aplicar un RD Ley durante tres meses han podido arreglarlo en solo un día, cuando se ha llevado a cabo la denuncia pública del problema.
CCOO detectó este problema después de las quejas de varios predoctorales afectados y como consecuencia del seguimiento que nuestro sindicato ha venido realizando, en todo el país, desde la aprobación del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este año. Ya que se habían detectado que algunas empresas tenían reticencias al cumplimiento del incremento acordado por el Gobierno.
Una vez cumplidos los tres meses desde su aplicación y constatando que aún persisten muchos incumplimientos, CCOO ha iniciado una campaña de denuncias con el objetivo de su pago de forma inmediata en todas las empresas en las que aún no se haya formalizado. Exigencia especialmente importante si tenemos en cuenta que se trata del salario más bajo que es posible cobrar legalmente y, por lo tanto, la situación de precariedad que suelen sufrir las trabajadoras y trabajadores afectados por el mismo.
Este incumplimiento, por parte de algunas empresas, se está produciendo mayoritariamente por medio de trucos en su configuración al meter otros conceptos salariales absorbidos por el SMI, como ha sucedido en el sector agrícola canario y que CCOO ya ha denunciado en días pasados.
Pero en unos pocos casos su incumplimiento se realiza con total impunidad, como está pasando en la Universidad de La Laguna y que afecta a unos cuarenta investigadores e investigadoras jóvenes que siguen cobrando salarios por debajo de los ochocientos euros cuando el SMI ya establece 900€ mensuales desde el día 1 de enero.
Ante la avalancha de consultas y protestas, la propia Gerencia de la ULL emitió a finales de enero una circular informativa intentando tranquilizar a los afectados, en la que reconocía el incremento y señalaba que se estaba procediendo a adaptar los salarios afectados a ese incremento legal. Sin embargo han pasado tres meses desde que se debería haber realizado esa adaptación y dos desde que la Universidad de La Laguna emitió ese comunicado, sin que hasta la fecha se haya iniciado ningún proceso de pago. Tal como hemos podido comprobar en la Unidad de Nóminas de la universidad.
Consideramos absolutamente criticable el mantenimiento de tan bajos salarios para el colectivo de jóvenes investigadores, algo que en estas semanas esta siendo producto de intenso debate a nivel nacional en un intento de promover la I+D+i en nuestro país y de permitir el regreso de cientos de buenos investigadores e investigadoras que han tenido que emigrar.
Pero mucho más injustificable es que la Universidad de La Laguna intente mantener unos sueldos mínimos ilegales retrasando la aplicación del nuevo SMI, adoptando un comportamiento muy alejado de lo que debería ser el espíritu universitario del que tanto presume el rector Antonio Martinon. Precisamente, nos tememos que la ULL está intentado retrasar todo lo posible su aplicación aun sabiendo que actúan ilegalmente, hasta que se cumpla el mandato del actual Rector dentro de dos meses y que sea el siguiente equipo de Gobierno universitario quien se responsabilice de su aplicación. Algo que consideramos absolutamente indecente porque eso puede suponer que hasta después del verano no se actualizarían los sueldos como consecuencia del proceso de toma de posesión.
