La comunidad universitaria inicia el curso 2016/2017 sorprendida por la indeterminación en el nuevo sistema de acceso del alumnado a la universidad e indignada por el retraso injustificado en la puesta en marcha del sistema de acreditación del profesorado universitario, que está provocando graves perjuicios a muchas personas que dependen de su acreditación para acceder o promocionar en los cuerpos docentes.
Los presupuestos de las universidades para 2016, a pesar de la mejoría experimentada en los datos macroeconómicos de nuestro país, no se han recuperado de la caída que han sufrido en los últimos años.
Tampoco se han producido descensos significativos en los precios de las matrículas, y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) continúa con su desacertada política de becas y ayudas al estudio, cuya consecuencia directa es la pérdida de alumnado en las universidades públicas. Muchos jóvenes han tenido que renunciar a iniciar estudios universitarios o los han tenido que abandonar por no tener capacidad económica para hacer frente al coste de las matrículas.
1. REFORMAS LEGALES
Algunos de los reales decretos que el Ministerio de Educación aprobó durante 2015/2016 comenzarán a aplicarse este curso y podrían empeorar la ya maltrecha situación de la universidad pública. Otros, que se retrasan injustificadamente, están perjudicando a muchos docentes universitarios.
Decreto que modificó la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y permite reducir la duración de los grados (de 4 a 3 años) e incrementar la duración de los estudios de máster (2 años en lugar de 1). Algunas universidades tanto públicas como privadas han comenzado a implantar grados de tres años en los que, teóricamente, deben primar en sus planes de estudios “la formación básica y generalista y no la especialización del estudiante”, para que la especialización se produzca con los títulos de máster. Esto supondrá un incremento aproximado del 14 % de los costes de estudios del 3+2.
Por otro lado, el nuevo sistema de acreditación del profesorado funcionario, requisito imprescindible para el acceso y la promoción en la función docente, todavía no se ha puesto en marcha.
Por último, el nuevo sistema de acceso de los estudiantes a la universidad, establecido por el Real Decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato y el vigente Real Decreto por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, se convertirá en una carrera de obstáculos para el alumnado, dificultando, todavía más, su llegada a los estudios universitarios e incrementando la desigualdad en el acceso a la educación superior.
2. INVERSIÓN
La inversión máxima en educación superior, recogida en los presupuestos de las universidades públicas para 2010, ascendió a 10.118.784.432 euros, un 0,936 % del Producto Interior Bruto (PIB) español, muy lejos de la media de gasto en la UE. Durante 2016, los presupuestos de las universidades públicas suponen un 0,807 % del PIB.
Entre 2010 y 2016, el porcentaje de los presupuestos de las universidades en relación con el PIB español disminuyó un 13,8 % porque el crecimiento del PIB, en porcentaje, ha sido muy superior al incremento porcentual de los presupuestos universitarios.
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