Ofensiva judicial contra la ULL y la ULPGC por numerosas irregularidades

CCOO no ha tenido otro remedio que promover una batería de denuncias judiciales contra las dos universidades canarias después de intentar durante meses que la ULL y la ULPGC acepten cumplir con la legalidad y terminar sus numerosas irregularidades en materia laboral

Ayer miércoles se celebró la vista de un nuevo juicio, en esta ocasión reclamando el derecho del profesorado laboral temporal (no permanente) para acceder a la evaluación de su actividad investigadora. Juicio que habría sido innecesario si el equipo de gobierno de la Universidad de La Laguna hubiera aplicado el criterio de la sentencia que nuestro sindicato ganó hace un año al MEC para reconocer ese mismo derecho al PDI interino.

Sin embargo y de forma totalmente incomprensible la ULL se ha negado a corregir la convocatoria de dicha evaluación para reconocer sexenios de investigación, manteniendo la exclusión del PDI no permanente y contradiciendo así el criterio de la Unión Europea en su Directiva 1999/70 que están aplicando los juzgados con total firmeza. En este sentido, otras tres universidades españolas que han actuado igual que las dos canarias ya han perdido los juicios y se incorporan así al resto que sí acató la sentencia estatal contra el MEC. Por eso esperamos que la sentencia contra la ULL mantenga esa tendencia de respeto al criterio de la Directiva Europea y que ese mismo parecer se produzca en el juicio contra la ULPGC, que se celebrará el próximo día 24 de octubre en Gran Canaria.

 

Detalle de la última sentencia
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Por eso es significativo un párrafo de la última sentencia ganada en el que los jueces dejan claro  que en los argumentos de las universidades para negar esa evaluación "no consta en ningún caso es que el colectivo de profesores temporales no haga investigación", algo que podemos constatar con facilidad si observamos que muchos profesores Asociados a tiempo parcial o con Contrato Laboral de Interinidad (CLI) son Doctores y vienen realizando investigación con buenos resultados, en beneficio de la propia universidad y de los equipos de investigación con los que colaboran. Mucho más en el caso del profesorado Ayudante Doctor y Ayudantes no doctor que sí la llevan a cabo dentro de sus obligaciones laborales, hasta el punto que un Ayudante no doctor de la ULL ha obtenido la acreditación a Titular de Universidad, un año después de terminar su contrato, con los nuevos criterios de ANECA que son mucho más exigentes que los que se utilizan para la evaluación de Sexenios.

En paralelo a estas reclamaciones judiciales estamos esperando varias sentencias relativas al pago de esos mismos sexenios para el PDI contratado laboral fijo, recursos judiciales contra despidos individuales de profesorado en la ULL y despidos colectivos en la ULPGC, reclamaciones contra varias arbitrariedades en la resolución de concursos de plazas docentes de las dos universidades canarias y contratación en fraude de ley en el caso de la ULPGC.

Denuncias innecesarias si los dos rectores hubieran aceptado conducir sus mandatos respetando la legalidad y las normas después de varios meses insistiendo desde CCOO para reconducir esta situación, y que provocan problemas, gastos y disfunciones a medida que se van produciendo y ejecutando las sentencias judiciales. Por lo que queremos dejar absolutamente claro que la única responsabilidad de ésto será de ambos equipos de gobierno universitario que incumplen la legalidad y no de quienes reclamamos amparo judicial para restituirla. Por lo que nuestro sindicato promoverá acciones para reclamar indemnizaciones y responsabilidad patrimonial de los cargos institucionales como responsables únicos de los daños que se produzcan en la financiación de la universidad.