Debido a la fuerte presión social de estas organizaciones y otras 200 redes de 23 países, la implantación mundial del ITF fue incluida en la agenda de la reunión del G20 en Seúl. Lamentablemente, la propuesta no fue ni tan siquiera tomada en consideración en la cumbre, por lo que es más necesario que nunca incrementar las acciones tendentes a conseguir su implantación efectiva.
El impuesto que se propone gravaría fiscalmente a un sistema financiero que favorece la especulación a gran escala sobre las divisas y otros activos de la economía no productiva. Se trata de una especulación desenfrenada protagonizada por enormes fondos financieros que se mueven libremente por todo el planeta y que, irremisiblemente, provocan grandes burbujas que acaban explotando y arrastrando a las sociedades a crisis sucesivas de la economía real.
La profunda crisis global en la que ahora nos encontramos, ha llevado al paro a 32 millones de trabajadores, está extendiendo el hambre y la pobreza en el mundo y ha incrementado los déficits fiscales, recortados los gastos sociales y aumentado la desigualdad. Lo que resulta más inadmisible socialmente es que se trata de una crisis que tiene culpables claros que, de momento, siguen impunes: son las personas e instituciones que controlan los mercados financieros, apoyadas por unos gobiernos que, sin cuestionar en ningún momento la actual hegemonía de las finanzas sobre la economía productiva, han permitido a éstas alcanzar un poder desmesurado no sujeto a control ni regulación, y que es el causante del retroceso en los avances sociales logrados a lo largo del siglo XX.
Son gobiernos que, como los de la Unión Europea, para tratar de salir de la crisis no han dudado en aplicar a la ciudadanía de sus países dolorosos planes de ajuste basados en el recorte de los gastos sociales, la perdida de derechos en el Estado de bienestar, atrasos en la edad de jubilación, contrarreformas laborales y reducciones salariales, planes que dan prioridad a la lucha contra el déficit fiscal pero renuncian a incrementar sus ingresos presupuestarios gravando a la banca, a las megaempresas y a las grandes fortunas.
Ante este escenario insostenible, social, económica y ambientalmente, los firmantes de este Manifiesto exigen la implantación inmediata de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF, o FTT en su acepción inglesa). Desde Keynes hasta Stiglitz, pasando por James Tobin, numerosos economistas han advertido que la falta de regulación de los mercados financieros lleva a la economía hacia la deriva especulativa estrangulando la economía productiva, que es la que genera bienes y servicios para satisfacer las necesidades sociales a la vez que crea empleo.
Para hacer frente a esta situación, tanto los movimientos sociales como otras organizaciones de la sociedad civil vienen reclamando desde hace más de 10 años el establecimiento un impuesto global que regule estos mercados, y sirva a la vez para obtener recursos financieros que, penalizando fiscalmente las transacciones especulativas, impulsen el desarrollo de los países, ayuden a la financiación de la lucha contra el cambio climático y permitan establecer, mantener o fortalecer los sistemas de protección social. Este impuesto, conocido popularmente como "Tasa Tobin", tendría además un efecto estabilizador sobre los precios de los activos financieros, favoreciendo el crecimiento económico y el empleo.
El ITF tiene una viabilidad técnica fuera de toda duda, como reconoce el estudio del FMI encomendado por el G20 durante la cumbre de Pittsburgh y presentado en Ottawa. Diferentes Presidentes de Gobierno de la UE ya se han manifestado por su implantación, como es el caso de Merkel, Sarkozy y el propio Rodríguez Zapatero en la reciente cumbre de la ONU sobre los Objetivos del Milenio. Pero a estos gobernantes hay que exigirles no solo la aplicación inmediata del impuesto, sino también la fijación de unos tipos impositivos que disuadan a los especuladores de seguir apostando en el casino financiero.
Aunque el alcance del impuesto ha de ser global, se resalta la oportunidad de comenzar su aplicación en primer lugar en la UE o, por lo menos, en la zona euro, por ser un importante espacio económico desde donde se podría después generalizar a todo el planeta. Su implantación es urgente porque favorece una salida de la crisis que antepone el interés de las personas al de las finanzas, al defender el empleo de los europeos y europeas del ataque de los especuladores, y reforzar el sistema democrático frente a la ofensiva de los mercados financieros. Porque establecer un impuesto a las transacciones financieras especulativas es un instrumento que puede contribuir a hacer recaer los costes de la crisis en sus verdaderos culpables y servir al mismo tiempo para financiar otros objetivos de interés planetario, tales como el suministro de bienes públicos globales, la lucha contra la pobreza y sus causas, frenar el cambio climático y cumplir con el resto de los Objetivos del Milenio en España, en Europa y en el mundo.
De forma paralela a la implantación del ITF, los firmantes de este Manifiesto exigen a los gobiernos de la UE la adopción y promoción de medidas legales y administrativas concretas y eficaces para favorecer la transparencia y combatir la evasión, el fraude fiscal y lavado de dinero de todo tipo de delitos realizados a través de los paraísos fiscales o centros financieros para no residentes. La erradicación de los paraísos fiscales es perfectamente posible y es una exigencia política y moral que alcanza el más amplio consenso social.
